¡La estupidez humana: solo
nos conquista el que, prometiéndonos la dicha, promete la desdicha a los que se
atrevieron a no creer en él.[1]
Guillermo Cabanellas define
el estado militar como “condición o estatuto personal que para un individuo
resulta de su pertenencia permanente o circunstancial a las fuerzas armadas de
una nación, con ciertos derechos, grandes deberes, muchas posibilidades (como
depositarias de la fuerza) y tremendas responsabilidades, por el ejercicio del
mando y conducción de operaciones bélicas”. La institución militar por su
parte, es una organización jerárquica orientada hacia el trabajo grupal,
cimentada en valores de obediencia, disciplina, confianza y lealtad. Es un
órgano esencialmente profesional, organizado para garantizar la independencia y
soberanía de la nación.[2] Estas características que
son propias y únicas de la profesión militar le son merecedoras de un trato
jurídico diferente en el campo laboral, que han sido incorporadas en el texto
constitucional de la mayor parte de naciones en el mundo.
El advenimiento de la
revolución ciudadana impregnada del socialismo del siglo XXI generada desde
Caracas, trastocó la relación civil-militar con un discurso inicial indirecto y
marginal, hasta llegar a temas sensibles como juicios por crímenes de lesa
humanidad, destitución de mandos militares, ministros poco preparados para el
cargo, con excepción de los dos últimos que a más de no estar preparados, con
sus actos y sus declaraciones, fueron enemigos declarados de la institución
militar, creación de un servicio civil armado y controlado por el régimen y con
mando directo hacia Fuerzas Armadas, creación de brigadas para la defensa de la
revolución, con instrucción militar incluida y llegada de armamento camuflado;
desde luego, olvidado por la fiscalía y por los mandos militares, imposición de
castigos a través de jueces venales, ofensas permanentes al servicio pasivo,
acuerdos y decretos creando la igualdad y la equidad, ley de seguridad social perversamente redactada,
que no es ni especial ni general, que reemplaza a la promulgada en el gobierno
del Dr. Rodrigo Borja, en la cual se reconoce su condición de régimen especial,
diferenciando con claridad los conceptos de retiro y jubilación.
La homologación salarial
En octubre 2003, se aprobó
la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación Salarial. En
las Fuerzas Armadas, el general de ejército pasa a ganar igual que un ministro
de Estado y el soldado está a la par de un servidor público uno.
Al fin se
conseguía justicia en el trato salarial de los uniformados. Este importante
punto de quiebre en las remuneraciones se hizo efectivo en un plazo de cuatro
años tanto en el servicio activo como en el pasivo. Lamentablemente, mediante
una reforma al reglamento de la ley, se crearon varias categorías de retirados,
conforme lo establece el decreto ejecutivo 1569 emitido por el presidente Alfredo
Palacio, según el cual, el militar que pasa al servicio pasivo accede a una
pensión de retiro calculada con un factor anual creciente que se eleva del 70%
al 100% del haber militar, dando lugar a una discriminación que es atentatoria
a los principios de igualdad y de solidaridad de la seguridad social.
El Presidente
Correa, mediante decreto 1515 publicado en el R.O. 498 de 31 de diciembre de
2008 congeló dicho factor en el 88%. Quienes propiciaron la creación de estas
categorías, a más de violar la norma constitucional, faltaron a la ética militar. El servicio
pasivo a través de sus representantes trató este tema en el ministerio de
Defensa, desde el 2007, recomendando un techo máximo del 82% para todos los
retirados, en plazos que no afecten a las finanzas de la seguridad social. De
este hecho se valió el Presidente Correa para arremeter contra el servicio
pasivo; sin embargo, estando en sus manos la solución, no se atrevió a tomarla.
El terreno de los Samanes
El Municipio de Guayaquil
entregó a la Junta de Defensa Nacional 2 millones de metros cuadrados de
terrenos situados a orillas del estero salado, como parte de la deuda por
impuestos que mantenía con el Ministerio de Defensa Nacional, por un valor de $
8.515.120 sucres.[3]
Con la creación del ISSFA, estos terrenos fueron
transferidos a dicho Instituto como parte de su patrimonio. En el año 2010 se
vendieron 66 lotes de terreno al ministerio del Ambiente, cumpliendo todas las
disposiciones que un contrato de venta requiere para este tipo de negociación
entre entidades del Estado. Seis años después, los Samanes se convierten en un
interesante proyecto político por su impacto de uso social, en una ciudad en la
cual los socialcristianos han gobernado desde los años 80. Según el gobierno,
el ministerio de Ambiente pagó en exceso a Defensa una cantidad de 41 millones
de dólares y el presidente Correa dispuso un débito inmediato de las cuentas
del ISSFA.
