EL PACTO DE CABALLEROS
El Protocolo de Río de Janeiro, al referirse a la zona Oriental Zamora -Santiago, establece en el párrafo 1º letra b) del artículo VIII, que la frontera seguirá por “la quebrada de San Francisco, el “divortium aquarum”, entre el río Zamora y el Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi”. En la demarcación del sector septentrional surgieron problemas de identificación geográfica, por lo cual los dos países solicitaron la colaboración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta elaboró un mapa aéreo fotogramétrico que fue entregado a las partes en febrero de 1947.
El Protocolo de Río de Janeiro, al referirse a la zona Oriental Zamora -Santiago, establece en el párrafo 1º letra b) del artículo VIII, que la frontera seguirá por “la quebrada de San Francisco, el “divortium aquarum”, entre el río Zamora y el Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi”. En la demarcación del sector septentrional surgieron problemas de identificación geográfica, por lo cual los dos países solicitaron la colaboración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta elaboró un mapa aéreo fotogramétrico que fue entregado a las partes en febrero de 1947.
El Mayor Francisco Sampedro, en su libro “Geografía
Histórica Territorial del Ecuador a 1994” manifiesta documentadamente, que
dicho mapa identificado como “AAF SPECIAL PRELIMINARY BASE-ECUADOR-PERÚ BOUNDARY STUDY” en una escala de 1:500.000 fue un documento abiertamente
parcializado a favor del Perú, y que la
Cancillería ecuatoriana se mantuvo en silencio, sin expresar su inconformidad.
El mismo autor relata la forma en que pudo conocer dicho documento, al asistir
a un curso de cartografía en los Estados Unidos, y durante su estudio pudo
determinar indicios de que no existía la divisoria de aguas que consta en el
Protocolo, razón por la cual, a su regreso al Ecuador, conjuntamente con el
Comandante General de la FAE, realizaron vuelos de reconocimiento de la zona,
los mismos que determinaron la existencia del Cenepa y permitieron, con el asesoramiento
de instructores de la Aeronautical Chart Branch, cartografiar en Washington el
primer mapa del Ecuador, que llevó al Presidente Galo Plaza a proclamar la
Inejecutabilidad del Protocolo de 1942.
Este mapa demostró que entre
los ríos Zamora y Santiago se extiende, en una longitud de más de 190
kilómetros, un nuevo sistema fluvial
independiente, el del río Cenepa, afluente directo del Marañón. Su presencia
determinó la existencia de dos divisorias principales de aguas: una entre el
Cenepa y el Zamora y otra entre el Cenepa y el Santiago, ninguna de las cuales
se hallaba prevista como línea de frontera en el texto del Protocolo.
Las propuestas de solución
planteadas al Perú en 1949 y 1950 no tuvieron eco, más bien, fueron un pretexto
para pretender continuar con la demarcación, lo cual motivo que la Cancillería
ecuatoriana pusiera en manos de los garantes la solución a la “cuestión de
límites”, los mismos que, en base a este documento, sugirieron a los dos gobiernos, el 16 de mayo
de 1956, la conveniencia de que el “Interamerican Geodetic Survey”, con la
colaboración de las partes, efectuara un levantamiento de la zona. El Perú,
fiel a su tradición, negó esta participación, y se suspendió el proceso
demarcatorio.
La posición del Perú no
eliminaba el problema, ni remediaba la inexistencia de la divisoria. “El mero
hecho de que la existencia de una controversia sea disputada no prueba que esa
controversia no existe”, afirma la Corte Internacional de Justicia.
El Perú manifestó
reiteradamente que el caso Zamora-Santiago fue ya solucionado por el fallo del
Árbitro brasileño Días de Aguiar, dictado el 15 de julio de 1945; es decir, dos
años antes de que la inexistencia del divisorio de aguas fuese demostrada por
los mapas norteamericanos.
El fallo del árbitro
brasileño se refirió al sector septentrional de la zona. En el sector norte si
existía el divortium aquarum Zamora-Santiago que el árbitro suponía existente
desde la quebrada de San Francisco, sin embargo esa línea fue desechada en su
fallo; y si lo hubiera consignado, tendría los mismos errores y defectos del
Tratado. El Perú intentó encontrar una prueba de la línea en el sector, por
existir 12 hitos colocados indebidamente por la Comisión Demarcadora. El
Ecuador replicó y consignó como indefinida “la soberanía de los dos países en
el sector”.
Durante el proceso
demarcatorio, el Perú insistió en que la línea de frontera en el sector
septentrional de la región Zamora-Santiago debía seguir por las altas cumbres
que forman el divorcio de aguas de los dos ríos, hasta el último punto del
mencionado divorcio, esto es, la confluencia del Paute con el Zamora y de allí
seguir hasta la unión del Yaupi con el Santiago. El Ecuador sostuvo que dicha
línea debe ir directamente del origen de la quebrada de San Francisco, a la
confluencia Yaupi-Santiago.
