EL PACTO DE CABALLEROS

EL PACTO  DE  CABALLEROS

El Protocolo de Río de Janeiro, al referirse a la zona Oriental  Zamora -Santiago, establece en el párrafo 1º letra b) del artículo VIII, que la frontera seguirá por “la quebrada de San Francisco, el “divortium aquarum”,  entre el río Zamora y el Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi”. En la demarcación del sector septentrional surgieron problemas de identificación geográfica, por lo cual los dos países solicitaron la colaboración de la Fuerza  Aérea de los Estados Unidos. Esta elaboró un mapa aéreo fotogramétrico que fue entregado a las partes en febrero de 1947.

 El Mayor Francisco Sampedro, en su libro “Geografía Histórica Territorial del Ecuador a 1994” manifiesta documentadamente, que dicho mapa identificado como “AAF SPECIAL PRELIMINARY BASE-ECUADOR-PERÚ BOUNDARY STUDY” en una escala de 1:500.000 fue un documento abiertamente parcializado a favor del Perú, y que  la Cancillería ecuatoriana se mantuvo en silencio, sin expresar su inconformidad. El mismo autor relata la forma en que pudo conocer dicho documento, al asistir a un curso de cartografía en los Estados Unidos, y durante su estudio pudo determinar indicios de que no existía la divisoria de aguas que consta en el Protocolo, razón por la cual, a su regreso al Ecuador, conjuntamente con el Comandante General de la FAE, realizaron vuelos de reconocimiento de la zona, los mismos que determinaron la existencia del Cenepa y permitieron, con el asesoramiento de instructores de la Aeronautical Chart Branch, cartografiar en Washington el primer mapa del Ecuador, que llevó al Presidente Galo Plaza a proclamar la Inejecutabilidad del Protocolo de 1942.

Este mapa demostró que entre los ríos Zamora y Santiago se extiende, en una longitud de más de 190 kilómetros, un  nuevo sistema fluvial independiente, el del río Cenepa, afluente directo del Marañón. Su presencia determinó la existencia de dos divisorias principales de aguas: una entre el Cenepa y el Zamora y otra entre el Cenepa y el Santiago, ninguna de las cuales se hallaba prevista como línea de frontera en el texto del Protocolo.

Las propuestas de solución planteadas al Perú en 1949 y 1950 no tuvieron eco, más bien, fueron un pretexto para pretender continuar con la demarcación, lo cual motivo que la Cancillería ecuatoriana pusiera en manos de los garantes la solución a la “cuestión de límites”, los mismos que, en base a este documento,  sugirieron a los dos gobiernos, el 16 de mayo de 1956, la conveniencia de que el “Interamerican Geodetic Survey”, con la colaboración de las partes, efectuara un levantamiento de la zona. El Perú, fiel a su tradición, negó esta participación, y se suspendió el proceso demarcatorio.

La posición del Perú no eliminaba el problema, ni remediaba la inexistencia de la divisoria. “El mero hecho de que la existencia de una controversia sea disputada no prueba que esa controversia no existe”, afirma la Corte Internacional de Justicia.

El Perú manifestó reiteradamente que el caso Zamora-Santiago fue ya solucionado por el fallo del Árbitro brasileño Días de Aguiar, dictado el 15 de julio de 1945; es decir, dos años antes de que la inexistencia del divisorio de aguas fuese demostrada por los mapas norteamericanos.

El fallo del árbitro brasileño se refirió al sector septentrional de la zona. En el sector norte si existía el divortium aquarum Zamora-Santiago que el árbitro suponía existente desde la quebrada de San Francisco, sin embargo esa línea fue desechada en su fallo; y si lo hubiera consignado, tendría los mismos errores y defectos del Tratado. El Perú intentó encontrar una prueba de la línea en el sector, por existir 12 hitos colocados indebidamente por la Comisión Demarcadora. El Ecuador replicó y consignó como indefinida “la soberanía de los dos países en el sector”.

Durante el proceso demarcatorio, el Perú insistió en que la línea de frontera en el sector septentrional de la región Zamora-Santiago debía seguir por las altas cumbres que forman el divorcio de aguas de los dos ríos, hasta el último punto del mencionado divorcio, esto es, la confluencia del Paute con el Zamora y de allí seguir hasta la unión del Yaupi con el Santiago. El Ecuador sostuvo que dicha línea debe ir directamente del origen de la quebrada de San Francisco, a la confluencia Yaupi-Santiago.