Varios analistas y
destacados jurisconsultos expresaron que hay una violación de normas jurídicas.
Que una compraventa formalizada por escritura pública, debidamente registrada,
no puede cambiar por simple decreto ejecutivo. Todo el procedimiento debió ser
judicial, apegado a los elementales principios del derecho.
Las repercusiones del
conflicto fueron variadas e inmediatas. La presencia del mando militar en los medios de comunicación,
sobrepasando la autoridad de un ministro que pasó de ser el vínculo político
entre el Presidente y los militares, a un enemigo declarado de la Institución
militar, dio paso a la cesación
inmediata de sus cargos.
Los militares no son deliberantes.”Yo soy el jefe de
las fuerzas armadas y no permitiré que
nadie me desobedezca”.[4] El ministro de Defensa,
culpable directo de las malas relaciones de Fuerzas Armadas con el gobierno fue
removido semanas después de su cargo.
Asumió funciones el Sr. Ricardo Patiño. El remedio fue peor que la enfermedad.
Apenas posicionado diría que los nuevos comandantes no tienen autorización para
pronunciarse.
"No lo van a hacer, ellos saben que se deben al poder civil, no
solamente por una cuestión de disciplina y autoridad, sino también porque permanentemente
estoy conversando con ellos, estamos tratando los temas que tienen que ver con
el desarrollo de las fuerzas armadas, con el bienestar de los soldados, con el
bienestar de los oficiales, de manera que el diálogo nos permite que no haya,
en ningún caso, ninguna diferencia, ruptura, peor pública”.[5] Dialogo?. Discurso
mentiroso.
El proyecto político de “Los
Samanes” requiere más hectáreas de terreno. Las últimas 164 hectáreas producen
un nuevo desencuentro entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Se requiere la
aprobación del directorio. El gobierno amenaza con la expropiación de los
terrenos[6].La Constitución, en su
artículo 372, respecto de la seguridad social dispone que, “Ninguna institución
del Estado podrá intervenir o disponer
de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”. Seguridad
jurídica?.
El 4 de mayo, en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del
ISSFA, se resolvió un canje de terrenos para evitar una expropiación. Los
representantes del servicio pasivo abandonaron la sesión. El 15 de mayo de 2017,
con oficio 222, Inmobiliar notifica que la resolución del Consejo Directivo del
ISSFA fue materia de revisión en la octogésima sesión del gabinete ampliado
itinerante de Montecristi, “que nos fuera participada mediante oficio 53, sin
que en la misma se haya revisado el contenido del acta del Consejo Directivo
del 4 de mayo”. Luego, en el oficio 226 se notifica la decisión del Estado de
expropiar tres predios.[7] Justicia?¡El Estado contra
una Institución. David contra Goliat!
La seguridad social militar
El 18 julio de 2017, el Presidente de la República remite a la Asamblea Nacional, un proyecto de
ley de quince artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y dos
derogatorias, mediante el cual plantea reformar tres normas relacionadas con la
seguridad social, resaltando la necesidad de modificar disposiciones que
“mantienen rezagos de aberrantes y odiosas discriminaciones”.
En el afán de atenuar los
justos reclamos de activos y pasivos, el ministro en funciones se propuso
“socializar” el proyecto remitido a la Asamblea. En el corto recorrido que
realizó por siete unidades militares, hizo uso de su autoritaria forma de
proceder, restringiendo la intervención de los militares a simples preguntas
por escrito previamente censadas por sus áulicos servidores.
En una rueda de prensa
apuradamente presentada, rodeada de un mando militar cabizbajo y temeroso, se reflejó
el disgusto del ministro ante la disposición de dejar sin efecto su atorrante
discurso de equidad y equiparamiento de la seguridad social militar. Habló de
la necesidad de tomar en cuenta las “observaciones importantes y sesudas”
entregadas durante su socialización por parte de los militares, y llamar a la
comparecencia de los técnicos del ISSFA y del comando conjunto para analizar
una propuesta con más detalles. Nunca hubo ese análisis. Nuevo discurso mentiroso.
