General Patricio Lloret Orellana
La propuesta liberal para reorganizar el Ejército fue elaborada a partir de 1899 con la llegada al país del sargento mayor del Ejército de Chile Luis Cabrera, y posteriormente, un año más tarde, la incorporación del capitán Ernesto Medina y los tenientes Julio Franzini y Luis Bravo, con los cuales se conforma la Misión Militar chilena. Los miembros de esta Misión encontraron un país en plena guerra civil, con un Presidente en permanente campaña para consolidar su revolución. La organización que tenía el Ejército hasta antes del 5 de junio de 1895, había desaparecido ante la arremetida de las “montoneras” alfaristas que, machete en mano, hacían suyas las victorias sobre lo poco que quedaba del Ejército constitucional. Esta misión trabajó bajo los lineamientos generales trazados por la Misión Militar alemana en la reorganización del Ejército de Chile.
La propuesta se materializa a través de la elaboración del Proyecto de Ley Orgánica Militar, el mismo que es presentado a consideración del ministro de Guerra, el 27 de junio de 1902. Contiene los siguientes títulos:
I.- Composición del Ejército.
La premisa fue que todos los ciudadanos de veinte años son de hecho soldados del Ejército permanente. Se constituye en la base fundamental sobre la cual descansaría el Servicio Militar Obligatorio, a través de la renovación anual de las generaciones. En veinte y cinco años se esperaba que todos los ciudadanos considerados aptos de acuerdo a la ley, hubieran pasado por el servicio militar y formarían a futuro la fuerza de reserva. El único obstáculo para la consecución de este objetivo sería-dice el proyecto- la falta de recursos en el erario nacional, que obligaría a señalar cupos de ingreso, acorde a las facilidades logísticas y a la disponibilidad y tipo de armamento. Plantea al Legislativo la necesidad de elaborar una ley especial que la llaman de reclutas y reemplazos, mediante la cual, manteniendo el cuadro de instructores (oficiales y clases), el Ejército permanente se vea renovado anualmente. Se propone la elaboración del Registro Militar, en el cual, todos los ciudadanos, desde los 18 a los 45 años de edad, deben estar inscritos, sirviendo además para efectos de estadística y policía, y obligando a los ciudadanos a portar permanentemente esta papeleta que después se la conocería como libreta militar.
II.- La Jerarquía Militar
El diccionario lo define como una “cadena de subordinaciones”. En el ámbito militar, la jerarquía justifica los conceptos de mando y obediencia disciplinaria para regular el servicio. El mando concebido como un atributo del poder, que le da la capacidad de imponer sus decisiones a quien lo ejerce sobre quién debe obedecer. La obediencia, como el acatamiento de instrucciones en el marco de un código de vida y de conducta preparado para responder a los conflictos o crisis sociales y, en casos de guerra.
El proyecto liberal busca suprimir el grado militar que no corresponda a un empleo efectivo; es decir, un ascenso debe concederse únicamente a los que estén preparados para el desempeño del empleo inmediatamente superior; en otras palabras, busca evitar que las acciones personales realizadas en un campo de batalla, por sí mismas, constituyan el único aspecto que lleve a un reconocimiento militar para un ascenso; de igual manera, evitar que los grados militares se concedan a civiles en reconocimiento a sus relevantes méritos personales en beneficio de una causa, asunto que se volvió común desde la fundación de la República.
Establece tres categorías jerárquicas para los oficiales: Generales, Superiores e Inferiores, las mismas que responden a las funciones determinadas para el comando de tropas. En la categoría de generales se propone dos clases: de división y de brigada, los mismos que expresan unidades de tropa, para cuyo comando se requieren facultades y atribuciones diferentes. La división está conceptuada en el proyecto, como una unidad de armas combinadas, en tanto que, la brigada es una unidad de especialidad. El término “superiores” incluye a los coroneles, tenientes coroneles y sargentos mayores, a quienes normalmente se los venía identificando como “jefes”, y como tales-dice el proyecto- no distingue entre un comandante de escuadra o uno de división, ya que ambos de acuerdo al diccionario, merecen el calificativo de jefes. Finalmente, la denominación de “inferiores” incluye a los capitanes, tenientes y subtenientes o alféreces, en base a las funciones que estos desempeñan; sin embargo, en el afán de darle al capitán la importancia que se merece en el manejo táctico de la tropa, denomina “subalternos” a los tenientes y subtenientes. A los cadetes de la Escuela de Formación de Oficiales los denomina como Aspirantes a oficiales.