El árbitro consignó en su fallo que la frontera debe ser definida así: “de la naciente del río San Francisco seguirá por el “divortium aquarum” entre los ríos Zamora y Santiago hasta la parte norte de donde se desprende el contrafuerte que va a terminar frente a la confluencia del Santiago con el Yaupi, en seguida, por ese contrafuerte, esto es, por el divisor que separa las aguas que van por el norte a desaguar en el Santiago, arriba de la boca del Yaupi, de las que van para el Este a desembocar en el mismo río, debajo de aquel afluente. Si la extremidad de este divisor de aguas no llegare a la confluencia del Yaupi, la divisoria será una recta entre su extremidad y la referida confluencia” El Ecuador mantuvo que Cusumaza es el punto final del contrafuerte.

En 1947 la brigada mixta “Norte” del ejército peruano, levantó una poligonal desde la boca del Yaupi hasta el hito Cusumaza-Bombuiza, punto final del contrafuerte divisor mencionado por el árbitro  en su laudo, poligonal que seguía el accidente secundario que el Perú pretendió que fuera demarcado.

El 10 de agosto de 1950, el Presidente Galo Plaza, en su mensaje al Congreso, respecto de la zona Santiago-Zamora decía: “respecto a esta diferencia, la están tratando directa y amistosamente las cancillerías del Ecuador y Perú. A Ecuador anima un sincero espíritu de facilitar la solución de las cuestiones pendientes, con el respeto a los dictados de la justicia y el derecho. Venimos cumpliendo, con amplitud, las obligaciones que nos impone la convivencia internacional y la necesidad de ir fortaleciendo el régimen jurídico del mundo”.

El 10 de agosto de 1951, un año más tarde, el Presidente volvía sobre el tema: “Por mi parte, como Jefe de Estado, debo aclarar que mi gobierno no podrá aceptar, en ese sector, una frontera que no reconozca los inalienables derechos amazónicos del Ecuador y proporcione una salida propia y soberana al río Marañón”.

Varias fueron las invitaciones del gobierno nacional hacia el del Perú, para integrar una Comisión Mixta Especial que se encargase de reconocer y estudiar amplia y suficientemente la zona en disputa, y en especial, el curso del río Cenepa. Ninguna de ellas tuvo eco en la diplomacia peruana; por esa razón, el 27 de agosto de 1951, la Cancillería dirige un memorándum a los países garantes, en el cual, entre otros aspectos, se manifiesta: “La inexistencia del divortium aquarum, según queda indicado, trae como consecuencia la inexistencia de una línea de frontera en tal sector. Los hitos construidos al Norte de la Quebrada San Francisco no tienen, por lo mismo, valor jurídico alguno, pues han sido eregidos en puntos que no corresponden a una divisoria de agua entre el Zamora y el Santiago. No habiendo línea de frontera, no cabe hablar de ejecución del Protocolo en una zona en la que ésta adolece de error substancial por referirse a un accidente geográfico que no existe.”

El Presidente Camilo Ponce, en un mensaje a la nación, en la clásica fecha nacional, en 1959, respecto al litigio decía: “Dígase lo que se diga, el Protocolo de Río de Janeiro es inejecutable parcialmente…” , y concluía, “parece una lógica consecuencia de haberla trazado (la línea) con sobra de precipitación ante un mapa algo mayor en tamaño que una caja de fósforos”.

En 1960, con Velasco Ibarra en la Presidencia, ante una información de la prensa peruana, en la cual las autoridades reclamaban que se cumpla el Tratado, en un discurso con motivo de la inauguración del monumento al héroe nacional, capitán Edmundo Chiriboga, con estas palabras declaró la nulidad de dicho documento: “¿Es que ese es un Tratado? ¿Cabe que se celebre un contrato con la pistola en el pecho del contrincante? El Tratado de Rio de Janeiro es un Tratado nulo.”

La Cancillería ecuatoriana comunicó oficialmente a los países garantes, los mismos, como era de esperarse, concluyeron que “es un instrumento válido y debe ser cumplido”. Esta conclusión nos lleva a pensar que los garantes verificaron en sitio la validez del Tratado, y que por esa razón obligaban a su cumplimiento. La Corte Suprema de Justicia apoyó el pronunciamiento del Presidente: “En conclusión, la Corte Suprema del Ecuador, declara que la nulidad absoluta del Protocolo de Rio de Janeiro es tesis de incontrastable valor científico y jurídico…”

El 7 de mayo de 1968, en la Conferencia sobre derechos de los Tratados, en la ciudad de Viena, se aprobó, con la enmienda propuesta por el Ecuador, el artículo 49 de la Convención de Viena que dice: “Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”; sin embargo, un año después, en abril, introducía lo siguiente: “ésta solo se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados”

A finales de 1968 y el advenimiento de un nuevo periodo velasquista, el Presidente electo cambió su postura sobre la nulidad, para pasar a una transacción honrosa que nunca se dio.