El 10 de agosto, en la
ceremonia militar conmemorativa de la fecha cívica, el comandante del ejército
pidió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, que el proyecto de reformas al
seguro social militar sea “revisado, consensuado y manejado técnicamente,
manteniendo el principio de irretroactividad”. De no cumplir con esos
principios, recomendó a la autoridad legislativa que dicho cuerpo legal
propuesto por el ejecutivo “sea archivado”[8]. Solicitó además, que la
Comisión de Derechos del Trabajador
convoque al mando militar “para exponer los argumentos profesionales y técnicos
que contribuyan a mejorar en su estructura y contenidos la iniciativa de ley
del ejecutivo”. El ministró respondió que él es el “representante legal de las
fuerzas armadas y como tal le corresponde llevar adelante las políticas del gobierno”.
Muy clara su afirmación, había un objetivo político. El comandante del ejército
fue motivo de duras críticas de los asambleístas del gobierno.
Lo acontecido en la asamblea
nacional, cumpliendo una disposición política, una más dentro de su apretado
programa de aprobar leyes elaboradas en el ejecutivo, con el carácter de
orgánicas, para hacerlas más difíciles de ser reformadas, no nos debe llamar la
atención. Una comisión que no conocía de seguridad social, tampoco tenía la
menor idea de la profesión militar y un ministro que no sabía de ninguna de las
dos, reformaron la ley, con serias deficiencias en su contenido, irrespetando
la Constitución vigente, con una evidente carga ideológica amparada en
conceptos de equidad e igualdad no compatible con la profesión militar fue
expedida por el gobierno bajo el nombre
de Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El gobierno en su conjunto no quiso
entender que la profesión militar es una profesión especial, y como tal, debe
regirse a leyes especiales. La institución militar debe demandar su revisión,
en la cual se incluyan estudios serios, propios de su carácter especial.
“No trataremos temas militares, sin los
militares”- manifestó el nuevo Presidente del Ecuador- Lcdo. Lenin Moreno al
momento de su posesión. Es urgente que su palabra se traduzca en una revisión
de la ley, antes de que su apurada aprobación produzca daños irreversibles en
la seguridad social militar.
Ante la imposibilidad de que
la institución militar se pronuncie sobre temas militares a través de sus
mandos, un ciudadano, el general en servicio activo Luis Lara, en acto que le
honra y que es digno de reconocimiento, demandó al Presidente de la República y
a la Presidenta de la Asamblea Nacional, ante la Corte Constitucional por la
aprobación de la ley.
El documento fue presentado el 29 de noviembre de 2016,
fundamentado en los artículos 84, 436 numeral 2, y 439 de la Constitución de la
república, solicitando la inconstitucionalidad por el fondo y la forma, por
contravenir principios y derechos constitucionales. Solicita además, suspender
provisionalmente las disposiciones emanadas en la Ley. El 5 de diciembre de
2016, la Corte Constitucional admitió la causa y corrió traslado al Procurador
del Estado y a la Presidenta de la Asamblea para que impugnen o defiendan la
constitucionalidad de la norma.
El 6 de abril 2017, en audiencia pública, la
Corte inició trámite de la demanda y dio 72 horas de plazo a las partes para
que presenten pruebas. No tengo noticias sobre los cumplimientos del
plazo. El 3 de mayo, el Presidente de la
República expidió el reglamento a la Ley, elaborado a espaldas de la
institución militar. El documento contiene 105 artículos, 10 disposiciones
generales, 27 transitorias, una reformatoria, una derogatoria y una final. Bajo
estas disposiciones impuestas por el régimen, la seguridad social militar, al
igual que la institución, fue dividida.
El crimen de lesa humanidad
En mayo de 2007, se crea la “Comisión
de la Verdad”, para investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos
ocurridos entre 1984 y 1988. Como comité de soporte se nominó a ex integrantes
de “Alfaro Vive Carajo” comandada por Mireya Cárdenas. El objetivo de los
“subversivos” fue el de alcanzar una indemnización del Estado, la misma que se
materializó a finales del 2013, con la Ley de Compensación aprobada por la
asamblea nacional; además, se erigió un monumento y se entregó la condecoración
Vicente Rocafuerte al cabecilla de esta organización. Fue una bofetada a las Fuerzas Armadas.
