El 1 de marzo del 2008 marca un antes y un después en
las relaciones entre Ecuador y Colombia. La violenta y muy bien planificada
operación militar de las Fuerzas Armadas Colombianas, asesoradas por los Estados
Unidos a través de una precisa información de seguimiento de los movimientos de
los principales líderes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia y apoyada tecnológicamente con armamento de
última generación, concluyo con la muerte de 21 personas, entre ellas, de
su segundo dirigente, Raúl Reyes,
ocurrida en la zona de Angosturas, ubicada dentro del territorio nacional
ecuatoriano, bajo la teoría de la legítima defensa, concepto que excluye la
importancia del lugar en el cual este ubicado el objetivo a atacar, y que
concuerda con la política internacional de los Estados Unidos en su guerra
contra el terrorismo, en la cual el concepto de soberanía no tiene la menor
importancia.
La figura jurídica de la legítima defensa, a nivel
universal, está tipificada en el Artículo 51 de la Carta de la ONU que dice:
“Ninguna disposición de esta Carta
menoscabará el derecho inmanente de legitima defensa, individual o colectiva,
en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta tanto que
el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz
y la seguridad internacionales”. De igual manera, la carta de la OEA en su
artículo 22 dispone que “los Estados Americanos se obligan en sus relaciones
internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima
defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos
tratados”. Colombia invocó esta figura para tratar de justificar su acto
violatorio a la soberanía ecuatoriana.
La legítima defensa que invoca el Estado colombiano y su ofensiva para recuperar
el control de su territorio nacional, perdido desde décadas atrás, al no poder
tener presencia física de sus fuerzas armadas en el Departamento del Putumayo, no puede
llevarse a cabo desconociendo principios básicos de las relaciones entre
naciones, como es el de mutuo respeto de la soberanía territorial. El combate a
los reductos guerrilleros ubicados en territorios extranjeros, en este caso, el
ecuatoriano, debe subordinarse al acuerdo entre las naciones en las cuales se
encuentran, representados por sus Instituciones Militares, en respuesta a
políticas claras emanadas desde las altas esferas del gobierno.
La actividad guerrillera, el narcotráfico y los
asuntos de seguridad deberían ser materia de negociación entre los gobiernos de
la región, especialmente entre aquellos que por su cercanía, como es el caso de
Colombia y Ecuador, se constituyen en temas de interés compartido, cuyo
tratamiento permitirá reducir el espacio y la justificación para la injerencia extra regional en los asuntos internos de los estados.
La oportuna y decidida intervención del gobierno
ecuatoriano en su reclamo ante los organismos internacionales, por la incursión
colombiana a territorio ecuatoriano, dio como resultado el apoyo inmediato de
los gobiernos de la región, exteriorizado a través de la “Declaración de los
Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río”, adoptada en República
Dominicana el 7 de marzo del 2008, la misma que fue acogida positivamente en la
25 ava reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, en la cual se reitera la plena vigencia de los
principios consagrados en el derecho internacional, de respeto a la soberanía,
abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza y de no injerencia en los
asuntos de otros estados que consagra el Art. 19 de la Carta de la OEA; de
igual manera, reitera la plena vigencia del principio de soberanía territorial,
consagrada de manera irrestricta y sin ninguna excepción en el Art. 21 de la
carta de la OEA.
Al acoger desde su primer punto la declaración del
Grupo de Río, la resolución de los Cancilleres de la OEA, emitida el 4 de Abril
del 2008, compromete a Colombia a que los hechos no se repitan bajo ninguna
circunstancia, en función de la plena vigencia de los principios antes
mencionados. Esta histórica resolución de los Cancilleres de la OEA, es un hito
importante; especialmente aquella que hace relación a la protección de las
fronteras para todos los países, el mismo que marcó un intenso debate
diplomático que permitió recobrar la independencia y firmeza en su actuación,
después de que en las últimas décadas la OEA perdió su influencia en asuntos
relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. Ejemplos
hay muchos; entre otros: Malvinas, Panamá, Grenada. Su contenido ratifica un
principio del derecho internacional que ha sido cuestionado especialmente por
la ilegítima e irracional teoría de la guerra preventiva.