Durante  los años 70, periodo en el cual ambos países estaban gobernados por  militares, existió un acercamiento hacia el dialogo y cooperación, manteniendo un statu quo en el problema del Zamora-Santiago; sin embargo, a inicios de 1976 se produjeron algunos hechos en la zona de conflicto, que hacían pensar a las autoridades militares y de la Cancillería, de que el Perú intentaba nuevamente hacer presencia militar en dicha zona, mediante  la ocupación del extremo nororiental de la loma Kaputna, nombre que nace, para asunto de límites, en las opiniones divergentes asentadas en el Acta de Inauguración del hito 19, en la cual, para el Perú, la línea debía seguir por este accidente secundario, antes de unirse con el hito 21. Este hecho  determinó por parte del Ecuador, la creación del destacamento “Teniente Hugo Ortiz”, y por parte del Perú, la instalación del puesto de vigilancia “Cabo Chiqueiza”, a 1200 metros al Suroeste del primero.

En enero de 1978 se produjeron algunos incidentes entre patrullas de los dos ejércitos. El Perú había dispuesto instalar  puestos de vigilancia, entre ellos el PV-3 y PV-4, en el sector de Comaina, en las cercanías de la desembocadura del río del mismo nombre en el Cenepa; es decir, en el tramo que no existía línea de frontera, por ende, no cabía ninguna interpretación ni ejecución del Protocolo de Río. Los incidentes dieron lugar a reuniones bilaterales de inteligencia, orientadas a evitar enfrentamientos; inclusive, se reunieron los jefes de estado mayor de  los dos ejércitos, buscando acuerdos que eviten intervenir a las partes en la zona no delimitada. Entre los acuerdos logrados se destaca uno, que tomando como referencia un gran árbol existente entre los puntos Cusumaza y Yaupi, se lo considere como un hito referencial, en vista de estar localizado ligeramente al Este de la línea imaginaria demandada por el Ecuador como límite. La Cancillería hizo un reconocimiento físico del lugar, y determinó que los patrullajes del personal militar debían llegar hasta unos 50 metros antes de dicho árbol.

Las buenas intenciones de un statu quo duraron muy poco, de parte y parte se fueron dando disposiciones tendientes a evitar que cualquiera de los ejércitos tomara posición efectiva de la zona, a través de la instalación de destacamentos o puestos de vigilancia, lo cual desembocó en un nuevo enfrentamiento armado que se inicia el 22 de enero de 1981, en el sector oriental de la Cordillera del Cóndor. El Perú quería a todo trance que se reconozca tácitamente que la Cordillera del Cóndor era el límite natural entre los dos países; el Ecuador le recordaba por su parte, que el propio Presidente de la Comisión Peruana Demarcadora de Límites, capitán de navío José Barandarián afirmaba, “El Protocolo no sólo no indica que la Cordillera del Cóndor debe servir de límite, sino que ni siquiera hace mención de esa Cordillera en ningún momento”.

El conflicto motivó  la reunión de la XIX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y mantenimiento de la paz, por parte de la OEA, el 29 de enero de 1981, pese al voto en contra del Perú, misma que concluyó el 4 de febrero, con resoluciones que en nada aportaban a la solución definitiva del problema limítrofe entre los dos países. Se elaboraron Acuerdos o Notas separadas suscritas cada una de ellas por los representantes militares de sus respectivos países; la del Ecuador firmada por el Vicealmirante Raúl Sorroza Encalada haciendo conocer las coordenadas en las cuales se detienen las fuerzas ecuatorianas, en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor, enfatizando que “Nada de lo que acepten las partes respecto de estos arreglos prácticos ni los términos de su aceptación prejuzgan sobre cuestiones de fondo”; y, la Nota firmada por el Vicealmirante Jorge Du Bois Gervasi, enfatizando en que los “efectivos militares del Perú se mantendrán en territorio peruano, es decir en la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor”.

La Nota del Vicealmirante Du Bois fue analizada por la Cancillería ecuatoriana en una Nota dirigida a los países garantes, en la cual se hace notar de que “la decisión unilateral de que su voluntad se constituya en norma, para señalar un límite inexistente, para comprometer en tales designios a países amigos y para evitar que el Ecuador le invite siquiera, una vez más, a una mesa de negociaciones”. En definitiva, el Conflicto del Cóndor de 1981 fue un fracaso militar y diplomático del Ecuador.