“Crímenes de lesa humanidad.
Una llamada Comisión de la Verdad, a la que cabe aplicar la máxima de
antiquísima sabiduría: por sus frutos los conoceréis. Ese fruto son ocho
militares probos, de impecable carrera
militar, reducidos a prisión domiciliaria y en riesgo de ir a dar en reclusión
peor por algunos desmanes que se habrían dado en los días en que ejército y
marina combatían focos guerrilleros que trataban de extender su fuego para
alcanzar trazas de incendio como en las FARC colombianas o el Sendero Luminoso”.[9]
El 30 de septiembre: La
arrogancia de un gobernante.
El 30 de septiembre de 2010
se insubordinó el regimiento “Quito”, como consecuencia de la aprobación de la
Ley de Servicio Público impuesta por el gobierno nacional. “Un Presidente que, ante un motín policial en
defensa de algún interés económico o clasista, iba a meterse, desafiante y
bravucón, en pleno vórtice de la tormenta
que iba arreciando y acabó secuestrado”.[10] A las Fuerzas Armadas le
costó la vida de dos soldados y 42 heridos entre oficiales y tropa. El país
despidió a siete ciudadanos que dieron
su vida por la soberbia política de sus mandantes. “Nada justifica el
amotinamiento policial del 30-S, peor
los agravios que recibió el Presidente, pero es menester no solo buscar
culpables sino también responsables”.[11]
Armamento camuflado
El 15 de agosto de 2014,
sorpresivamente llegaron a Guayaquil 10 contenedores en cuyo interior se
encontraban 10.000 fusiles AK-47 donados por China. Según el ministro de
Defensa Ricardo Patiño, el armamento fue requerido por el general Luis Garzón,
ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, y que aún faltaba por llegar
15.000 fusiles más. Que una comisión técnica analizará el “mejor uso” que se
pueda dar a esa dotación concluía el ministro. Se informó que el convenio era
reservado por petición del gobierno chino, hasta que llegue toda la dotación al
país, y que los convenios de
entendimiento no se deben notificar a la Asamblea.[12] Hasta la presente fecha
(Junio 2017) no existe un pronunciamiento del oficial general que según el
ministro solicitó este armamento. Las brigadas de la revolución ciudadana se
quedaron sin armamento?
Los Consejos de disciplina
El único medio de
comunicación colectiva que no debe ser utilizado por un estadista para
comunicarse con los miembros de las fuerzas armadas es el correo electrónico en
sus diferentes modalidades. La arrogancia del Presidente Correa le impidió
entender que la profesión militar es jerarquizada y como tal, tiene canales
propios de ella para llegar a sus subordinados. Son las formalidades militares
de las cuales habla el capitán de corbeta Edwin Ortega. Pretendió explicar, por este medio, en febrero
y mayo del 2016, las razones por las cuales dispuso el débito de los fondos del ISSFA. Entre sus
explicaciones incluyó conceptos sobre la profesión militar, sobre la seguridad
social, sobre el servicio pasivo, encaminados a crear dudas en el personal
militar. El uso del correo electrónico para dirigirse a una persona lleva
implícitamente la posibilidad de que esta persona la conteste.
Así sucedió, derivaron en
respuestas del personal militar, las mismas que generaron el disgusto del
mandatario y la disposición de que sean sancionados por faltar al respeto de un
superior jerárquico. Se conformaron Consejos de Disciplina de acuerdo a los reglamentos militares, y llegaron a resoluciones ceñidas
a dichas normas. Los militares tienen fueros y potestades propias de su carrera
y de su régimen castrense. Las resoluciones de los Consejos no satisficieron al mandante y fueron judicializadas; es
decir, se estaba judicializando la relación civil-militar. La justicia
subordinada al poder, en su afán de cumplir con la disposición, le llevó al
Presidente de la República a pedir un amparo constitucional. ¡Asombroso!. Había
que sancionar el irrespeto a la
“subordinación de los militares al poder civil”. La acción de protección
constitucional es un escudo que tenemos las personas para defendernos del
Estado. No al revés. No es una espada en manos del Estado para sancionar a las
personas. Para esto último hay otros cauces procesales.[13]
La Instrucción militar de la revolución ciudadana
La Instrucción militar de la revolución ciudadana
El 11 de septiembre de 2016, el ministerio de Defensa emite un comunicado
“rechazando toda responsabilidad en relación a un video” que circuló en redes
sociales. En la grabación que dura 12 minutos con ocho segundos, dos militares
instruyen a un grupo de civiles de cómo comportarse cuando la fuerza pública
controla una manifestación. Se anunció una investigación, en coordinación con
el comando conjunto, para detectar quienes son los supuestos militares que
aparecen en el video. La fiscalía se hizo cargo del caso: “El uso de la fuerza
solo le corresponde jurídica y legalmente al Estado”. Serán sancionados con
pena privativa de libertad de seis meses a dos años quienes impartan o reciban
instrucción militar.