En el caso del personal de tropa, denomina “Sub-Oficiales” a los sargentos primeros y segundos, con el fin de elevar y dignificar la condición del cuerpo de clases, cuya influencia dentro del Ejército es decisiva “en las labores de paz, durante la instrucción de los reclutas, como en las de guerra, principalmente durante la conducción incierta de las tropas en el combate”[1]. Termina la clasificación de la tropa con los cabos (primero y segundo) y los soldados.
Se incluye en este capítulo, disposiciones sobre el personal asimilado, al mismo que lo define como prestadores de servicios profesionales ajenos al carácter meramente militar; por ejemplo, los cornetas, tambores y músicos quedan en la categoría de soldados; un cirujano se asimila al grado de coronel, un capellán mayor al grado de teniente coronel, entre otros.
III.- División territorial
Divide el territorio nacional en cuatro zonas militares, con el objeto de que las actividades a realizarse estén adecuadamente descentralizadas, bajo el mando único del jefe de la guerra, de tal manera que, cada uno en sus jurisdicciones estudie su territorio, proyecte su defensa, elabore sus estadísticas y precise sus condiciones ofensivas y defensivas. Cada una de las zonas se constituye en un centro de acción, “un núcleo alrededor del cual se desarrolla el proceso militar”[2] que permita disminuir las vulnerabilidades que presentan las fronteras, que son las vías de ingreso por donde un país puede ser atacado. El conocimiento minucioso de cada una de las zonas militares, por parte de sus respectivos mandos, es para el proyecto, la única forma de resolver el gran problema de “conocer y estudiar el territorio nacional durante la paz, para los días imprevistos de la guerra”[3].
La creación de las zonas militares obedece a la necesidad de que las actividades de movilización y concentración de tropas se realicen sin contratiempos, a fin de conseguir reunir, alistar e instruir a los contingentes necesarios para la defensa nacional. Estas zonas militares-dice el proyecto- deben permitir, aunque sea en escala reducida, la formación de las unidades de combate y de operaciones, en las cuales se ejerciten permanentemente los oficiales generales y superiores en su comando, y practiquen los oficiales subalternos y las tropas, los ejercicios combinados, “que más tarde exigirán las operaciones de la guerra”[4]. El proyecto considera indispensable que en estas zonas militares, estén presentes las unidades de las cuatro armas, y por lo menos, delegaciones de los servicios anexos, a fin de que la guerra no sorprenda al país en condiciones dolorosas de imprevisión.
Tres eran las fronteras que debían ser resguardadas y estudiadas para el caso de guerra: la norte, la sur y la occidental, por ser estas, “perfectamente” accesibles al poder enemigo. Esta accesibilidad determina en el estudio, la posibilidad muy poco probable de que la frontera oriental sea accesible para el enemigo. Por esta razón, no concuerdo con ciertas afirmaciones realizadas por escritores militares, de que las misiones militares chilena e italiana se olvidaron de enseñarnos a combatir en selva. Hoy, en pleno siglo XXI, aún es muy difícil acceder por dichas avenidas de aproximación. Lo que no dicen estos escritores es que no fuimos capaces de poner en práctica las propuestas de las misiones militares, lo cual nos llevaría, entre otras cosas, al fracaso del año 41.
Las zonas militares propuestas son muy similares a las que actualmente mantiene el Ejército, con excepción de la región Oriental y Galápagos que no son consideradas. La segunda zona militar con sede en Riobamba, constituía lo que posteriormente se denominaría como Zona del Interior. Se calcula una población aproximada de 1.300.000 hombres, de los cuales, 52.000 podrían considerarse como el Ejército Nacional de primera línea. La población indígena no fue considerada en el proyecto.