El 10 de agosto de este año, en el mensaje que rindió al Congreso Nacional el Presidente Osvaldo Hurtado expresó que para resolver el problema limítrofe “es necesario definir una política territorial que comprometa al gobierno que hoy ejerce el poder y a todos los que vengan después”; el Congreso Nacional a su vez; reiteró “la conveniencia de promover un consenso nacional tendiente a ratificar los objetivos del país en materia territorial”. Nada de ello se llegó a plasmar, las agrupaciones políticas eludieron su responsabilidad.

A partir del conflicto, el sector fue afectado por otros encuentros armados entre fuerzas de los dos países; entre ellos, Miazi, el 5 de abril de 1983; Río Corrientes el 15 de enero de 1984; la Isla Chacras en noviembre del mismo año; enero de 1985 en Río Corrientes; en el mismo mes, Cóndor Mirador; 27 de abril en Bellavista; 22 de septiembre Puesto Loja.

En este mismo año, el Presidente Febres Cordero, ante una pregunta de la prensa sobre el problema limítrofe, manifestó su forma de pensar: “Dejar la herida abierta, sin ulcerarla y sin infectarla”.

A fines de 1987, se produce un hecho que vendría a cambiar las actividades militares en la zona, especialmente en la parte Norte y Oeste de la línea Yaupi- Cusumaza, en donde, sorpresivamente, aparece un nuevo puesto de vigilancia peruano con el nombre de PACHACÚTEC, justamente el que da origen a este estudio, y se ubica algunos metros al otro lado de la línea imaginaria, dentro de territorio ecuatoriano. El hecho da lugar a un reclamo de la Cancillería, convocando al Embajador del Perú en Quito, para solicitarle que obtuviera de su gobierno el retiro de este Puesto de Vigilancia. El Embajador peruano Ponce Vivanco, sin sentirse sorprendido, manifestó que su país estaba preocupado porque había recibido informes del mando militar en el sentido de que, el destacamento ecuatoriano Teniente Hugo Ortiz, estaba asentado en territorio peruano.

Un nuevo encuentro armado de patrullas en el río Napo se produce en abril de 1988; al año siguiente en mayo, mineros ecuatorianos se enfrentan con militares peruanos y se produce una concentración de tropas del Perú al frente de las provincias de Loja y El Oro en el mes de julio. En 1989 se cruzan disparos en el destacamento de Coangos.

En Diciembre de 1990, el Instituto Geográfico Militar realizó un estudio de posicionamiento de “Pachacútec”, determinando su localización a 450 metros al norte de la recta que unía el hito 19 con el 21. Meses antes, el mando militar ecuatoriano, había dispuesto la creación de un nuevo destacamento militar en la cuenca del río Cusumaza, en su afán de controlar las actividades del puesto de vigilancia peruano y evitar infiltraciones hacia las jibarías del río Santiago. El destacamento se denominó “Etza”, en honor a un soldado ecuatoriano fallecido en dicho lugar, en cumplimiento de su deber de vigilar la frontera.

Con estos antecedentes, el 21 de enero de 1991, el Ministerio de Relaciones Exteriores, exigió al Perú el retiro del puesto de vigilancia “Pachacútec”, recibiendo la respuesta de que dicho puesto estaba en territorio peruano.

En julio se produce un  incidente armado entre una patrulla peruana que se había instalado muy cerca de un bohío construido y ocupado por miembros del destacamento militar “Etza”, la misma que cumplía disposiciones de dar mantenimiento al hito 19. El incidente produjo una grave tensión militar que llevó a los Cancilleres de los dos países a reunirse y elaborar un acuerdo de distensión, al mismo que, el canciller peruano lo llamó “PACTO DE CABALLEROS”.

Su contenido puesto a consideración del gobierno del Brasil, por parte del gobierno peruano, para que sea conocido por los otros Garantes del Protocolo dice:

1.   Las Comisiones de Verificación permanecerán en la zona hasta dar cumplimiento al punto dos del presente documento.

2.    En 48 horas la patrulla ecuatoriana se distanciará dos kilómetros contados a partir de su actual ubicación, igualmente y en forma simultánea, la patrulla peruana se distanciará a dos kilómetros contados a partir de su actual ubicación. Las mencionadas Comisiones supervisarán que el desplazamiento de ambas patrullas sea hecho de modo tal que queden fuera del área de la posible zona de seguridad a que se refiere el punto quinto.

3.    Reparación del hito Cusumaza-Bombuiza en el plazo máximo de 48 horas a partir del desplazamiento de las patrullas.

4.    Ocho días después de la reparación del hito, desplazamiento del puesto de vigilancia “Pachacútec” al puesto de vigilancia “Chiqueiza” o a otro lugar equivalente.