En
el video asoman el legislador por Alianza País Rodrigo Collaguazo y Carla
Delgado, coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes del movimiento político del
Presidente. El video es “montado” afirma
el legislador cuando acude a la fiscalía llevando guirnaldas, palomas y flores
en manos de quienes seguramente formaban parte de las brigadas de defensa de la
revolución ciudadana, para que le rindan honores y le aplaudan luego de su
magistral clase de oratoria. “es una mañana
deportiva y un picnic” dijo la coordinadora.
El 20 de septiembre el ministro confirmó que son militares y que
“cometieron un gravísimo error”. “No cuentan con ninguna autorización del
ejército ni de las fuerzas armadas para dar este tipo de entrenamiento, y peor
aún uniformados”. La equidad y la igualdad empezaban a dar sus frutos en el
ámbito de la disciplina militar? Un tema que el comandante del ejército debe
haber conocido en pocas horas, pero que no tuvo autorización superior para
hacer conocer al país desde que alturas del poder se dio la disposición de
hacerlo. Por ahora, fue a parar en la fiscalía y allí reposa hasta la presente
fecha.
Las Fuerzas Armadas: una Institución sin mandos
Diciembre del 2015, la fuerza naval tuvo el último comandante que cumplió
dos años en el cargo, que es el máximo tiempo que estable la ley. Los
siguientes comandantes fueron defenestrados en intervalos de tres a cinco
meses. El ejército y la fuerza aérea perdieron 14 generales; es decir, las
fuerzas armadas perdieron nada menos que 24 oficiales en cuyas manos estaba la
seguridad interna y externa de la nación. Había que llegar a los tenientes,
como lo propuso el presidente, ventajosamente el tiempo no lo permitió.
Ninguno
de ellos fue separado por actos atentatorios al honor militar, por faltas que
atenten a la seguridad nacional, por corrupción en el manejo de la Institución;
salieron porque en “democracia los civiles definen la política de la defensa,
pero sin suplantar a las Fuerzas Armadas”[14]
El último cambio de mando se dio en el ejército, por solicitar a su superior,
el comando conjunto, recabar del organismo electoral se respete la cadena de
custodia durante las elecciones de febrero 2017. El Consejo de Generales de la
Fuerza, como organismo de asesoramiento del comandante respaldó el pedido. La
respuesta política:”los militares no son deliberantes”, “se les paga para
cuidar el material electoral”[15].
Le costó el cargo al comandante del ejército y junto con él a 3 oficiales más.
Generales y almirantes
salieron por la puerta de atrás, dejaron una larga y meritoria carrera militar,
pero tuvieron miedo de reclamar con la frente en alto el maltrato gratuito a la
institución militar. El respeto a la Institución parte del hecho de que sus
mandos sean separados a través de disposiciones motivadas, y no valerse de
argucias jurídicas para llegar a terceras personas. En beneficio de la institución
y del país, es hora de modificar la ley de personal en el sentido de respetar
el tiempo de duración en el cargo de jefe del comando conjunto y comandantes de
fuerza, salvo el cometimiento de faltas expresamente consignadas en la ley. No
es fácil reemplazar a 24 oficiales generales que llegaron a ocupar los más
altos cargos de una institución, que tiene como misión fundamental la seguridad
externa e interna del país. Los generales no son funcionarios reciclables.