El árbitro consignó en su
fallo que la frontera debe ser definida así: “de la naciente del río San
Francisco seguirá por el “divortium aquarum” entre los ríos Zamora y Santiago
hasta la parte norte de donde se desprende el contrafuerte que va a terminar
frente a la confluencia del Santiago con el Yaupi, en seguida, por ese
contrafuerte, esto es, por el divisor que separa las aguas que van por el norte
a desaguar en el Santiago, arriba de la boca del Yaupi, de las que van para el
Este a desembocar en el mismo río, debajo de aquel afluente. Si la extremidad de este divisor de aguas
no llegare a la confluencia del Yaupi, la divisoria será una recta entre su
extremidad y la referida confluencia” El Ecuador mantuvo que Cusumaza es el
punto final del contrafuerte.
En 1947 la brigada mixta
“Norte” del ejército peruano, levantó una poligonal desde la boca del Yaupi
hasta el hito Cusumaza-Bombuiza, punto final del contrafuerte divisor
mencionado por el árbitro en su laudo,
poligonal que seguía el accidente secundario que el Perú pretendió que fuera
demarcado.
El 10 de agosto de 1950, el
Presidente Galo Plaza, en su mensaje al Congreso, respecto de la zona
Santiago-Zamora decía: “respecto a esta diferencia, la están tratando directa y
amistosamente las cancillerías del Ecuador y Perú. A Ecuador anima un sincero
espíritu de facilitar la solución de las cuestiones pendientes, con el respeto
a los dictados de la justicia y el derecho. Venimos cumpliendo, con amplitud,
las obligaciones que nos impone la convivencia internacional y la necesidad de
ir fortaleciendo el régimen jurídico del mundo”.
El 10 de agosto de 1951, un
año más tarde, el Presidente volvía sobre el tema: “Por mi parte, como Jefe de
Estado, debo aclarar que mi gobierno no podrá aceptar, en ese sector, una
frontera que no reconozca los inalienables derechos amazónicos del Ecuador y
proporcione una salida propia y soberana al río Marañón”.
Varias fueron las
invitaciones del gobierno nacional hacia el del Perú, para integrar una
Comisión Mixta Especial que se encargase de reconocer y estudiar amplia y
suficientemente la zona en disputa, y en especial, el curso del río Cenepa.
Ninguna de ellas tuvo eco en la diplomacia peruana; por esa razón, el 27 de
agosto de 1951, la Cancillería dirige un memorándum a los países garantes, en
el cual, entre otros aspectos, se manifiesta: “La inexistencia del divortium
aquarum, según queda indicado, trae como consecuencia la inexistencia de una
línea de frontera en tal sector. Los hitos construidos al Norte de la Quebrada
San Francisco no tienen, por lo mismo, valor jurídico alguno, pues han sido
eregidos en puntos que no corresponden a una divisoria de agua entre el Zamora
y el Santiago. No habiendo línea de
frontera, no cabe hablar de ejecución del Protocolo en una zona en la que ésta
adolece de error substancial por referirse a un accidente geográfico que no
existe.”
El Presidente Camilo Ponce, en un mensaje
a la nación, en la clásica fecha nacional, en 1959, respecto al litigio decía:
“Dígase lo que se diga, el Protocolo de Río de Janeiro es inejecutable parcialmente…”
, y concluía, “parece una lógica consecuencia de haberla trazado (la línea) con
sobra de precipitación ante un mapa algo mayor en tamaño que una caja de
fósforos”.
En 1960, con Velasco Ibarra
en la Presidencia, ante una información de la prensa peruana, en la cual las
autoridades reclamaban que se cumpla el Tratado, en un discurso con motivo de
la inauguración del monumento al héroe nacional, capitán Edmundo Chiriboga, con
estas palabras declaró la nulidad de dicho documento: “¿Es que ese es un Tratado? ¿Cabe que se celebre un contrato con la
pistola en el pecho del contrincante? El Tratado de Rio de Janeiro es un
Tratado nulo.”
La Cancillería ecuatoriana
comunicó oficialmente a los países garantes, los mismos, como era de esperarse,
concluyeron que “es un instrumento válido y debe ser cumplido”. Esta conclusión
nos lleva a pensar que los garantes verificaron en sitio la validez del
Tratado, y que por esa razón obligaban a su cumplimiento. La Corte Suprema de
Justicia apoyó el pronunciamiento del Presidente: “En conclusión, la Corte
Suprema del Ecuador, declara que la nulidad absoluta del Protocolo de Rio de
Janeiro es tesis de incontrastable valor científico y jurídico…”
El 7 de mayo de 1968, en la
Conferencia sobre derechos de los Tratados, en la ciudad de Viena, se aprobó,
con la enmienda propuesta por el Ecuador, el artículo 49 de la Convención de
Viena que dice: “Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la
amenaza o uso de la fuerza en violación de los principios del derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”; sin embargo, un
año después, en abril, introducía lo siguiente: “ésta solo se aplicará a los
tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la
presente Convención con respecto a tales Estados”
A finales de 1968 y el
advenimiento de un nuevo periodo velasquista, el Presidente electo cambió su
postura sobre la nulidad, para pasar a una transacción honrosa que nunca se
dio.