Al margen de los acontecimientos suscitados en
Angostura el 1 de marzo del 2008, los mismos que han sido plenamente descritos
y analizados por la prensa nacional, este artículo pretende resaltar, a
criterio de su autor, las principales
consecuencias derivadas del conflicto.
El conflicto sacó
a la luz la presencia de un ecuatoriano en el campamento de las FARC y
su muerte como consecuencia del ataque. La muerte de este ciudadano y su
posterior traslado a Colombia constituye una clara violación de los derechos humanos y garantías derivadas
de una acción militar al margen del derecho internacional.
El conflicto por si mismo, deja al descubierto una
serie de interrogantes respecto a la
realización de un Congreso de la Coordinadora
Continental Bolivariana celebrado en la Capital, con el
auspicio del Municipio de Quito y el Consejo Provincial.
El Congreso de la Coordinadora Continental
Bolivariana
El reconocimiento a la beligerancia se dio en los
primeros años del siglo XIX. Estados Unidos y Gran Bretaña que luchaban contra
el poder español impulsaron esta figura para conferir a los insurrectos un
carácter internacional de facto, con los derechos y deberes propios de una
guerra regular. Según estos derechos las fuerzas beligerantes podían solicitar
préstamos, acodar sus naves, confiscar mercaderías en los territorios ocupados.
El reconocer la beligerancia de una fuerza significaba que esta dirigía la
guerra en forma humanitaria, que existía un ejército organizado y que estén en
posición del territorio. Es un tema de carácter político en el cual, los
insurrectos lo toman como un apego a su causa, en tanto que los gobiernos
constituidos como un acto de enemistad.
Por el conflicto hemos conocido la estratégica
avanzada internacional de la guerrilla, la misma que se habría gestado en el
2002, cuando en Colombia llegó al poder Alvaro Uribe. La presión militar de
Colombia sobre las FARC, les obligó a renunciar a los secuestros masivos tan
extendidos en toda la república, especialmente en Cali y optaron por iniciar la
penetración en el resto del continente, retomando planes que se iniciaron en
1980, lideradas por Jaime Guaracas, miembro de la Secretaría de las FARC, que
fracaso por su inexperiencia en este campo, y por la imposibilidad de conseguir
armamento y recursos financieros en los países de la región; sin embargo, la
acción coordinada de Raúl Reyes e Iván Márquez rindieron sus frutos, logrando
armar una red de más de 400 organizaciones legales y clandestinas desde
Argentina hasta los Estados Unidos. La Coordinadora
Continental Bolivariana
ha sido la punta de lanza en este empeño.
El conflicto dejó claro que las declaraciones del ex
ministro de la Defensa respecto de que los límites del país al norte es con las FARC, son absolutamente
ciertas, además de que era conocido por los mandos militares desde el momento
en que no había interlocutores del Ejército colombiano al frente de nuestros
destacamentos, a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana; producto de ello,
fue la tenaz resistencia que tuvo la apertura del puente sobre el río San
Miguel por parte de la
Institución Militar , cuando se decidió implementar los
Centros Nacionales Fronterizos, siempre y cuando, a cada lado del puente
internacional debía existir personal militar de los dos países. Colombia nunca
tuvo la intención de trasladar personal militar a este sitio y la política se
impuso en desmedro de la
Seguridad Nacional. Siempre40.000 kilómetros
cuadrados y que fue bautizada como “el reino de Marulanda en el Caguán”, de tal
manera que, la carencia completa de potestad gubernativa en esa extensión
territorial no es reciente, ni ha sido actualizada con el ataque colombiano en
Angosturas, ya que desde los años 50, la insurgencia colombiana mantuvo en su
poder muchas regiones a las cuales denominó “repúblicas independientes”, entre
ellas la del Putumayo. La
El relevo en la Cartera de Defensa y en los mandos
militares fue el desenlace de la crisis generada por el ataque
colombiano, en territorio ecuatoriano, a las fuerzas de la FARC. La denuncia del
Presidente sobre la injerencia de los Estados Unidos, a través de la CÍA, en el sistema de inteligencia de las Fuerzas
Armadas, fue solo un pretexto para el cambio, si consideramos que los
procedimientos han estado vigentes por años y que nunca fueron criticados desde
el poder político.