IV.- De los cuerpos de tropa
El proyecto analiza la conformación de las unidades para tiempos de paz, y propone abandonar el sistema terciario que venía siendo implementado y que no dio resultado en otros países con mayor experiencia. Considera al batallón de infantería con una Plana Mayor y cuatro compañías. El regimiento de artillería con “la mayor potencia ofensiva, sin quitarle sus condiciones de movilidad”, por esta razón, el proyecto considera dotarle de 24 piezas. Propone una organización similar a la europea; esto es, un regimiento compuesto de dos grupos, con tres baterías, o en su defecto, de dos grupos con dos baterías, de seis piezas cada uno, cuando son de tiro lento. Para la caballería, propone cuatro escuadrones, a fin de poder permitirle al regimiento, “evolucionar aisladamente en el campo de combate y proteger eficazmente sus flancos, los mismos que generalmente están descubiertos durante su ataque”. La reunión de dos escuadrones constituye el grupo, y la reunión de dos grupos constituye el regimiento de caballería.
El proyecto supone zonas organizadas con tropas de las cuatro armas; en tal virtud, considera que los ingenieros deben estar organizados en compañías independientes, con la dotación suficiente para que puedan prestar sus servicios de zapadores, pontoneros, ferrocarrileros y electricistas, en un país en el cual, “las vías de comunicación, ni son numerosas ni las existentes se encuentran en buen estado de conservación”.[5]
Suprime el nombre de brigada de artillería. Este título en Europa-dice el proyecto- significa la reunión de dos regimientos de un arma; y nunca se aplica a un solo cuerpo. Por otro lado, analiza la situación de las brigadas en América, en donde los efectivos generalmente son escasos, y la denominación de brigada tiende a aplicarse a unidades combinadas de las cuatro armas básicas, reemplazando a la división, la misma que generalmente tiene efectivos que alcanzan a los quince mil hombres. Propone una dotación permanente de soldados en las compañías, baterías y escuadrones de las diferentes armas con un máximo de 14 hombres. Este número de soldados está basado en la necesidad de que el Ejército sea renovado anualmente con reclutas de veinte años y que los soldados permanentes se constituyan en simples cuadros instructores. En la dotación de las unidades se considera al personal de asimilados para el buen funcionamiento de los servicios profesionales de carácter civil. En todas las unidades tipo batallón se instituye la Plana Mayor. Estas reflexiones no se tomaron en cuenta, cuando se inventaron en nuestro Ejército, las brigadas de artillería, de ingenieros, de inteligencia.
V.- De los servicios anexos
El proyecto considera los siguientes servicios anexos al Ejército: Establecimientos de Guerra, Intendencia y Comisaría General del Ejército, Servicio Sanitario, Justicia Militar y Servicio Religioso.
Los Establecimientos de Guerra comprende todos los servicios de Parque, Maestranzas, Talleres y Fábricas, bajo una dirección técnica centralizada, y creando en las zonas militares, delegaciones especiales. De alguna manera, esta propuesta se consolida recién en el Gobierno del general Rodríguez Lara, con la creación de la Dirección de Industrias del Ejército (DINE), con la oposición de sectores internos y externos a la Institución.
Sobre estos Establecimientos de Guerra, el proyecto es claro en sus apreciaciones: “Las reparaciones que, necesariamente, deben ejecutarse en el armamento; la buena conservación del armamento y municiones almacenados; la elaboración de municiones de guerra y de ejercicio, acción en que forzosamente debe irse pensando, si se quiere lograr alguna vez que el país se independice de la tutela extranjera, para que, en parte se baste a sí mismo en el desgraciado caso de una guerra”[6]. Las experiencias vividas en las diferentes acciones de armas que el país ha tenido con el Perú, incluyendo la del “Cenepa”, dan de largo la razón a estos pensamientos de 1902.