5.    Iniciar conversaciones con el objetivo de establecer después de 30 días una zona de seguridad en el área.

L   Lima, 24 de agosto de 1991.

        El 28 de agosto se retiró la patrulla del destacamento “Etza” y la patrulla peruana que la       enfrentaba; dos días más tarde, las Comisiones se trasladaron al hito 19 para iniciar su       reparación y comprobar la exactitud de su posición. La comisión peruana pidió trasladarse a Lima para informar sobre el trabajo realizado, en el cual se detectó un error de 6 metros respecto de las coordenadas registradas en su acta de inauguración del hito. Los "caballeros no regresaron jamás, y tampoco retiraron el puesto de vigilancia Pachacútec. El Ecuador tampoco retiró el destacamento Etza.

L     

El 15 de septiembre de 1991, los países Garantes reunidos en Brasilia, formularon una declaración conjunta, ofreciendo sus buenos oficios y haciendo un llamado a los dos países para buscar una solución pacífica, “mutuamente aceptable”, al problema suscitado. El Perú agradeció el comunicado y pidió con esta oportunidad, “culminar la demarcación definitiva de la frontera en los tramos pendientes, conforme al artículo 5to del Protocolo; es decir, y hay que reconocerlo, manteniendo siempre una sola tesis respecto del problema de límites.

El Perú quiso utilizar este incidente para presionar la demarcación sobre la Cordillera del Cóndor, y sobre todo, exigir el desplazamiento del destacamento “Teniente Ortiz” establecido en la zona quince años atrás, como condición para retirar “Pachacútec”. La Cancillería ecuatoriana emitió un boletín de prensa, el 16 de septiembre de 1991, manifestando que el Acuerdo de Distensión “ha tenido y tiene por objeto específico la superación de las tensiones en un área determinada”, por lo tanto, el país no podía aceptar “aspectos que no fueron incluidos en este acuerdo de los dos Gobiernos y, menos aún, pasar a un proceso demarcatorio, de conformidad con un instrumento cuya validez no se reconoce”.

La versión peruana extraída del libro “Estudio Histórico sobre el Protocolo de Río de Janeiro” escrita por Gustavo Pons Muzzo, en 1994 afirma: “No hemos podido averiguar cuándo el ejército peruano instaló en ese sector el puesto de vigilancia “Pachacútec”, un poco al S.E. del puesto ecuatoriano “Teniente Ortíz”. No sabemos si fue instalado antes o después del puesto ecuatoriano. Por otro lado, parece que después del incidente de 1981, en las reuniones que con frecuencia ha habido entre jefes de las altas jerarquías de ambos ejércitos, se llegó a un acuerdo para elaborar una “Cartilla de normas de comportamiento para los puestos de vigilancia y señalización (PVS) y destacamentos adelantados en la frontera Ecuador-Perú”, con el objeto de evitar situaciones difíciles en la frontera”. Efectivamente, la Cartilla de comportamiento fue permanentemente observado por Ecuador, además, fue un documento que por varias ocasiones fue mencionado por las partes, por ello llama la atención que este escritor dude de su existencia.

Y continúa: “..a fines del mes de julio de 1991 las tropas peruanas en este sector detectaron la presencia de una patrulla ecuatoriana que había invadido territorio peruano por el hito No 51 denominado Bombuiza-Cusumaza conocido también como el No 1424 que es su altura en metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a la Cartilla antes mencionada, se reunieron en primer lugar los jefes de patrulla que tienen el grado de teniente. Luego, ante la negativa de los ecuatorianos a reconocer que estaban en territorio peruano, se reunieron los jefes de los puestos de vigilancia con un rango superior. Como tampoco hubo acuerdo, la nueva reunión fue a nivel de mandos de divisiones. En este caso dialogaron el coronel inspector de la Quinta División de Infantería de Selva del Perú y el coronel jefe de la vigésima primera brigada de selva del Ecuador, pero las negociaciones no prosperaron por la insistencia de los ecuatorianos en sostener que según instrucciones recibidas de su gobierno, ellos se encontraban en territorio ecuatoriano. Fracasadas estas primeras negociaciones en el terreno militar, el incidente pasó a manos de diplomáticos, específicamente de las Cancillerías de ambos países. La situación era un tanto delicada puesto que la patrulla ecuatoriana conformada por unos 20 hombres había derribado el mencionado hito de frontera No 51, invadiendo territorio peruano”.