“La defensa de la Patria
significa luchar contra la desigualdad, contra la miseria, contra la exclusión
y la pobreza, por la unidad, por la equidad, por el progreso, por la justicia y
por el buen vivir”[16]
Se olvidaron que en la Patria invadida por un enemigo externo o por movimientos insurgentes, no será posible
ninguna lucha que su desgastada ideología viene persiguiendo desde el siglo
XIX.
El código de entidades
de seguridad
El
10 de mayo de 2017, luego de extenuantes jornadas de trabajo, incluidas malas noches
y fines de semana por parte de la comisión encargada de cumplir la orden
emitida por el Presidente de la República,
la asamblea nacional aprobó un nuevo esquema de seguridad del Estado, al
margen de la Constitución, del reactivado proyecto del Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, sin que las Fuerzas Armadas
hayan emitido opinión alguna dentro de su elaboración, en una materia tan
sensible que debe preocupar profundamente a la institución militar. Con 71
votos a favor y 21 en contra se aprobaron los cuatro libros que integran el
Código.
Una entidad pública,
especializada, jerarquizada, civil, armada, dependiente del ministerio del
Interior es la que estará a cargo de la protección de las autoridades del país.
Las Fuerzas Armadas se subordinarían a esta entidad, en caso de ser necesario
para el cumplimiento de su misión. Personas
con “calidad moral” y sin “antecedentes” serán quienes integren los cuerpos
civiles armados de protección de autoridades, afirmó el ministro Patiño. Acaso
el personal militar que cumplen hoy esas funciones carecen de esas cualidades? El nuevo Presidente de la República le haría
un gran servicio a la patria, disponiendo la revisión integral de este polémico código. Por lo pronto, su afirmación de que confía plenamente en la seguridad
que le brinda el personal de Fuerzas Armadas, deja sin efecto la prepotente y
arrogante disposición emitida por el presidente saliente, a pocos días de dejar
su puesto.
Las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional
El advenimiento de la
revolución ciudadana significó un cambio en la planificación de la seguridad
nacional. El gobierno está en su derecho de hacerlo, siempre y cuando en su
elaboración participen los representantes de las instituciones que tienen que
ver con tema tan delicado para la supervivencia de la Nación. En el caso de las Fuerzas Armadas, por no ser “deliberantes” no fueron tomadas en cuenta.
La visión política del
socialismo del siglo XXI respecto de la seguridad, es de carácter integral, con
la finalidad de garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de
los ciudadanos, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio
de la democracia, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante
riegos y amenazas.[17]
Para la consecución de estos objetivos, conforme a la doctrina, se requiere
poner en práctica algunos principios; entre otros: el carácter no ofensivo de
las doctrinas militares, el control civil hacia la fuerza pública y el uso de
unas Fuerzas Armadas policializadas.[18]
Con ésta visión y
principios, se promulgó la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en la cual,
en su considerando séptimo, se manifiesta la necesidad de renovar la doctrina
de seguridad “bajo una óptica
civilista”. Efectivamente así sucedió. En el Consejo de Seguridad
Pública, únicamente el jefe del comando conjunto representa a las Fuerzas Armadas.
El secretario del Consejo es el ministro de Coordinación de Seguridad,
hoy desaparecido por innecesario. La Dirección Nacional de Movilización pasó a
ser una unidad administrativa de este ministerio. Habrá que buscarle un puesto.
La Secretaría Nacional de Inteligencia pasó a órdenes del Presidente de la
República quien nombra a su titular que no podrá ser miembro activo de las Fuerzas Armadas. La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos reemplazó a la
Dirección de Defensa Civil. Es autónoma bajo la supervisión del ministerio
eliminado. Como organismos de asesoramiento se creó un Comité Consultivo
integrado por todos los ministros de Coordinación. Ninguno de ellos era
necesario. Fueron eliminados. Tendrán que reformar la ley y buscar en donde
colocar a estos organismos; es decir, habrá que reformar la Ley, momento
adecuado para volver las aguas a su cauce, con una adecuada y necesaria
participación de las Fuerzas Armadas.
La primera experiencia para
poner en práctica la nueva organización de la seguridad nacional se dio en
Manabí. Un terremoto de 7,8 grados de magnitud dejó serios daños sicológicos y materiales.