El Comando Conjunto salió al frente de estas declaraciones,
asegurando que las relaciones de cooperación que mantiene el Ecuador con otros
países no pueden ser consideradas como “supuestas actividades de inteligencia
que no están permitidas legalmente, ni autorizadas”. Estos acuerdos
efectivamente forman parte de la
política de relaciones internacionales del Ecuador y se enmarcan en las
políticas regionales y mundiales de seguridad cooperativa.
La denuncia presidencial sobre la falta de idoneidad
de los servicios de inteligencia, merece un severo análisis sobre las falencias
en la transmisión de información hacia las instancias superiores, pero también
quedan interrogantes sobre el poco o ningún conocimiento e importancia que les
merece a la clase política los informes que desde este sistema de inteligencia
se canalizan a las autoridades administrativas de la defensa nacional; en este
caso, el Ministerio de Defensa Nacional.
Frente a este complejo panorama, el Consejo de
Seguridad Nacional o la entidad que esta pensando crear el gobierno nacional, debiera
ser el punto de encuentro para una nueva planificación, coordinación estratégica
y planes operativos de la Institución Militar , apegados a una política de
Estado claramente definida y respetada.
El conflicto saco a la luz las graves falencias en la Seguridad Nacional ,
las mismas que se venían sintiendo al interior de las fuerzas armadas desde muchísimos
años atrás, y que no encontró el eco necesario en un organismo tan importante
como el Consejo de Seguridad Nacional, cuya dirección es responsabilidad absoluta del
Jefe de Estado; como que dicho organismo para la mayoría de los Presidentes ni
siquiera existía en la agenda, a pesar de tener una frontera tan convulsionada
como la colombiana.
Para muchos, ese organismo y las mismas Fuerzas Armadas
dejaron de ser importantes luego de la firma de la paz con el Perú. Grave error estratégico de los Jefes de Estado, de los mandos militares y del país en
general, como bien lo analiza la prensa
nacional.
El conflicto demostró con claridad que la discusión
sobre el contenido y alcance del Plan Colombia a partir de su difusión en el
año 2000, no fue más allá de la declaratoria de no intervención en los asuntos
internos de un país vecino. El concepto así difundido en la sociedad
ecuatoriana daba a entender que no intervenir significaba no apoyar al gobierno
colombiano y por supuesto al gobierno de Washington en su plan de acabar con la
guerrilla colombiana, a más de ser independientes de los intereses de las FARC.
Posiblemente, el anuncio que hizo el Presidente
Pastrana sobre el Plan Colombia, presentándole como un asunto interno de su
país, llevó a esta consideración, sin tomar en cuenta las implicaciones que
tenía dicho plan al admitir una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros
cuadrados, otorgadas a las FARC, precisamente en la frontera
colombo-ecuatoriana, lo cual volvió inevitable las infiltraciones de estas
fuerzas al territorio ecuatoriano, cuando se vieron empujadas por el ejercito
de Colombia desde la zona del interior hacia la periferia, como parte de un
plan claramente establecido dentro de una estrategia comúnmente conocida como
yunque y martillo.
La estrategia así definida por Colombia ha dado sus
frutos; hoy en día, las operaciones que viene realizando el Ejército ecuatoriano, en forma obligada, dadas las implicaciones internacionales del
conflicto, son precisamente las de convertirse en un yunque al cual deben
converger las fuerzas colombianas para acabar con la guerrilla; caso contrario,
el gobierno colombiano denunciará en el concierto internacional de que el
Ecuador es un país permisivo con la guerrilla al no intervenir ante la
presencia de dichas fuerzas al interior del territorio ecuatoriano. El Plan
Ecuador planteado por el actual gobierno, lo cual es un logro después del
olvido de los anteriores gobiernos, deberá considerar seriamente las secuelas
del conflicto en el ámbito interno e internacional, al plantear las estrategias
que le permitan enfrentar a un Plan Colombia que viene cumpliéndose al pie de
la letra desde el año 2000.