Nótese como se emplea permanentemente la palabra invasor o invadiendo, con el objeto de influir en sus lectores sobre la legitimidad de un territorio no delimitado. Las reuniones a que hace mención, en sus diferentes niveles, fueron ejecutadas por las autoridades militares, en cumplimiento a lo establecido en la Cartilla.

El 26 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, doctor Carlos Torres y Torres Lara declaró a la prensa peruana, que como resultado de las primeras negociaciones diplomáticas, se había llegado a un “pacto de caballeros” entre los gobiernos y cancillerías de los dos países, para la fijación de una zona de seguridad común entre los hitos Bombuiza-Cusumaza y Yaupi-Santiago y que este pacto no significaba el desconocimiento del Protocolo.

El comunicado oficial No 23/91 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de 15 de septiembre, informaba sobre la convocatoria realizada el 13 del mismo mes,  a los cuatro países garantes del Protocolo, para informarles sobre el cumplimiento del acuerdo sobre medidas de confianza  adoptado el 27 de agosto, y reiterar la solicitud de intervención de los garantes en este asunto, de acuerdo a lo referido en el Protocolo.

Para el embajador peruano Felipe Valdiviezo, el nefasto “pacto de caballeros” sirvió para que a partir de ese momento, el Ecuador comience a ser cada día más exigente, pues el puesto “Teniente Ortiz” y el puesto “Soldado Monge están en territorio peruano y de acuerdo al “Pacto de Caballeros”, Ecuador debió retirarlos y no lo hizo. Al frente de estos puestos esta el puesto peruano “Pachacútec”, por lo que no se puede señalar desconocimiento o culpar a la geografía de la zona, o bien que penetraron sin que nos diéramos cuenta. Estos puestos están allí y no se han movido en muchísimos años.

Para la revista “Caretas”, en un artículo denominado “Los errores de la guerra”, luego del conflicto del Cenepa, documento elaborado por miembros de las fuerzas armadas, se afirma que como consecuencia del “Pacto de Caballeros” de 1991, el Perú desocupó su propio territorio en la zona no demarcada de la frontera ecuatoriana en la Cordillera del Cóndor, desmantelando el puesto de vigilancia No 2 y replegando el puesto de vigilancia No 1, 15 kilómetros hacia el Sur, dejando abandonados y desguarnecidos 400 kilómetros cuadrados de territorio patrio. Con esta decisión-dice el artículo- el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no sólo suspendió la presencia del Perú en territorio que legal y jurídicamente le corresponde, sino también suspendió los patrullajes y la vigilancia en aquellas áreas conflictivas y se permitió que el vecino ocupara las nacientes del río Cenepa que están en territorio peruano. Con esta decisión-continúa- dejo de cumplir el objetivo de mantener la integridad territorial y permitió al Ecuador ocupar territorio peruano abandonado para generar un enfrentamiento que les permita reclamar su seudo-reinvindicación de país amazónico.

Para Mario Vargas Llosa, la firma del “Pacto de Caballeros” fue populista: permitir al Presidente Fujimori visitar el Ecuador y ser presentado por la prensa adicta como el estadista que había puesto punto final al viejo diferendo entre las dos Repúblicas hermanas. En realidad- dice Vargas Llosa-  lo que el gobierno peruano había hecho era enviar una señal equivocada a su vecino y a sus fuerzas armadas. Estas, ni cortas ni perezosas, en los tres años siguientes procedieron a reforzar directamente aquellos puestos de vigilancia hasta convertirlos en verdaderas guarniciones.

El Viceministro Eduardo Ponce en una entrevista en Panamericana de televisión, el 20 de febrero de 1995: “El Pacto de Caballeros significó un reconocimiento por parte del Ecuador del Protocolo de Rio de Janeiro y del fallo de Días de Aguiar. Esta zona entre los hitos Cusumaza-Bombuiza y Yaupi-Santiago no es el área donde han ocurrido los incidentes”. La firma de la paz en 1998 le daría la razón al diplomático peruano.

El 30 de septiembre de 1991, el Presidente Rodrigo Borja, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentó una propuesta formal de someter el problema en su conjunto al arbitraje de su Santidad Juan Pablo II: “..invito al Perú, desde la más alta y prestigiosa tribuna que tiene la humanidad, a solucionar pacíficamente nuestro largo problema  y nuestra larga controversia territorial por medio del arbitraje del Papa Juan Pablo II”. El Canciller peruano Carlos Torres y Torres expresó que el Perú no aceptaba la propuesta por considerar que el Protocolo de 1942 es un instrumento jurídico plenamente aplicable.