La presencia de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos fracasó. El Comité
Consultivo tampoco funcionó, cada uno de los ministros coordinadores actuaba
independientemente y tuvieron problemas con los comandantes de las unidades
militares. La ministra de la Política celebraba la presencia de los militares
en el manejo logístico. Tuvieron que intervenir (los militares) porque se
detectó un error en la conceptualización que se tenía del servicio de gestión
ante desastres y emergencias-decía el ministro de Defensa- aceptando de mala
gana el fracaso de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Un evento de esta
naturaleza requiere de una institución que tuviera mayor capacidad, mayor
personal y que estuviera preparada justamente para este tipo de actividades,
insistía el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas desplegaron todo su
potencial planificador y logístico para superar este grave acontecimiento de
carácter natural. Al año de producido el terremoto, el gobierno se acordó de
que debía agradecer a la institución militar, y ordenó que impongan una
condecoración al pabellón del Comando Conjunto. Es hora de que los informes
referidos a la presencia de la
Institución en la zona del desastre sean conocidos por el país.
Otros desaciertos de la
revolución ciudadana
Como formalismo
innecesario califica una reforma a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas,
los decretos ejecutivos mediante los cuales se ascendía a una nueva jerarquía a
los oficiales de la institución. En la asamblea nacional, al tratarse estas
mismas reformas a la ley, un asambleísta preguntaba ¿existe realmente la
profesión militar?[19] También
desconocía que en la SENACIT no se registran profesiones, sino títulos, en su
afán de desconocer el altísimo grado de
educación académica que imparte la universidad de las Fuerzas Armadas. Igual
se prescindió de los edecanes militares
para las máximas autoridades; no se consideró que la presencia del edecán era
una representación histórica, institucional, una demostración de la
subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil legítimamente constituido.[20] Un
oficio del secretario de la administración pública, dirigida al ministro de
Defensa, disponía la eliminación de las agregadurías militares. Austeridad dijo
el ministro.[21]
El 3 de marzo de
2016 se expidió el decreto 945 mediante el cual se ordenó que no haya
distinción ni discriminación entre oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas.
Pasará a la historia de este país. Por primera vez un jefe de Estado en su
condición de máxima autoridad de las Fuerzas Armadas buscaba cambiar el modo de vida de la profesión
militar, mediante un decreto ejecutivo. Trataba de respaldar a su ministro de
Defensa, que apuradamente, horas antes de abandonar su despacho quiso
trascender firmando un acuerdo ministerial en este sentido. La profesión
militar, muy a pesar de sus detractores,
es una profesión especial, es una forma de vida que nace con la
República y morirá cuando ella desaparezca.
No puedo dejar
de mencionar a los “hombres de negro”, oficiales en servicio pasivo a
quienes los dos últimos ministros de Defensa y el Presidente de la República a
su turno, agraviaron sistemáticamente, en la mayor parte de sus intervenciones.
No quisieron escuchar, una vez más, el mismo despectivo discurso orientado a enfrentar
a oficiales y tropa, a civiles y militares. Le dejaron con el vocativo iniciado
y una mirada de indignación propia de los frustrados. Los cadetes de las
Escuelas Militares, algunos de ellos, mandos de la institución militar después
de 40 años, se estarían preguntando si
su elección de ser militares fue la más adecuada.
Sugestivo el título de un comunicado contratado en los medios de
comunicación colectiva, como Intereses Generales, en contra de las Fuerzas Armadas,
supuestamente firmado por el señor Rafael Correa Delgado, sin número de cédula
que normalmente es solicitado, y a título de Presidente Constitucional de la
República. Es sugestivo por lo inusual de su publicación y de su contenido,
tratando de explicar que el ISSFA no tiene la condición de república y peor aún
independiente. Es, posiblemente, la primera vez que un Jefe de Estado,
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, utiliza una herramienta que era
común de la partidocracia corrupta, según sus propias palabras.
A manera de conclusiones
· Los
hechos referidos no fueron circunstanciales. Analizados en su conjunto
constituyen eventos adecuadamente planificados, orientados a afectar seriamente
la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Fueron ejecutados mediante una
campaña de operaciones sicológicas, utilizando la prensa escrita (El
Telégrafo), medios audiovisuales (televisión estatal y canales incautados),
cadenas radiales y de televisión (Secretaría de Comunicación) y las sabatinas,
monólogos utilizados para decir verdades a medias o simplemente mentiras.