La Intendencia General comprende los servicios de: contabilidad, rendición de cuentas, pago de sueldos, provisión de vestuario y equipo, de mobiliario, remonta del ganado y rancho. Todos estos servicios lo venían haciendo oficinas particulares contratadas por el Ejército, sin ninguna planificación. Periódicamente se observa en los Registros Oficiales, el llamamiento para contratación de estos servicios. Respecto al ganado caballar, en el país no existía la menor idea de disponer de un criadero, que atienda las necesidades del Ejército, para movilizarse en un ámbito geográfico carente de vías carrozables o férreas adecuadas.
“Puede asegurarse que muchos de los movimientos armados habidos en el Ecuador no se habrían producido si el Gobierno hubiese dispuesto de unidades de caballería”[7], concluye el proyecto, no sin antes sentenciar de alguna manera: “Hacer hincapié en lo que significaría para el Ecuador una guerra internacional que le sorprendiese sin fuerzas de caballería, es cosa a la cual no me atrevo porque fueran demasiado sombríos los colores del cuadro que debería trazar”. Así sucedió en 1941. Respecto al rancho, el Ejército no se preocupaba de este servicio fundamental: “Hoy ninguna autoridad militar podría responder de la alimentación del soldado, cada cual come lo que quiere y cuanto quiere. Es la esposa o la querida del soldado la que dispone el alimento, en la cantidad y clase que ella juzga convenientes”[8]
El proyecto considera una Dirección del Servicio Sanitario, delegaciones en las zonas y el empleo de cirujanos para las unidades del Ejército, en tiempos de paz y en campaña. Finalmente, se considera la necesidad de crear un Servicio de Justicia Militar y Servicio Religioso. Para el primero se propone la creación de una Fiscalía General mediante la cual, el Fiscal General avocará el conocimiento y la substanciación de toda causa que revista importancia, en tanto que, los Fiscales de zona, conocerán las causas ordinarias. Es necesario resaltar que el espíritu del proyecto contempla la existencia de fiscales militares permanentes, suprimiendo el nombramiento ad-hoc de oficiales para este cargo. Para el Servicio Religioso se propone un capellán mayor del Ejército, capellanes de zona y capellanes particulares para los institutos de educación.
VI.- Los establecimientos de instrucción militar
Sin lugar a dudas, lo más importante del Proyecto de Ley Orgánica Militar se centra en la educación del personal de oficiales y tropa del Ejército, muy venida a menos desde los inicios de la República; prueba de ello, es el funcionamiento intermitente del centro de formación de oficiales por un lapso de 21 años, respecto a los 70 de vida republicana. El proyecto considera a la educación como la columna vertebral de la Institución militar, y para su fortalecimiento propone la creación de una Academia de Guerra, la reapertura del Colegio Militar y la fundación de una Escuela de Clases para la tropa.
El ejercicio práctico de la conducción de las tropas- dice el proyecto- es el arte de la guerra; en tanto que, el estudio teórico de esa conducción, deducida de la experiencia histórica, de la lógica y de los ramos auxiliares, es la ciencia de la guerra. A la enseñanza de esta ciencia está dedicada la creación de la Academia de Guerra, destacando dentro de su pensum de estudios, dos materias fundamentales: la táctica aplicada que, combinando las cuatro armas propuestas en el proyecto, establece los principios que rijan su conducción en todas las fases de la guerra; y, la historia militar, cuyo estudio minucioso, crítico y comparativo, da en teoría la experiencia práctica que se podría adquirir en las grandes guerras.
La Escuela Militar, como lo llama el proyecto, está destinada a la formación de los subtenientes y alféreces del Ejército, pero hace notar que el establecimiento que venía funcionando hasta antes del 5 de junio de 1895, se dedicaba a una formación general orientada al arma de infantería; por esa razón, propone la creación de cursos especiales o para una mejor comprensión, de una formación de especialidades, que permita tener oficiales preparados en la conducción de las otras armas propuestas; es decir, caballería, artillería e ingenieros. Otro aspecto importante hace relación con la necesidad de validar los exámenes de las materias civiles dentro del ámbito universitario, a fin de facilitar a los futuros oficiales, alcanzar títulos académicos; en su defecto, permitir que todos aquellos estudiantes que abandonen la Escuela Militar, puedan continuar sus estudios en las universidades, sin haber perdido el tiempo durante su permanencia en el Instituto. Estos aspectos de tanta trascendencia han sido, en parte, resueltos por la Institución al inicio del siglo XXI; es decir, 98 años después.