Durante los años 70, periodo en el cual ambos países estaban
gobernados por militares, existió un
acercamiento hacia el dialogo y cooperación, manteniendo un statu quo en el
problema del Zamora-Santiago; sin embargo, a inicios de 1976 se produjeron
algunos hechos en la zona de conflicto, que hacían pensar a las autoridades
militares y de la Cancillería, de que el Perú intentaba nuevamente hacer
presencia militar en dicha zona, mediante
la ocupación del extremo nororiental de la loma Kaputna, nombre que
nace, para asunto de límites, en las opiniones divergentes asentadas en el Acta
de Inauguración del hito 19, en la cual, para el Perú, la línea debía seguir
por este accidente secundario, antes de unirse con el hito 21. Este hecho determinó por parte del Ecuador, la creación
del destacamento “Teniente Hugo Ortiz”, y por parte del Perú, la instalación
del puesto de vigilancia “Cabo Chiqueiza”, a 1200 metros al Suroeste del
primero.
En enero de 1978 se
produjeron algunos incidentes entre patrullas de los dos ejércitos. El Perú había
dispuesto instalar puestos de
vigilancia, entre ellos el PV-3 y PV-4, en el sector de Comaina, en las
cercanías de la desembocadura del río del mismo nombre en el Cenepa; es decir,
en el tramo que no existía línea de frontera, por ende, no cabía ninguna
interpretación ni ejecución del Protocolo de Río. Los incidentes dieron lugar a
reuniones bilaterales de inteligencia, orientadas a evitar enfrentamientos;
inclusive, se reunieron los jefes de estado mayor de los dos ejércitos, buscando acuerdos que
eviten intervenir a las partes en la zona no delimitada. Entre los acuerdos
logrados se destaca uno, que tomando como referencia un gran árbol existente
entre los puntos Cusumaza y Yaupi, se lo considere como un hito referencial, en
vista de estar localizado ligeramente al Este de la línea imaginaria demandada
por el Ecuador como límite. La Cancillería hizo un reconocimiento físico del
lugar, y determinó que los patrullajes del personal militar debían llegar hasta
unos 50 metros antes de dicho árbol.
Las buenas intenciones de un
statu quo duraron muy poco, de parte y parte se fueron dando disposiciones
tendientes a evitar que cualquiera de los ejércitos tomara posición efectiva de
la zona, a través de la instalación de destacamentos o puestos de vigilancia,
lo cual desembocó en un nuevo enfrentamiento armado que se inicia el 22 de
enero de 1981, en el sector oriental de la Cordillera del Cóndor. El Perú
quería a todo trance que se reconozca tácitamente que la Cordillera del Cóndor
era el límite natural entre los dos países; el Ecuador le recordaba por su
parte, que el propio Presidente de la Comisión Peruana Demarcadora de Límites, capitán de navío José Barandarián afirmaba, “El Protocolo no sólo no indica que la
Cordillera del Cóndor debe servir de límite, sino que ni siquiera hace mención
de esa Cordillera en ningún momento”.
El conflicto motivó la reunión de la XIX Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores y mantenimiento de la paz, por parte de la
OEA, el 29 de enero de 1981, pese al voto en contra del Perú, misma que
concluyó el 4 de febrero, con resoluciones que en nada aportaban a la solución
definitiva del problema limítrofe entre los dos países. Se elaboraron Acuerdos
o Notas separadas suscritas cada una de ellas por los representantes militares
de sus respectivos países; la del Ecuador firmada por el Vicealmirante Raúl
Sorroza Encalada haciendo conocer las coordenadas en las cuales se detienen las
fuerzas ecuatorianas, en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor,
enfatizando que “Nada de lo que acepten las partes respecto de estos arreglos
prácticos ni los términos de su aceptación prejuzgan sobre cuestiones de
fondo”; y, la Nota firmada por el Vicealmirante Jorge Du Bois Gervasi,
enfatizando en que los “efectivos militares del Perú se mantendrán en
territorio peruano, es decir en la vertiente oriental de la Cordillera del
Cóndor”.
La Nota del Vicealmirante Du
Bois fue analizada por la Cancillería ecuatoriana en una Nota dirigida a los
países garantes, en la cual se hace notar de que “la decisión unilateral de que
su voluntad se constituya en norma, para señalar un límite inexistente, para
comprometer en tales designios a países amigos y para evitar que el Ecuador le
invite siquiera, una vez más, a una mesa de negociaciones”. En definitiva, el Conflicto
del Cóndor de 1981 fue un fracaso militar y diplomático del Ecuador.