El 24 de noviembre, Alberto Fujimori, Presidente del Perú, mediante comunicación remitida al Presidente Borja le informaba que presentaría una contrapropuesta “integral” al Ecuador para tratar el tema. Esta comunicación dio paso a la primera visita de un Presidente peruano al Ecuador, la misma que tuvo efecto entre el 9 y el 11 de enero de 1992.

La contrapropuesta integral entregada al Presidente Borja,  denominada como “Propuesta de Amistad, Cooperación e Integración”  contenía los siguientes puntos:

1.    Culminar el proceso demarcatorio de los tramos pendientes comprendidos entre los hitos Conhuime Sur y 20 de noviembre; y Cusumaza-Bombuiza y Yaupi-Santiago, delimitados por el Protocolo de Río y el Fallo de Días de Aguiar, con el concurso de los países Garantes.

2.    Suscribir un Tratado de Comercio y Navegación, en cumplimiento del artículo 6to del Protocolo de Río de Janeiro.

3.    Suscripción de un acuerdo amplio de integración fronteriza que tendría por objeto extender la zona actual a la totalidad de nuestra frontera común.

4.    Concertación de acuerdos que incrementen y hagan permanentes las medidas de fomento de la confianza que existen entre nuestros países.

Si comparamos esta propuesta con los acuerdos consignados en la fórmula de los garantes que sirvieron de base para la firma de la paz entre Ecuador y Perú en Octubre de 1998, encontramos que solamente falta el del canal de Zarumilla; en otras palabras, el Tratado de Paz consignó casi en su totalidad la propuesta del Presidente Fujimori del año 1992.

El Presidente Durán Ballén, una vez iniciado el conflicto del Cenepa, aceptó la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro, como paso previo a cualquier tipo de negociación, manteniendo los impases subsistentes, que a juicio de los ecuatorianos eran inobjetables, y que fueron entregados por escrito a los garantes para su análisis; estos impases hacían relación a la inejecutabilidad parcial del Protocolo y a una salida soberana al Amazonas, como parte del sistema fluvial del Marañón. En otras palabras, había la posibilidad de definir los objetivos de la negociación en estos términos.

El proceso de negociación, llevado muy hábilmente por el Perú, fiel a su tradición, preparado como se ve, desde el año 1992, que continúa luego con la Declaración de Brasilia del 27 de noviembre de 1997 y el Cronograma de Río de Janeiro de 19 de enero de 1998,  no  pudieron  concretar las aspiraciones del Ecuador, ante la negativa total del Perú de aceptar una salida soberana al Amazonas, con ofrecimientos engañosos de  hacer concesiones en un área suficientemente amplia en el sistema  Marañón- Amazonas, donde el Ecuador podría tener una infraestructura para puertos, aeropuertos, carretera, bajo un concepto de “soberanía funcional”.

Cuando la Comisión negociadora fue a tratar el tema número dos del “Pacto de Caballeros” (lo expreso de esta manera para que objetivamente se vea la importancia de este Pacto) en Buenos Aires, el Perú no concedió nada, excepto la navegación por los ríos Napo y Putumayo, por ser los únicos afluentes septentrionales del Amazonas. Ahí terminó el concepto de “soberanía funcional” con el cual se engañó una vez más al Ecuador.

Llegó el día en que se anunció la fórmula elaborada por los países garantes para la demarcación final de la frontera con el Perú, 23 de octubre de 1998, día en que el país no supo que decir, y si algo intentó, no supo como decirlo, cuando se nos había hablado de aceptar un fallo justo y equitativo, y habíamos soñado que los garantes así lo habían comprendido. Los garantes que en algún momento deben haber leído y repasado el “Pacto de Caballeros”, entendieron que todo aquello que estaba escrito en ese documento, era lo justo y equitativo, y así lo transcribieron, cuando en su texto se dice:

“Es así como comprobamos con satisfacción que este proceso permite a la fecha disponer de proyectos para un “Tratado de Comercio y Navegación”, para la navegación en los sectores de los cortes de los ríos y en el río Napo, para un “Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza”, y para la constitución de una “Comisión Binacional sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad”, así como para un “Acuerdo para la Fijación de Medidas para Asegurar el Funcionamiento Eficaz del Canal de Zarumilla” (no consta en el Pacto de Caballeros).