La Escuela de Clases está concebida en el proyecto, para la formación de cabos y sargentos, considerados como actores fundamentales de los procesos de formación tanto en la paz como en la guerra.”Solo los clases tiene una influencia directa e inmediata sobre el soldado, le conocen en los más recónditos detalles de su naturaleza moral; están sobre él a toda hora y en todo momento.”[9] De estos tres Institutos, a duras penas sobrevivió la Escuela Militar, la misma que reabrió sus puertas al finalizar el primer gobierno de Eloy Alfaro; la Academia de Guerra y la Escuela de Clases tuvieron que sufrir la falta de apoyo institucional y político, hasta establecerse en forma definitiva a mediados del siglo pasado.
La Educación Militar en la Revolución liberal es tratada por el autor, con mayor detenimiento, en el Boletín No 2 de la Academia Nacional de Historia Militar.
VII.- Administración y mando del Ejército
Luego de una lucha de seis años por consolidar la Revolución liberal, el proyecto busca darle al Ejército un carácter nacional. Bajo este concepto, propone la creación del Estado Mayor General, como cabeza directiva del Ejército, subordinado al Ministerio de Guerra, a través del cual, el Presidente de la República transmite su voluntad ejecutiva. Propone un orgánico estructural del Ministerio de Guerra y del Estado Mayor General. Este último nace con facultades administrativas y fiscalizadoras sobre todos los servicios del Ejército, y la repartición de esos servicios en Departamentos con cierta autonomía. Los Departamentos propuestos son los siguientes:
Dirección de los Servicios Técnicos a la cual corresponden todos los trabajos científicos, cartográficos, arquitectónicos, litográficos, etc, del E.M.G. Dirección de Instrucción responsable de los Institutos de educación; Dirección de Administración responsable de la documentación, archivo, escalafón, libro de vida de oficiales; Dirección de Registro Militar encargada de la formación de las reservas de oficiales y tropa; Dirección de Fortificaciones; Dirección de Justicia y Servicio Religioso; Dirección de los Establecimientos de Guerra, para la administración del arsenal de guerra, de las fábricas y maestranzas; Dirección de Intendencia y Comisaría General encargada de la provisión y fiscalización de todos los abastecimientos; Dirección de Sanidad Militar; Zonas Militares; y, Dirección de Plana Mayor Disponible para manejar a los oficiales en disponibilidad (considerada como un castigo y que luego se lo conocería como a disposición del ministerio), a los sentenciados por Consejo de Guerra; oficiales que transitoriamente no tengan cargo efectivo.
VIII.- Del Cuerpo de Inválidos
Con toda seguridad, la gran cantidad de inválidos, producto de tantas guerras intestinas, y de la misma Revolución liberal, llevaron a incluir en el proyecto la necesidad de crear dos cuerpos de inválidos, uno en la Costa y otro en la Sierra.
IX.- Estado Militar de los individuos que componen el Ejército
La propuesta busca mejorar la moral de los miembros del Ejército, a través de disposiciones claras respecto de: ascensos, tiempo de servicio, de las pensiones de retiro, del montepío, sueldos y gratificaciones. Parte de un análisis de la situación del Ejército a finales del siglo XIX, y de su indefección respecto a otras profesiones existentes en el país. “Para el militar, oficial o individuo de tropa, general o soldado, no hay derechos inviolables sobre la propiedad de su empleo, no hay garantías para su situación, no hay estímulos para su carrera ni hay recompensan que paguen sus sacrificios”[10] . El análisis de esta propuesta podría llevar algunas decenas de páginas; sin embargo, por información, el proyecto fija el retiro de un oficial por límite de edad, por ejemplo, el de un general de división, en 65 años. Para el personal de tropa establece un mínimo de 15 años efectivos como clase.