El 10 de agosto de este año,
en el mensaje que rindió al Congreso Nacional el Presidente Osvaldo Hurtado
expresó que para resolver el problema limítrofe “es necesario definir una
política territorial que comprometa al gobierno que hoy ejerce el poder y a
todos los que vengan después”; el Congreso Nacional a su vez; reiteró “la
conveniencia de promover un consenso nacional tendiente a ratificar los
objetivos del país en materia territorial”. Nada de ello se llegó a plasmar,
las agrupaciones políticas eludieron su responsabilidad.
A partir del conflicto, el
sector fue afectado por otros encuentros armados entre fuerzas de los dos
países; entre ellos, Miazi, el 5 de abril de 1983; Río Corrientes el 15 de
enero de 1984; la Isla Chacras en noviembre del mismo año; enero de 1985 en Río
Corrientes; en el mismo mes, Cóndor Mirador; 27 de abril en Bellavista; 22 de
septiembre Puesto Loja.
En este mismo año, el
Presidente Febres Cordero, ante una pregunta de la prensa sobre el problema
limítrofe, manifestó su forma de pensar: “Dejar
la herida abierta, sin ulcerarla y sin infectarla”.
A fines de 1987, se produce
un hecho que vendría a cambiar las actividades militares en la zona,
especialmente en la parte Norte y Oeste de la línea Yaupi- Cusumaza, en donde,
sorpresivamente, aparece un nuevo puesto de vigilancia peruano con el nombre de
PACHACÚTEC, justamente el que da origen a este estudio, y se ubica algunos
metros al otro lado de la línea imaginaria, dentro de territorio ecuatoriano.
El hecho da lugar a un reclamo de la Cancillería, convocando al Embajador del
Perú en Quito, para solicitarle que obtuviera de su gobierno el retiro de este
Puesto de Vigilancia. El Embajador peruano Ponce Vivanco, sin sentirse
sorprendido, manifestó que su país estaba preocupado porque había recibido
informes del mando militar en el sentido de que, el destacamento ecuatoriano
Teniente Hugo Ortiz, estaba asentado en territorio peruano.
Un nuevo encuentro armado de
patrullas en el río Napo se produce en abril de 1988; al año siguiente en mayo,
mineros ecuatorianos se enfrentan con militares peruanos y se produce una
concentración de tropas del Perú al frente de las provincias de Loja y El Oro
en el mes de julio. En 1989 se cruzan disparos en el destacamento de Coangos.
En Diciembre de 1990, el
Instituto Geográfico Militar realizó un estudio de posicionamiento de
“Pachacútec”, determinando su localización a 450 metros al norte de la recta
que unía el hito 19 con el 21. Meses antes, el mando militar ecuatoriano, había
dispuesto la creación de un nuevo destacamento militar en la cuenca del río
Cusumaza, en su afán de controlar las actividades del puesto de vigilancia
peruano y evitar infiltraciones hacia las jibarías del río Santiago. El destacamento
se denominó “Etza”, en honor a un soldado ecuatoriano fallecido en dicho lugar,
en cumplimiento de su deber de vigilar la frontera.
Con estos antecedentes, el
21 de enero de 1991, el Ministerio de Relaciones Exteriores, exigió al Perú el
retiro del puesto de vigilancia “Pachacútec”, recibiendo la respuesta de que
dicho puesto estaba en territorio peruano.
En julio se produce un incidente armado entre una patrulla peruana
que se había instalado muy cerca de un bohío construido y ocupado por miembros
del destacamento militar “Etza”, la misma que cumplía disposiciones de dar
mantenimiento al hito 19. El incidente produjo una grave tensión militar que
llevó a los Cancilleres de los dos países a reunirse y elaborar un acuerdo de
distensión, al mismo que, el canciller peruano lo llamó “PACTO DE CABALLEROS”.
Su contenido puesto a
consideración del gobierno del Brasil, por parte del gobierno peruano, para que
sea conocido por los otros Garantes del Protocolo dice:
1. Las Comisiones de Verificación permanecerán
en la zona hasta dar cumplimiento al punto dos del presente documento.
2. En 48 horas la patrulla ecuatoriana se
distanciará dos kilómetros contados a partir de su actual ubicación, igualmente
y en forma simultánea, la patrulla peruana se distanciará a dos kilómetros
contados a partir de su actual ubicación. Las mencionadas Comisiones
supervisarán que el desplazamiento de ambas patrullas sea hecho de modo tal que
queden fuera del área de la posible zona de seguridad a que se refiere el punto
quinto.
3.