Consiguieron sus objetivos. Incidieron directamente sobre los valores de la
profesión militar.
· Las instituciones configuran la comunidad
política de un país. Una institución, entre ellas, las Fuerzas Armadas, son un
conjunto relativamente estable de reglas basadas en principios, valores éticos
y morales, tradiciones, ceremonial, entre otros, propios de la profesión, alojadas en
estructuras cuyos recursos hacen posible su organización y su administración, y
estructuras de significados que justifican su rol en el Estado, su
comportamiento, pertenencias, propósitos y creencias. No tiene un fin
específico, es un facilitador de la actividad comunitaria.[22]
·
De un
ejército profesional al ejército
político solo hay un paso; y cuando este
se da, pobre de la Institución armada y del país. La libertad política de un
pueblo estará garantizada siempre y
cuando el ejército este alejado de las luchas políticas y consagrado al
servicio de la patria.
·
La función de las Fuerzas Armadas dentro de
la comunidad política será directamente proporcional a la calidad de la
democracia. Mientras más democrática sea la forma en que un gobierno resuelva
los problemas políticos y sociales, mayor será la capacidad de la élite
política para conducir al país sin necesidad de recurrir a otra fuente de poder
que no emane de la constitución.[23]
·
La
institucionalidad del ejército fue seriamente afectada durante el gobierno del
Presidente Correa, y así como está, no es posible fortalecerla como son las buenas
intenciones de su comandante general. Fortalecer es hacerlo más fuerte, es
confirmar o apoyar. Su objetivo debería ser el de recuperar la institucionalidad
del ejército, es decir, volver a tomar o adquirir lo que se ha perdido. En este
caso particular, es imprescindible recuperar los valores, los principios, la
disciplina, el honor, el ceremonial, las tradiciones del “Ejército Vencedor”.
El comandante general está plenamente
capacitado para liderar ésta misión que es de supervivencia profesional en beneficio
de la patria, sin importar quienes estén al mando de la Nación.
·
Los
hechos que han marcado la relación gobierno-Fuerzas Armadas en la década
2007-2017, someramente tratados en este artículo , pues cada uno de ellos
podría ser analizado en algunas decenas de páginas, determinan con claridad
absoluta, que fue una década perdida para la Institución militar.
Quito, 15 de junio 2017.
Publicado en la revista "Presencia" No 33 de la Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas.
[1]
Susana C. de Espinosa. La Estupidez humana. El Comercio. 30 de mayo 2017.
[2]
María Emilia Guevara. Universidad Simón Bolívar. Revista Universitaria.2012
[3]
R.O. 9 de 11 septiembre 1956
[4]
Rafael Correa. 5 de febrero de 2016
[5]
Ecuador inmediato. 6 de marzo de 2016.
[6]
Conversatorio con medios de comunicación. Guayaquil. 24 de abril 2017
[7]
El Comercio. 29 de mayo 2017. Miguel Rivadeneira.
[8]
El Comercio. 11 de agosto de 2016
[9]
Hernán Rodríguez Castelo. Prólogo del libro Testimonio de un Comandante. 2014
[10]
Ibídem
[11]
Molina Alberto. Crnl. Militares en su Laberinto. Marzo 2017
[12]
Declaraciones del Sr. Guillermo Navarro, asesor del ministro de Defensa Arq.
Cordero. El Universo de Guayaquil. 25 de agosto del 2006
[13]
Hernán Pérez. El Universo de Guayaquil. 30 de agosto de 2016.
[14]
Rafael Correa. Ceremonia de cambio de mando en la Armada. Enero 2016.
[15]
El Comercio. 7 de marzo de 2017
[16]
Ricardo Patiño. Discurso en el cambio de mando del Ejército. Marzo 2017
[17]
Plan Nacional de Seguridad Integral.
[18]
Conferencia Especial de Seguridad. México. Octubre 2003
[19]
Octavio Villacreses. Alianza País. Septiembre 2016.
[20]
Alberto Molina. Crnl. Militares en su Laberinto. 2017. Pág. 47
[21]
Mayo 2016
[22]
Constantino Urcuyo. Reflexiones sobre institucionalidad y gobernabilidad
democrática. Flacso.
[23]
Vicente Castro Martha. Universidad Simón Bolívar