El punto 1 de la fórmula no es otra cosa que el punto 1 del Pacto de Caballeros cuando dice: “consideramos que tales pareceres constituyen la aplicación de los dispuesto en el Protocolo de Río de Janeiro y en el fallo del árbitro Braz Días de Aguiar, debiendo las Partes por lo tanto proceder a concluir la demarcación en la forma establecida…”

Los alcances de la fórmula, como lo dice un editorial de “El Comercio” de Lima, con ocasión de su presentación, “..por lo mismo que se ajusta a la normatividad jurídica preestablecida, es menester puntualizar que el límite establecido hace 56 años no se altera, puesto que toma como determinantes tanto las cumbres de la Cordillera del Cóndor, cuanto el llamado “Divortium Aquarum”; de suerte que en esto se ratifican los planteamientos del Perú”, ratifica una vez más, lo expresado en el “Pacto de Caballeros”

En medio de todo este largo proceso de la paz durante el cual se había hablado de ceder algo para obtener algo, quedó un kilómetro cuadrado de terreno, para recordarnos a todos los ecuatorianos, especialmente a los políticos, que las guerras intestinas desarrolladas durante gran parte de los siglos XIX y XX, que consumieron enormes recursos económicos y segaron la vida de miles de ecuatorianos, mucho más de lo que produjeron los conflictos con Perú, dieron como consecuencia la mutilación inicial de la patria en el trágico año de 1941. Los militares nos quedamos con el símbolo de Tiwintza, entendido como una obligación de saldar las cuentas con la historia, para que el país pueda construir su porvenir.

Muchos ciudadanos ecuatorianos de pomposos apellidos renegaron de su pasado, durante este proceso, especialmente en días o meses cercanos a la presentación de la fórmula por parte de los garantes; hablaron de que nunca fuimos amazónicos, que Quito apenas fue un tambo para los conquistadores que venían del Perú, entre otros adefesios escritos con mucha mala fe o quizá demasiada inocencia; me da la impresión de que leyeron al historiador peruano Gustavo Pons Muzzo, que le encantaba distorsionar la historia, en beneficio de su país.

El estudio de  la historia da la posibilidad de analizar los errores cometidos y tratar de no repetirlos; sin embargo, en las relaciones con el Perú, parecería que siempre estuvimos tropezando con la misma piedra, e insistimos en ello, porque ahora estamos empeñados en cambiar nuestra postura respecto del límite marítimo, cuando existen acuerdos absolutamente válidos firmados entre Ecuador, Perú y Chile. Hay una carta del Presidente peruano, dirigida a su par de Ecuador, en la cual se manifiesta que “el paralelo geográfico, a partir del punto en que la frontera terrestre llega al mar, en Boca de Capones, solo es aplicable al Perú y Ecuador. El planteamiento confirma la postura del Estado peruano en la materia, en el sentido de que no existen problemas de límites con Ecuador. Por tal motivo, el proceso iniciado por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia se refiere exclusivamente al límite marítimo entre Perú y Chile, donde se presentan características y circunstancias distintas”.

La historia nos enseña que las dubitaciones y los cambios de parecer en asuntos de trascendental importancia para la supervivencia de la Nación, traen consigo el desasosiego de aceptar una realidad que muchos sentimos como una nueva mutilación del territorio nacional. Es necesario pues, mantener los argumentos que llevaron a la firma de los Acuerdos sobre los límites marítimos de los tres países, y apoyar decididamente a Chile en la controversia que mantiene este país y el Perú en la Corte de Justicia Internacional.

Cuántos de estos documentos fueron negados o modificados por el Perú, cuando las circunstancias así lo ameritaban, acaso no es un buen ejemplo el mismo “Pacto de Caballeros” según el cual, “Pachacútec” debía retirarse del lugar en el cual se encontraba.

Después del conflicto del Cenepa y de la firma de la paz, se dice que esta es, desde dicha fecha, “la frontera completa que nadie se atrevió a dibujar en cincuenta y seis años”; es posible que así sea, pero ello no puede ser el pretexto para que las Fuerzas Armadas ecuatorianas sean un motivo de olvido por parte de la élite política, como tampoco es conveniente que hasta el día de hoy, los Acuerdos contemplados en la fórmula de entendimiento tengan un bajísimo porcentaje de cumplimiento; posiblemente, estemos esperando los tres mil millones de dólares ofrecidos por la paz, de la misma manera como esperamos que se cumpla el ofrecimiento de dinero en el año 42.

El “Pacto de Caballeros” que contemplaba entre otros puntos el retiro del Puesto de Vigilancia “Pachacútec”, se convirtió a la final en el principal instrumento de trabajo de los países garantes en la elaboración y presentación de la “Formula de los Garantes y los Acuerdos” a los gobiernos de Ecuador y Perú, la misma que dio paso a la firma definitiva de la paz, el 28 de octubre de 1998.

Artículo publicado en el libro “Victoria en el Cenepa” editado por el Ejército Ecuatoriano en febrero de 2011