Reparación del hito Cusumaza-Bombuiza en el
plazo máximo de 48 horas a partir del desplazamiento de las patrullas.
4.
Ocho días después de la reparación del hito,
desplazamiento del puesto de vigilancia “Pachacútec” al puesto de vigilancia
“Chiqueiza” o a otro lugar equivalente.
5.
Iniciar conversaciones con el objetivo de
establecer después de 30 días una zona de seguridad en el área.
L Lima,
24 de agosto de 1991.
El 28 de agosto se retiró la patrulla del destacamento “Etza” y la patrulla
peruana que la enfrentaba; dos días más tarde, las Comisiones se trasladaron al
hito 19 para iniciar su reparación y comprobar la exactitud de su posición. La comisión peruana pidió trasladarse a Lima para informar sobre el trabajo realizado, en el cual se detectó un error de 6 metros respecto de las coordenadas registradas en su acta de inauguración del hito. Los "caballeros no regresaron jamás, y tampoco retiraron el puesto de vigilancia Pachacútec. El Ecuador tampoco retiró el destacamento Etza.
L
El
15 de septiembre de 1991, los países Garantes reunidos en Brasilia, formularon
una declaración conjunta, ofreciendo sus buenos oficios y haciendo un llamado a
los dos países para buscar una solución pacífica, “mutuamente aceptable”, al
problema suscitado. El Perú agradeció el comunicado y pidió con esta
oportunidad, “culminar la demarcación definitiva de la frontera en los tramos
pendientes, conforme al artículo 5to del Protocolo; es decir, y hay que
reconocerlo, manteniendo siempre una sola tesis respecto del problema de
límites.
El
Perú quiso utilizar este incidente para presionar la demarcación sobre la
Cordillera del Cóndor, y sobre todo, exigir el desplazamiento del destacamento
“Teniente Ortiz” establecido en la zona quince años atrás, como condición para
retirar “Pachacútec”. La Cancillería ecuatoriana emitió un boletín de prensa,
el 16 de septiembre de 1991, manifestando que el Acuerdo de Distensión “ha
tenido y tiene por objeto específico la superación de las tensiones en un área
determinada”, por lo tanto, el país no podía aceptar “aspectos que no fueron
incluidos en este acuerdo de los dos Gobiernos y, menos aún, pasar a un proceso
demarcatorio, de conformidad con un instrumento cuya validez no se reconoce”.
La
versión peruana extraída del libro “Estudio Histórico sobre el Protocolo de Río
de Janeiro” escrita por Gustavo Pons Muzzo, en 1994 afirma: “No hemos podido
averiguar cuándo el ejército peruano instaló en ese sector el puesto de vigilancia
“Pachacútec”, un poco al S.E. del puesto ecuatoriano “Teniente Ortíz”. No
sabemos si fue instalado antes o después del puesto ecuatoriano. Por otro lado,
parece que después del incidente de 1981, en las reuniones que con frecuencia
ha habido entre jefes de las altas jerarquías de ambos ejércitos, se llegó a un
acuerdo para elaborar una “Cartilla de normas de comportamiento para los
puestos de vigilancia y señalización (PVS) y destacamentos adelantados en la
frontera Ecuador-Perú”, con el objeto de evitar situaciones difíciles en la
frontera”. Efectivamente, la Cartilla de comportamiento fue permanentemente
observado por Ecuador, además, fue un documento que por varias ocasiones fue
mencionado por las partes, por ello llama la atención que este escritor dude de
su existencia.
Y
continúa: “..a fines del mes de julio de 1991 las tropas peruanas en este
sector detectaron la presencia de una patrulla ecuatoriana que había invadido territorio peruano por el hito
No 51 denominado Bombuiza-Cusumaza conocido también como el No 1424 que es su
altura en metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a la Cartilla antes
mencionada, se reunieron en primer lugar los jefes de patrulla que tienen el
grado de teniente. Luego, ante la negativa de los ecuatorianos a reconocer que
estaban en territorio peruano, se reunieron los jefes de los puestos de
vigilancia con un rango superior. Como tampoco hubo acuerdo, la nueva reunión
fue a nivel de mandos de divisiones. En este caso dialogaron el coronel
inspector de la Quinta División de Infantería de Selva del Perú y el coronel
jefe de la vigésima primera brigada de selva del Ecuador, pero las
negociaciones no prosperaron por la insistencia de los ecuatorianos en sostener
que según instrucciones recibidas de su gobierno, ellos se encontraban en
territorio ecuatoriano. Fracasadas estas primeras negociaciones en el terreno
militar, el incidente pasó a manos de diplomáticos, específicamente de las
Cancillerías de ambos países. La situación era un tanto delicada puesto que la
patrulla ecuatoriana conformada por unos 20 hombres había derribado el
mencionado hito de frontera No 51, invadiendo
territorio peruano”.