X.- El paso del pié de paz al de guerra
Propone la implementación de normas, procedimientos y de ser necesarios algunos reglamentos que permitan colocar todos los servicios militares en situación de pasar de un estado al otro, de tal manera que la movilización y la concentración sean de tal efectividad, que por sí mismas impliquen un gran porcentaje de la victoria. Intenta poner orden en el léxico utilizado en los innumerables enfrentamientos políticos que asolaron el país, entre otros, Columna, Brigada, Jefe de Operaciones, Director de la Guerra, Ejército del Norte o Sur, etc. De la misma manera propone definiciones sobre unidad táctica, unidad de combate y unidad de operaciones. En lo que corresponde a la unidad de combate, descarta la posibilidad de tener en tiempo de paz unidades tipo división, y propone el uso de la brigada conformada por componentes de las cuatro armas de que dispone el país. Consecuencia de lo anterior, propone a la división como unidad de operaciones. Si en algún momento se podrían reunir en combate dos o más divisiones, consigna la posibilidad de conformar un cuerpo de ejército.
Reflexiones finales:
· El Proyecto de Ley Orgánica Militar fue presentado el 27 de junio de 1902 ante el ministro de Guerra y Marina, general Flavio Alfaro; sin embargo su trámite a la Asamblea Nacional se dio recién en la presidencia de Lizardo García. A los políticos les importaba y les importa un comino la organización de la fuerza militar; sin embargo, con algunos cambios sin importancia, aprobaron la ley un 11 de diciembre de 1905.
· El movimiento revolucionario de Alfaro sembró las semillas para el nacimiento de un Ejército profesional, a pesar de que en este campo, el ímpetu del movimiento estuvo presente más en el discurso que en la realidad. La profesionalización del Ejército fue un proceso lento y plagado de errores e inconvenientes, de lecciones no aprendidas, de continuas emergencias en la formación de oficiales, de poca o casi ninguna preparación de los mandos inferiores. La ninguna presencia de escuelas de perfeccionamiento en las diferentes armas y jerarquías del escalafón militar, a pesar de estar consignadas en el proyecto, le llevaron a la Institución Militar a enfrentar conflictos bélicos con el Perú, sin la preparación que estos hechos de enorme trascendencia nacional lo ameritaban. La falta de políticas Institucionales de mediano y largo plazo se convierten en urgencias que atentan a los reglamentos militares.
· En la consecución de los objetivos propuestos para un cambio de tipo revolucionario, juegan dos aspectos importantes: la capacidad de liderar los procesos y la participación del colectivo social en su consecución. En la organización del Ejército faltó el líder, y el colectivo militar, que es en último término el que define las circunstancias y las posibilidades del cambio, estuvo empeñado en guerras internas destinadas a zanjar la disputa política.
· La Revolución liberal en el campo de la educación militar fue inconclusa, algunos de sus logros se consolidaron a mediados del siglo XX. Otros fueron dejados de lado sistemáticamente, por razones de orden político, en unos casos, por la falta de una política institucional de largo plazo, en otros, o por la falta de liderazgo para llevar a la educación de oficiales y tropa a ser considerada como el objetivo más importante de la Institución Militar. En el campo civil José Peralta lideró el cambio de la educación; en el campo militar no tuvimos la suerte de que alguien lo lidere.
· La Revolución liberal puso los cimientos de un Ejército nacional, las circunstancias políticas del país no le permitieron construir sobre ellos la infraestructura militar que el Ecuador necesitaba para defender su territorio.
· La propuesta chilena basada en la concepción de un Ejército profesional alejado de las luchas políticas y de su ingrato papel de árbitro de dichas contiendas no ha llegado a concretarse hasta la presente fecha.
“La educación de un pueblo no se cambia ipso facto a balazos, es obra del tiempo” (Alfaro)
Publicado en la Revista “Presencia” No 28 de la Asociación de Generales y Almirantes