Las secuelas del conflicto han permitido que Colombia demuestre que la
guerrilla no es un problema solamente de los colombianos, puesto que a su
alrededor existen intereses de gobiernos como el de Francia para liberar a
Ingrid Betancourt, de Venezuela para conseguir que se les considere fuerzas
beligerantes, de los organismos internacionales empeñados en facilitar
soluciones a las relaciones diplomáticas de Ecuador y Colombia, de Estados
Unidos en incrementar su apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo; es decir, el conflicto ha marcado el camino de la
internacionalización.
El conflicto también ha determinado con claridad que la selva ya no es un lugar seguro para
las fuerzas de la FARC; es innegable que el ataque fue un duro golpe a los
cuadros directivos de la guerrilla, comparable
quizá a los que ha llevado a cabo Estados Unidos contra Al Qaeda en
tierras inhóspitas de Pakistán; por otro lado, es notorio el profundo desgaste
de estas fuerzas acusadas de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. El
deterioro de su imagen le ha convertido en un grupo incómodo para cualquier
país vecino.
El conflicto ha desnudado las necesidades de las fuerzas armadas para ser operativas en la frontera norte, la lista de
requerimientos es larga y costosa: modernización de los sistemas de defensa
aérea, cambio o repotenciación de armamento menor, repotenciación de munición
de calibre mayor, repotenciación de la flota de la Aviación del Ejército, desmilitarización
de la munición obsoleta, entre otros. Pero no queda solo en repotenciar el
material y así parece haber entendido el gobierno nacional; sin embargo, no
solo es necesario adquirir nuevos aviones, esta era una necesidad de 20 años
atrás, de todas formas, los supertucanos que se compraran al Brasil y la
repotenciación de los Kfir permitirá al menos vigilar en mejor forma la
frontera y posibilitar el entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea , que
esperaban turno para poder hacerlo en los casi inexistentes aviones de
entrenamiento. Se incluye en el anuncio, la compra de armas, radares y equipos
de comunicación para la
Fuerza Terrestre , que tanta falta le hizo el 1 de Marzo del
presente año. Será conveniente que también se entreguen los elementos
necesarios para que la
Fuerza Naval haga presencia en los ríos de la Amazonia. Se ha
esperado 13 años para entender que las fuerzas armadas requieren de entrenamiento,
armamento, vituallas y logística adecuada, en forma permanente, para tener
presencia soberana en el territorio nacional y estar dispuestas, como lo
hicieron en el 95 a
enfrentar las amenazas, en forma digna y profesional. Tiene razón el Presidente
al afirmar que “la desidia, la descomposición política y la indiferencia” son
los culpables de la situación actual; y, yo agregaría que la presencia de elementos civiles a los cuales
la prensa les ha catapultado como “especialistas en los temas militares”,
encargados de satanizar todo gasto que
haga referencia a la
Defensa Nacional , han coadyuvado a que
se pierda mucho de esa pequeña capacidad operativa que tuvieron las fuerzas armadas en el año 95.
El conflicto ha cuarteado la endeble estructura de la
relación binacional de los dos países, en lo social le importa un comino el destino de sus
ciudadanos en el Ecuador, tampoco le
importan los intereses económicos. En lo militar, no de ahora, desde hace
veinte años atrás, jamás le importo la falta de presencia del ejército de
Colombia en el Departamento de Putumayo; cuando en alguna ocasión, en las
reuniones bilaterales de inteligencia, se insistió en la necesidad de que se
conformen los Centros Nacionales de Frontera con la presencia de personal
militar de ambas naciones, se manifestó –of record- que les era imposible,
porque ello determinaba la posibilidad de que las FARC se tomen Bogotá.
El conflicto dejo enormes dudas sobre las presuntas
relaciones de algunos funcionarios del gobierno con las FARC, que según
Colombia están claramente establecidas en los discos duros de las
super computadoras del comandante Reyes. En todo caso será necesario y
mandatario comprobar que no ha existido tal
vinculación, a pesar de que desde la convención organizada por los grupos
revolucionarios, aupada inexplicadamente por el Municipio y Consejo Provincial
de Pichincha, salieron los personajes que hicieron historia el 1 de marzo.
El conflicto ha dejado claro que las percepciones de
los pueblos de Colombia y Ecuador son diferentes respecto al conocimiento que
se tiene del país vecino. Ecuador difunde mucho más información sobre Colombia.