Nótese
como se emplea permanentemente la palabra invasor o invadiendo, con el objeto
de influir en sus lectores sobre la legitimidad de un territorio no delimitado.
Las reuniones a que hace mención, en sus diferentes niveles, fueron ejecutadas
por las autoridades militares, en cumplimiento a lo establecido en la Cartilla.
El
26 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, doctor Carlos
Torres y Torres Lara declaró a la prensa peruana, que como resultado de las
primeras negociaciones diplomáticas, se había llegado a un “pacto de
caballeros” entre los gobiernos y cancillerías de los dos países, para la
fijación de una zona de seguridad común entre los hitos Bombuiza-Cusumaza y
Yaupi-Santiago y que este pacto no significaba el desconocimiento del
Protocolo.
El
comunicado oficial No 23/91 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
de 15 de septiembre, informaba sobre la convocatoria realizada el 13 del mismo
mes, a los cuatro países garantes del
Protocolo, para informarles sobre el cumplimiento del acuerdo sobre medidas de
confianza adoptado el 27 de agosto, y
reiterar la solicitud de intervención de los garantes en este asunto, de
acuerdo a lo referido en el Protocolo.
Para
el embajador peruano Felipe Valdiviezo, el nefasto “pacto de caballeros” sirvió
para que a partir de ese momento, el Ecuador comience a ser cada día más
exigente, pues el puesto “Teniente Ortiz” y el puesto “Soldado Monge están en
territorio peruano y de acuerdo al “Pacto de Caballeros”, Ecuador debió
retirarlos y no lo hizo. Al frente de estos puestos esta el puesto peruano
“Pachacútec”, por lo que no se puede señalar desconocimiento o culpar a la
geografía de la zona, o bien que penetraron sin que nos diéramos cuenta. Estos
puestos están allí y no se han movido en muchísimos años.
Para
la revista “Caretas”, en un artículo denominado “Los errores de la guerra”, luego
del conflicto del Cenepa, documento elaborado por miembros de las fuerzas
armadas, se afirma que como consecuencia del “Pacto de Caballeros” de 1991, el
Perú desocupó su propio territorio en la zona no demarcada de la frontera
ecuatoriana en la Cordillera del Cóndor, desmantelando el puesto de vigilancia
No 2 y replegando el puesto de vigilancia No 1, 15 kilómetros hacia el Sur,
dejando abandonados y desguarnecidos 400 kilómetros cuadrados de territorio
patrio. Con esta decisión-dice el artículo- el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas no sólo suspendió la presencia del Perú en territorio que legal y
jurídicamente le corresponde, sino también suspendió los patrullajes y la
vigilancia en aquellas áreas conflictivas y se permitió que el vecino ocupara
las nacientes del río Cenepa que están en territorio peruano. Con esta
decisión-continúa- dejo de cumplir el objetivo de mantener la integridad
territorial y permitió al Ecuador ocupar territorio peruano abandonado para
generar un enfrentamiento que les permita reclamar su seudo-reinvindicación de
país amazónico.
Para
Mario Vargas Llosa, la firma del “Pacto de Caballeros” fue populista: permitir
al Presidente Fujimori visitar el Ecuador y ser presentado por la prensa adicta
como el estadista que había puesto punto final al viejo diferendo entre las dos
Repúblicas hermanas. En realidad- dice Vargas Llosa- lo que el gobierno peruano había hecho era
enviar una señal equivocada a su vecino y a sus fuerzas armadas. Estas, ni
cortas ni perezosas, en los tres años siguientes procedieron a reforzar
directamente aquellos puestos de vigilancia hasta convertirlos en verdaderas
guarniciones.
El
Viceministro Eduardo Ponce en una entrevista en Panamericana de televisión, el
20 de febrero de 1995: “El Pacto de Caballeros significó un reconocimiento por
parte del Ecuador del Protocolo de Rio de Janeiro y del fallo de Días de
Aguiar. Esta zona entre los hitos Cusumaza-Bombuiza y Yaupi-Santiago no es el
área donde han ocurrido los incidentes”. La firma de la paz en 1998 le daría la
razón al diplomático peruano.
El
30 de septiembre de 1991, el Presidente Rodrigo Borja, en su intervención ante
la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentó una propuesta formal de
someter el problema en su conjunto al arbitraje de su Santidad Juan Pablo II:
“..invito al Perú, desde la más alta y prestigiosa tribuna que tiene la
humanidad, a solucionar pacíficamente nuestro largo problema y nuestra larga controversia territorial por
medio del arbitraje del Papa Juan Pablo II”. El Canciller peruano Carlos Torres
y Torres expresó que el Perú no aceptaba la propuesta por considerar que el
Protocolo de 1942 es un instrumento jurídico plenamente aplicable.
El
24 de noviembre, Alberto Fujimori, Presidente del Perú, mediante comunicación
remitida al Presidente Borja le informaba que presentaría una contrapropuesta
“integral” al Ecuador para tratar el tema. Esta comunicación dio paso a la
primera visita de un Presidente peruano al Ecuador, la misma que tuvo efecto
entre el 9 y el 11 de enero de 1992.
La
contrapropuesta integral entregada al Presidente Borja, denominada como “Propuesta de Amistad,
Cooperación e Integración” contenía los
siguientes puntos:
1.
Culminar el proceso demarcatorio de los
tramos pendientes comprendidos entre los hitos Conhuime Sur y 20 de noviembre;
y Cusumaza-Bombuiza y Yaupi-Santiago, delimitados por el Protocolo de Río y el
Fallo de Días de Aguiar, con el concurso de los países Garantes.
2.
Suscribir un Tratado de Comercio y Navegación,
en cumplimiento del artículo 6to del Protocolo de Río de Janeiro.
3.
Suscripción de un acuerdo amplio de
integración fronteriza que tendría por objeto extender la zona actual a la
totalidad de nuestra frontera común.
4.
Concertación de acuerdos que incrementen y
hagan permanentes las medidas de fomento de la confianza que existen entre
nuestros países.
Si
comparamos esta propuesta con los acuerdos consignados en la fórmula de los
garantes que sirvieron de base para la firma de la paz entre Ecuador y Perú en
Octubre de 1998, encontramos que solamente falta el del canal de Zarumilla; en
otras palabras, el Tratado de Paz consignó casi en su totalidad la propuesta
del Presidente Fujimori del año 1992.
El Presidente
Durán Ballén, una vez iniciado el conflicto del Cenepa, aceptó la vigencia del
Protocolo de Río de Janeiro, como paso previo a cualquier tipo de negociación, manteniendo
los impases subsistentes, que a juicio de los ecuatorianos eran inobjetables, y
que fueron entregados por escrito a los garantes para su análisis; estos
impases hacían relación a la inejecutabilidad parcial del Protocolo y a una
salida soberana al Amazonas, como parte del sistema fluvial del Marañón. En
otras palabras, había la posibilidad de definir los objetivos de la negociación
en estos términos.
El proceso
de negociación, llevado muy hábilmente por el Perú, fiel a su tradición,
preparado como se ve, desde el año 1992, que continúa luego con la Declaración
de Brasilia del 27 de noviembre de 1997 y el Cronograma de Río de Janeiro de 19
de enero de 1998, no pudieron concretar las aspiraciones del Ecuador, ante
la negativa total del Perú de aceptar una salida soberana al Amazonas, con
ofrecimientos engañosos de hacer
concesiones en un área suficientemente amplia en el sistema Marañón- Amazonas, donde el Ecuador podría
tener una infraestructura para puertos, aeropuertos, carretera, bajo un concepto
de “soberanía funcional”.
Cuando
la Comisión negociadora fue a tratar el tema número dos del “Pacto de Caballeros”
(lo expreso de esta manera para que objetivamente se vea la importancia de este
Pacto) en Buenos Aires, el Perú no concedió nada, excepto la navegación por los
ríos Napo y Putumayo, por ser los únicos afluentes septentrionales del Amazonas.
Ahí terminó el concepto de “soberanía funcional” con el cual se engañó una vez
más al Ecuador.
Llegó
el día en que se anunció la fórmula elaborada por los países garantes para la
demarcación final de la frontera con el Perú, 23 de octubre de 1998, día en que
el país no supo que decir, y si algo intentó, no supo como decirlo, cuando se
nos había hablado de aceptar un fallo justo y equitativo, y habíamos soñado que
los garantes así lo habían comprendido. Los garantes que en algún momento deben
haber leído y repasado el “Pacto de Caballeros”, entendieron que todo aquello
que estaba escrito en ese documento, era lo justo y equitativo, y así lo
transcribieron, cuando en su texto se dice:
“Es
así como comprobamos con satisfacción que este proceso permite a la fecha
disponer de proyectos para un “Tratado
de Comercio y Navegación”, para la navegación en los sectores de los cortes
de los ríos y en el río Napo, para un “Acuerdo
Amplio de Integración Fronteriza”, y para la constitución de una “Comisión Binacional sobre Medidas de
Confianza Mutua y Seguridad”, así como para un “Acuerdo para la Fijación de
Medidas para Asegurar el Funcionamiento Eficaz del Canal de Zarumilla” (no consta
en el Pacto de Caballeros).
El
punto 1 de la fórmula no es otra cosa que el punto 1 del Pacto de Caballeros
cuando dice: “consideramos que tales
pareceres constituyen la aplicación de los dispuesto en el Protocolo de Río de
Janeiro y en el fallo del árbitro Braz Días de Aguiar, debiendo las Partes por
lo tanto proceder a concluir la demarcación en la forma establecida…”
Los
alcances de la fórmula, como lo dice un editorial de “El Comercio” de Lima, con
ocasión de su presentación, “..por lo mismo que se ajusta a la normatividad
jurídica preestablecida, es menester puntualizar que el límite establecido hace
56 años no se altera, puesto que toma como determinantes tanto las cumbres de
la Cordillera del Cóndor, cuanto el llamado “Divortium Aquarum”; de suerte que
en esto se ratifican los planteamientos del Perú”, ratifica una vez más, lo
expresado en el “Pacto de Caballeros”
En
medio de todo este largo proceso de la paz durante el cual se había hablado de
ceder algo para obtener algo, quedó un kilómetro cuadrado de terreno, para
recordarnos a todos los ecuatorianos, especialmente a los políticos, que las
guerras intestinas desarrolladas durante gran parte de los siglos XIX y XX, que
consumieron enormes recursos económicos y segaron la vida de miles de
ecuatorianos, mucho más de lo que produjeron los conflictos con Perú, dieron
como consecuencia la mutilación inicial de la patria en el trágico año de 1941.
Los militares nos quedamos con el símbolo de Tiwintza, entendido como una
obligación de saldar las cuentas con la historia, para que el país pueda
construir su porvenir.
Muchos
ciudadanos ecuatorianos de pomposos apellidos renegaron de su pasado, durante
este proceso, especialmente en días o meses cercanos a la presentación de la
fórmula por parte de los garantes; hablaron de que nunca fuimos amazónicos, que
Quito apenas fue un tambo para los conquistadores que venían del Perú, entre
otros adefesios escritos con mucha mala fe o quizá demasiada inocencia; me da
la impresión de que leyeron al historiador peruano Gustavo Pons Muzzo, que le
encantaba distorsionar la historia, en beneficio de su país.
El
estudio de la historia da la posibilidad
de analizar los errores cometidos y tratar de no repetirlos; sin embargo, en
las relaciones con el Perú, parecería que siempre estuvimos tropezando con la
misma piedra, e insistimos en ello, porque ahora estamos empeñados en cambiar
nuestra postura respecto del límite marítimo, cuando existen acuerdos
absolutamente válidos firmados entre Ecuador, Perú y Chile. Hay una carta del
Presidente peruano, dirigida a su par de Ecuador, en la cual se manifiesta que
“el paralelo geográfico, a partir del punto en que la frontera terrestre llega
al mar, en Boca de Capones, solo es aplicable al Perú y Ecuador. El
planteamiento confirma la postura del Estado peruano en la materia, en el
sentido de que no existen problemas de límites con Ecuador. Por tal motivo, el
proceso iniciado por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia se refiere
exclusivamente al límite marítimo entre Perú y Chile, donde se presentan
características y circunstancias distintas”.
La
historia nos enseña que las dubitaciones y los cambios de parecer en asuntos de
trascendental importancia para la supervivencia de la Nación, traen consigo el
desasosiego de aceptar una realidad que muchos sentimos como una nueva
mutilación del territorio nacional. Es necesario pues, mantener los argumentos
que llevaron a la firma de los Acuerdos sobre los límites marítimos de los tres
países, y apoyar decididamente a Chile en la controversia que mantiene este
país y el Perú en la Corte de Justicia Internacional.
Cuántos
de estos documentos fueron negados o modificados por el Perú, cuando las
circunstancias así lo ameritaban, acaso no es un buen ejemplo el mismo “Pacto
de Caballeros” según el cual, “Pachacútec” debía retirarse del lugar en el cual
se encontraba.
Después
del conflicto del Cenepa y de la firma de la paz, se dice que esta es, desde
dicha fecha, “la frontera completa que nadie se atrevió a dibujar en cincuenta
y seis años”; es posible que así sea, pero ello no puede ser el pretexto para
que las Fuerzas Armadas ecuatorianas sean un motivo de olvido por parte de la
élite política, como tampoco es conveniente que hasta el día de hoy, los
Acuerdos contemplados en la fórmula de entendimiento tengan un bajísimo
porcentaje de cumplimiento; posiblemente, estemos esperando los tres mil
millones de dólares ofrecidos por la paz, de la misma manera como esperamos que
se cumpla el ofrecimiento de dinero en el año 42.
El
“Pacto de Caballeros” que contemplaba entre otros puntos el retiro del Puesto
de Vigilancia “Pachacútec”, se convirtió a la final en el principal instrumento
de trabajo de los países garantes en la elaboración y presentación de la
“Formula de los Garantes y los Acuerdos” a los gobiernos de Ecuador y Perú, la
misma que dio paso a la firma definitiva de la paz, el 28 de octubre de 1998.
Artículo publicado en el libro “Victoria
en el Cenepa” editado por el Ejército Ecuatoriano en febrero de 2011