La prensa colombiana respalda a su Presidente en su lucha contra las FARC; la
prensa ecuatoriana critica al Presidente por su actitud ante las FARC.
La prensa internacional actuó solamente sobre la base
informativa colombiana, sin considerar la posición ecuatoriana que estaba
centrada en la violación territorial. Se violaron principios básicos que rigen
la ética periodística al no haber confrontado adecuadamente las fuentes de la
información.
El gobierno colombiano vinculo al conflicto con la
reunión de la
Coordinadora Bolivariana , eliminó a uno de los más
importantes jefes guerrilleros y propicio la reacción del gobierno ecuatoriano.
Nuestro país no solo es un corredor logístico de las
FARC, sino un sitio propicio para compra de propiedades, las mas notorias en
Santo Domingo de los Tsachilas y en Quito, instalación de fábricas de
pertrechos y clínicas clandestinas,
coordinadas desde Pueblo Nuevo, en la provincia de Sucumbíos
El ataque a las FARC provocó un deterioro de las
relaciones fuerzas armadas y Gobierno, saliendo a luz una verdad incontrastable: la
frontera norte no estaba bien resguardada, a causa de un equipamiento débil de la Institución Militar ,
especialmente del ejército, que a partir de 1995 dejó de ser importante para la
política presupuestaria de los gobiernos de turno; claro, la guerra con el Perú
había terminado en 1998.
La acusación a fuerzas armadas sobre presuntas actividades de
infiltración de la CÍA en las actividades de inteligencia del Ejército, no son
sino el reflejo del poco conocimiento del gobierno y el ningún acercamiento del
Presidente con el mando militar. El poco o ningún financiamiento para las
actividades de inteligencia, a más de los acuerdos existentes entre las
Instituciones militares de E.U. y el Ecuador, no de ahora, sino de muchísimos
años atrás, dan como resultado un intercambio permanente de información,
especialmente en el campo del narcotráfico y la guerrilla, que no significa de
manera alguna, una infiltración de organismos de inteligencia desde el
exterior. El desconocimiento de causas y antecedentes por parte del gobierno,
da lugar a que los asuntos militares no sean tratados a través de los canales
adecuados, propiciando debates de
Seguridad Nacional en campos tan peligrosos como el político.
La creación de un sistema militar o de seguridad
regional ha saltado a la escena, con la propuesta que ha hecho el gobierno del
Brasil sobre la creación de un Consejo Regional de Defensa, ante la necesidad
de crear un organismo de defensa regional que ayude a los países de América del
Sur a independizarse del tutelaje militar que la región ha tenido desde los Estados Unidos. A decir de Brasil el Consejo no sería una alianza militar en el sentido
tradicional, no es la OTAN del sur, no es una fuerza de ocupación. El objetivo
es formular, en el mediano o largo plazo, una identidad sudamericana de
defensa, para que el continente sea fuerte. Este Consejo permitirá realizar
ejercicios militares conjuntos, una participación colectiva en acciones de las
Naciones Unidas y una eventual integración de industrias bélicas.
En conclusión, el conflicto ha dejado secuelas que aún
no pueden ser percibidas en su verdadera dimensión, sus consecuencias serán
directamente proporcionales a los planes de acción que el gobierno nacional
implemente, como producto de una adecuada, inteligente y oportuna elaboración
de una política de estado, consensuada en los más altos niveles del Poder
Nacional, destinada a preservar la Seguridad Nacional
en forma permanente, en beneficio de la paz y tranquilidad que se merecen los
habitantes de este país.
Por su parte, las Fuerzas Armadas tienen que enfrentar
un nuevo reto histórico que les permita procesar el momento de transición que
vive la Institución, al tener que
solucionar un conflicto de características diferentes a las cuales
históricamente se ha visto abocada, sin
romper las bases que la sostienen ni los códigos que las configuran como una de
las Instituciones mas importantes y esenciales del Estado ecuatoriano, en
coordinación con la sociedad civil que tiene la obligación de acompañarlas con
generosidad y visión de futuro en el logro de los Objetivos Nacionales
Permanentes.
Artículo publicado en la revista “Presencia” de la
Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, en septiembre del
2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario