LA FRONTERA NORTE
“El poder militar presta un grado de seguridad que es
similar al papel del oxigeno para la respiración: no se nota hasta que falta.
Una vez que eso ocurre su ausencia domina todo lo demás”. [1]
La Geopolítica
Entre
muchas de las definiciones dadas a esta ciencia, me parece que ésta se ajusta
más al motivo del presente ensayo: “Estudio de la influencia del espacio
geográfico sobre los estados y su política”.[2] Tiene su origen en las ciencias políticas y en
la geografía política. La primera estudia la influencia de los factores
históricos, políticos, sociales y económicos en la vida del Estado, es útil
para ayudar en la determinación de sus objetivos . La geografía política por su
lado, es la ciencia madre de la geopolítica y hace parte de la ciencia
geográfica ; es una ciencia estática que estudia la tierra como hábitat del
hombre en un momento dado y sus conclusiones son geográficas. Es útil para
conocer condiciones específicas de un problema. La geografía se constituye en
el factor fundamental sobre el cual debe girar el pensamiento estratégico.[3]
Las
conclusiones de un adecuado estudio geopolítico encauzan la conducción de un Estado hacia el
mantenimiento y/o logro de los objetivos políticos. Estos objetivos pueden
lograrse por medios pacíficos o por la fuerza; en el segundo caso, entra en
juego la estrategia militar que analiza si los medios humanos y materiales de
los cuales dispone, a más de las condiciones geográficas, son suficientes para
mantener o conquistar el objetivo político. Entonces, la estrategia militar
asoma como una ciencia, cuyo fin es la conducción de la guerra y la
organización defensiva de una nación. Su estrecha relación con la geografía da
paso a la geoestrategia definida “como parte de la geografía política que
analiza la organización en el espacio, de las fuerzas militares, políticas y
económicas implicadas en una guerra o en las operaciones de defensa de un
territorio”[4]
Este proceso fundamental en la conducción de un Estado, que debe ser analizado,
discutido y aprobado en el seno del
Consejo de Seguridad Nacional, no se ha dado, si tomamos en consideración la
forma en que se enfrentó los acontecimientos suscitados en la frontera norte de
nuestro país.
El
escenario
La
Provincia de Esmeraldas ocupa un territorio de 14893 km2 y su límite Norte es la Provincia
de Tumaco-Barbacoas, Departamento de Nariño perteneciente a Colombia. Está
constituida por 7 cantones , entre ellos San Lorenzo de Pailón, ubicado en la
parte más septentrional del país. Al Norte limita con el departamento colombiano
de Nariño. Está conformado por 12 parroquias rurales, entre ellas Mataje,
considerado como el cantón más violento de Esmeraldas (96,2 homicidios por cada
100.000 habitantes). Su población aproximada es de 42.000 habitantes, con un
tasa significativa de crecimiento, la misma que se ve incrementada por el
proceso migratorio. Un 35% de ellos no son originarios del cantón.
La mayoría de los moradores viven de la pesca y del trabajo agrícola en las plantaciones de
palma. Su pobre condición económica les ha llevado a entablar nexos con la
guerrilla colombiana, los paramilitares o los narcotraficantes para poder
subsistir. Su relación con militares y policías es bueno, pero distante, ellos
en sus cuarteles, los pobladores en sus negocios.
La
Provincia de Sucumbíos está situada en la región amazónica, en los flancos
externos de la cordillera occidental en el oeste y la extensa llanura amazónica
al Este. Limita al Este con el Departamento de Loreto perteneciente al Perú y
por el Norte con los Departamentos de Nariño y Putumayo pertenecientes a
Colombia. Su capital Nueva Loja es un importante centro administrativo,
económico y financiero de la Amazonía, gracias a la presencia del petróleo.
Está constituida por 7 cantones, entre ellos, el cantón Putumayo cuya cabecera
es Puerto
El Carmen. La espiral de distribución de la cocaína se inicia aquí, con
puntos de acopio de la coca, con el apoyo incondicional de los grupos de
narcotraficantes. La droga viaja por carreteras de segundo orden hasta llegar
al departamento de Nariño, en donde es refinado. Regresa a Ecuador por vía
fluvial o terrestre para ser enviado al exterior.
Nariño es uno de
los 32 Departamentos de Colombia. Su capital es San Juan de Pasto ubicado en el
extremo suroeste del país. Se compone de 64 municipios, entre ellos Barbacoas
y Tumaco. Según informe de la ONU publicado en 2017, este Departamento
es el mayor productor de hoja de coca en el país, cuyos cultivos aumentaron un
52% en el año 2016, y es blanco de ataques terroristas que buscan controlar los
sembradíos para la fabricación de la cocaína.
Putumayo es parte
del Departamento 32 de Colombia. Su capital Mocoa limita al sur con Perú y
Ecuador. Es uno de los Departamentos con mayor cultivo de hoja de coca y al
igual que Nariño es blanco de los traficantes de la cocaína.. Es sede de la
Brigada de Selva 27 del Ejército de Colombia. Puerto Asís se encuentra
sobre la margen izquierda del río Putumayo. Es la ciudad de mayor población del
Departamento de Putumayo, con cerca de 70000 habitantes.
El
proceso de paz con las FARC y sus consecuencias en el Ecuador
El conflicto
interno colombiano se inició en 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge
Eliecer Gaitán. De la división liberal entre “limpios” y “comunes”, los
segundos de orientación comunista, nacen las FARC. El acuerdo de paz se firma
en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Participan el Presidente Juan Manuel Santos y el líder del movimiento guerrillero Rodrigo Londoño,
alias Timoshenco.
El proceso de paz genera un nuevo orden ilegal de naturaleza
económica, liderado por bandas criminales que han alcanzado un alto nivel de
especialización, con una dependencia cada vez menor de los actores que las impulsan.
Los disidentes de las FARC conservan la capacidad de control del territorio
sembrado de coca, en tanto que las bandas criminales se responsabilizan de su
procesamiento y distribución. Su objetivo principal es la apropiación de
beneficios económicos mediante la explotación sistemática de las economías
criminales. De este mismo proceso, posiblemente el ELN ha sido el grupo que
mayores beneficios ha alcanzado, al
haberse apoderado sistemáticamente de los antiguos territorios de las FARC, a
menudo con la anuencia de los mismos. De esta manera ha heredado las economías criminales en estas
áreas, en especial los cultivos de coca, los corredores de tráfico y los puntos
de despacho que hacen parte de la primera etapa del comercio de cocaína.
Inicialmente, el ELN dudaba si debía involucrarse en el narcotráfico, debido a
asuntos ideológicos, pero más tarde vio que las FARC, que solían ser sus
iguales, los dejaban rezagados en términos militares y territoriales, gracias
principalmente a las ganancias del narcotráfico. Sin embargo, fortalecido por
la expansión territorial y por los elementos disidentes de las FARC, el ELN se
está convirtiendo rápidamente en el actor más importante de la primera etapa
del narcotráfico colombiano, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico
(Chocó, Cauca y Nariño).
También asoman como beneficiarios del proceso de paz,
especialmente en la zona de Nariño, los
frentes 29, 32 y 48, el frente “héroes y mártires de Barbacoas”, los “Comuneros
del Sur”, los Urabeños, los Rastrojos de las Bacrim y otros de menor
importancia. Estas nuevas bandas
tienen una naturaleza híbrida que dificulta enormemente los esfuerzos por
contenerlas. Por un lado, se trata de verdaderas estructuras armadas, más que
de simples cárteles de actividades ilícitas. Es decir, pueden llegar a
constituir una amenaza militar. Pero por el otro, sus actividades esencialmente
predatorias y delincuenciales, a veces como agentes directos de delitos o como
proveedores de servicios especializados para los grandes capos de tales
delitos, hacen de ellas una amenaza básicamente policial.[5]
El Clan del Golfo, uno de los carteles más grandes y peligrosos de Colombia, también actúa frente a la frontera con
Ecuador, y mantiene un contacto permanente con el cártel de Sinaloa de México.
Analistas colombianos y de inteligencia
suman 12 los grupos que operan en la zona fronteriza con Ecuador; entre ellos,
el denominado Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho, que
tanto dolor de cabeza le ha dado al Estado ecuatoriano. En El Pan tienen el punto de origen de la cocaína producida en
cristalizadores al otro lado de la frontera. La pasta de coca va a los centros
de producción de Llorente, antes de la distribución. Los puntos de salida están
entre San Lorenzo (Ecuador ) y Terán (Colombia). Tumaco, regado por esteros que
conectan por el Pacífico, es un punto estratégico y en disputa con otros
grupos. Allí, el 2017 ha sido el año más sangriento desde 2012, con el doble de
asesinatos que en 2016.[6]
Rechazan la sustitución y erradicación de los cultivos de coca .
La fase de “post conflicto” y su hondo agravamiento
están íntimamente relacionadas con un nuevo actor, el paramilitarismo y la
presencia de recursos financieros sin antecedentes, provenientes del tráfico de
drogas , el secuestro y la extorsión.[7]
Violencia
Varios investigadores buscan explicar el flagelo de
la violencia a partir de las características históricas de la construcción de
los Estados-Nación latinoamericanos. Sería-dicen- una consecuencia de Estados
débiles, fallidos o incompletos que no imponen ni orden ni legalidad y no logran
integrar sociedades fragmentadas. Concuerdo con ellos. El crimen organizado y
el narcotráfico son los generadores más importantes de violencia; el segundo, a
más de ser un problema de salud pública, es de seguridad. Los gobiernos se ven
abocados a destinar un mayor presupuesto para combatir un flagelo de difícil
contención y de una enorme capacidad corruptiva en las instituciones
democráticas. América Latina en general paso de ser productora de coca a
transformadora de materia prima en productos de consumo, tránsito y lavado de
dinero.[8]
Una década atrás el terrorismo y la delincuencia
constituían dos asuntos diferentes. Cada una perseguía sus propios objetivos y
a cada una de ellas les combatían instituciones diferentes. La atracción que se
tenían entre ellas les hizo confluir en
un momento dado, a tal punto que, los terroristas utilizan herramientas
criminales y la delincuencia hace uso de
las tácticas del terror. La tecnología ha hecho posible que el crimen
organizado aporte con servicios al terrorismo y éste a su vez acceda a fuentes
de financiación, o de cobertura criminal, sin necesidad de que sus comandos,
células o activistas se vean vulnerables ante la ley.[9]
Una de las principales pretensiones del terrorismo es
la de afectar psicológicamente a la sociedad. Es una guerra psicológica de
carácter racional por la probabilidad que se le asigna a la existencia del
evento, e irracional el momento de sobredimensionar la posibilidad de ser una
víctima. Por su parte, la repetición de los ataques terroristas puede
llevar a lo que se conoce con el nombre
de “efecto de acomodación”[10]
es decir, producir una desensibilización social de tal manera que los hechos
producidos parezcan normales y causen a la larga una anomia social. Colombia en
sus 50 años de terrorismo es un ejemplo a estudiar. Los medios de comunicación
por su parte, tienden a realizar una exhaustiva cobertura de los hechos
terroristas , incrementando la posibilidad de ser influenciado, al dotar de
mayor importancia de la que merece el hecho cometido.
El crimen organizado está asociado a dos objetivos:
su protección y la venta de bienes y servicios ilegales.[11]
Su estrategia para conseguirlo se basa en la penetración social mediante
actividades beneficiosas para la comunidad, presentándose además como
filántropos, apoyando el deporte y la cultura, realizando inversiones que
proporcionan beneficio económico, promoviendo puestos de trabajo, hasta
conseguir el ingreso en la política, dentro de la cual, todo es permitido. Esta
interacción ha crecido de forma exponencial y compleja. Este tipo de asociación
generalmente puede suceder en regiones en
donde la presencia del Estado está colapsado o inoperante por estar copado por
la criminalidad.
También asoman en espacios plurifronterizos con
lindes porosas , con etnografías diversas y heterogéneos vínculos patrios, y
corrupción generalizada. Para controlarlas, el Estado debe elaborar leyes y
reglamentos que impliquen condenas por terrorismo a hechos criminales de
soporte terrorista, amparadas en normas jurídicas sustantivas y adjetivas.
Impulsar el intercambio de información policial, judicial y fiscal; y,
potenciar los servicios de inteligencia.[12]
La ausencia del Estado genera escenarios de violencia
multitudinaria que se expresa a través de formas muy diferentes. No se duda en
señalar que la desigualdad social, el bajo nivel de la educación, el escaso
ingreso monetario son factores que inciden directamente en el nivel de violencia;
sin embargo, éstas estigmatizaciones pueden ser consecuencia de un fenómeno que
se pretende combatir con una misma receta, sin tomar en cuenta los escenarios
particulares en cada una de las jurisdicciones en las cuales la violencia se
vuelve un problema de seguridad.[13]
La
Defensa Nacional
Un manejo irresponsable
Se
fundamenta en el ordenamiento constitucional y vincula a la sociedad en la
consecución de los objetivos nacionales; es responsabilidad del Estado e
involucra a la defensa militar mediante la organización, preparación y empleo
del instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas, para cumplir con los
objetivos de la defensa nacional. Hasta antes del 15 de enero de 2007, los
objetivos de la defensa nacional eran: ejercer un control efectivo del espacio
territorial, proteger la vida de la población y los recursos del país,
garantizar el ordenamiento jurídico del Estado, fortalecer las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de
sus misiones, fortalecer la unidad y conciencia nacional en torno a los temas
de seguridad y defensa; y, participar en operaciones de mantenimiento de la
paz.[14]
El 1 de
marzo de 2008, la violenta incursión del Ejército colombiano sobre el
campamento de las FARC, en Angosturas, territorio ecuatoriano, pasa a constituirse
en un antes y después, en la forma de
entender la seguridad y defensa nacional por parte del gobierno de Correa. Se
inicia el proceso de elaboración de una nueva ley de seguridad en el seno de
una Asamblea Nacional con absoluta mayoría del partido de gobierno y dócil a
las disposiciones del Presidente de la República. En el mes de junio, la Comisión Legislativa
dio paso al proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado y lo envía al
Ejecutivo. Reformar una ley vigente por cerca de 46 años es un cometido
importante que ameritaba un proceso de discusión y elaboración serio, con la
presencia de representantes de las funciones del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas. Su ausencia y la
ignorancia en temas tan complejos como la seguridad nacional, más la
predisposición ideológica de un gobierno empeñado en policializar a la
Institución militar, en cumplimiento a las disposiciones del Foro de Sao Paulo,
dieron como resultado un mamotreto en el cual a la defensa nacional se le pone
en el mismo saco de la seguridad pública o seguridad interior, o de otros tipos
de seguridad que dependen de políticas públicas que llevan a armar estructuras
paralelas.
Cierto es
que el tema de seguridad nacional venía siendo objeto de un severo análisis en
diferentes instancias del pensamiento académico mundial, especialmente, al
terminar la Guerra Fría. Parte de una visión humanista de acuerdo a la cual, el
derecho de las personas está por sobre cualquier otra consideración, incluso
por sobre la seguridad nacional; entonces, se inicia un proceso de
desmilitarización y toma el nombre de seguridad humanitaria, seguridad
ciudadana, seguridad integral, entre otros de los calificativos que ya constan
en ensayos y en muchas constituciones. Visto de esta manera, la seguridad
abarca ángulos y matices diferentes que la hacen multidimensional y deja de ser
exclusiva de los militares. Lamentablemente, en los países en los cuales la
democracia toma un giro autoritario, la seguridad humana o ciudadana se cae al
suelo, de la mano de la delincuencia y la corrupción generalizada. Ejemplos:
Nicaragua, Venezuela, Ecuador.
La ley de
seguridad pública y del Estado se elabora bajo premisas eminentemente
ideológicas, no existe, al menos no han sido publicadas apreciaciones que
permitan establecer los escenarios que determinen una Estrategia de Seguridad Nacional,
entendida ésta, como el “arte y ciencia que permite desarrollar, aplicar y
coordinar los instrumentos del poder nacional, para alcanzar los objetivos que
contribuyan a la seguridad nacional.”[15] Una
rápida lectura de los principios en los cuales se sustenta la ley , nos llevan
a la conclusión de que ninguno de ellos podrían ser aplicados. A más de atentar
al idioma, termina por eliminar la presencia de los militares, y subordina bajo
un Ministerio Coordinador(que ya no existe por burocrático e ineficiente) todo
el sistema de seguridad nacional. Bajo su responsabilidad estaba la preparación
del Plan Nacional de Seguridad Integral. Me pregunto: Existirá el Plan?. Lo
conocerá el Consejo de Seguridad?. En cuanto a sus órganos ejecutivos, la
Dirección Nacional de Movilización,
importante por el lado que se le mire, pasó a ser una unidad administrativa del
Ministerio del Interior; la Secretaría Nacional de Inteligencia a órdenes del
Presidente de la República, con autonomía total, dedicada a espiar a los
enemigos de su revolución. La Secretaría de Riesgos, interesante en cuanto a
reemplazar a la Dirección Nacional de Defensa Civil, cuya reestructuración era
necesaria, pero con una autonomía que le hace proclive a la corrupción. La
conducción descentralizada de estos importantes componentes de la seguridad
nacional, desde un ministerio cuya permanencia en la organización estructural
del Estado era improbable, como efectivamente sucedió, reflejaba la poca o
ninguna importancia que el régimen anterior le daba a la seguridad de la
nación.
Estamos
enfrentando un grave problema en la frontera Norte, y ésta ley denominada de
seguridad pública y del Estado sigue vigente. Grave contradicción en términos
de seguridad nacional. Súmese a la vigencia de ésta ley, el acoso sistematizado
hacia las Fuerzas Armadas, planificado desde el gobierno de la revolución
ciudadana y ejecutado por políticos sectarios que fungían de Ministros de
Defensa, con la finalidad de convertir a ésta Institución, una de las más
prestigiadas del país, en el brazo
armado del movimiento político del gobierno. Incidieron directamente sobre los
valores fundamentales de la profesión militar y las debilitaron en su
infraestructura operativa y logística, a pretexto de una paz firmada con el
Perú y de un contubernio con las FARC luego del apoyo recibido para la campaña
electoral que le llevó al poder a Rafael Correa.
Muchos
eventos propiciados por el gobierno del Presidente Rafael Correa demuestran
fehacientemente, que los actos de violencia que hoy están presentes en la
frontera Norte, son fruto del manejo inadecuado de la defensa nacional. En
ellos se encuentran elementos de convicción suficientes para iniciar un proceso judicial encaminado a
demostrar que, el gobernante y sus
cercanos colaboradores, civiles y militares, podrían ser responsables del
delito de traición a la Patria, por “omisión o sumisión”[16].
Revisemos algunos:
·
Raúl Reyes y el Mono Jojoy, dirigentes de las FARC, dieron
cuenta del apoyo en dólares a la campaña electoral del Sr. Correa. Las FARC
ocuparon el territorio nacional para curarse, descansar y planificar. La SENAIN
volvió sus ojos al frente político interno[17].
·
El plan “Patria I” presentado por el Jefe del Comando
Conjunto luego del ataque en Angostura, contemplaba la adquisición de armamento
y equipo que le permita cumplir con las tareas impuestas a los escalones
subordinados, y facilitar el abastecimiento logístico necesario para este tipo
de operaciones. El plan no se ejecutó. EL Comando Conjunto se sometió a la autoridad.
Se atentó a la seguridad interna.
·
Ante el pedido del Presidente de Colombia Álvaro Uribe, en
la inauguración de la Asamblea Constituyente de Montecristi, de que no se
permita que el Norte del Ecuador sea territorio de descanso y reaprovisionamiento
de las FARC, y de corredores de droga, el Presidente Correa consolidó el statu
quo de protección a las FARC bajo el supuesto de que eran combatientes y no
terroristas. Se atentó a la seguridad interna
·
Se recibió seis aviones Mirage de Venezuela, donados por
Hugo Chávez para entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea ecuatoriana. Vino
como chatarra y como tal sigue embodegada. Puso en riesgo la vida de los
uniformados y la seguridad de la nación en caso de empleo.
·
La adquisición de helicópteros Dhruv procedentes de la
India, sin considerar objeciones de calidad realizados por la Fuerza Aérea, fue
causa de varios accidentes aéreos en los cuales perdieron la vida los militares
pilotos. Hay serias presunciones de que el asesinato del ex comandante de la
FAE, Gral. Jorge Gabela, tiene que ver con la compra de estas naves. El informe
final del perito argentino Roberto Meza desapareció en el Ministerio de
Justicia, en la Presidencia de la República, en la Fiscalía. Su compra
atentó a la seguridad nacional.
·
En agosto del 2010, la presión de Correa sobre la Asamblea
Nacional, para alterar derechos establecidos del personal militar y policial,
degeneró en protestas de los uniformados y un escalamiento de la violencia ,
con el desenlace trágico, innecesario y criminal de muertos y heridos en
personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Atentó contra la seguridad
interna de la nación inventando un golpe de Estado que nunca fue una realidad.
·
El 15 de agosto de 2014 llegaron a Guayaquil 10.000 fusiles
AK-47 donados por China. No existe un pedido oficial de armamento por parte de
FF.AA. Se informó de un convenio reservado por petición del gobierno chino, y
que estos convenios de entendimiento no se deben notificar a la Asamblea
Nacional. La presencia de armamento no solicitado por las Fuerzas Armadas es
atentatorio a la seguridad interna del Estado.
·
La utilización del correo electrónico para comunicarse
directamente con miembros de las Fuerzas Armadas, por parte del Presidente de
la República, y la judicialización de las resoluciones de los Consejos de
disciplina atentaron contra la disciplina al interior de la Institución militar.
·
El 11 de septiembre de 2016 circula un video en el cual dos
militares imparten instrucción a jóvenes pertenecientes a Alianza País, con la
presencia de un legislador y una coordinadora del mismo movimiento político,
sobre formas de comportamiento cuando la fuerza pública controla una
manifestación. “El uso de la fuerza solo le corresponde jurídica y legalmente
al Estado”. Constituye un atentado a la seguridad interna del Estado.
·
A partir de enero del 2016 y durante todo el año, en
intervalos de tres a cinco meses, fueron defenestrados 24 generales de las
diferentes Ramas, en cuyas manos estaba la conducción de la seguridad interna y
externa del país.
·
Durante la década perdida se destruyo a la industria militar
destinada a actividades inherentes a la defensa nacional, tales como vestuario,
calzado, explosivos, hierro, munición, orientadas a fortalecer la capacidad
logística y administrativa de la institución. Se intento desaparecer del
orgánico de guerra al Arma de Ingenieros, en su empeño de tener bajo el control
del Presidente, como empresa pública, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
·
El 10 de mayo de 2017, la Asamblea Nacional, cumpliendo
ordenes expresas del Presidente de la República, aprobó un nuevo esquema de
seguridad del Estado, al margen de la Constitución, reactivando el proyecto de
Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Se crean
cuerpos civiles armados para la protección de autoridades. Se atenta gravemente
a la seguridad interna del Estado.
·
El 3 de marzo del 2016 se expidió el decreto 945 ordenando
que no haya distinción ni discriminación entre oficiales y tropa de las Fuerzas
Armadas, lo cual, racionalmente, no es posible, por ser una Institución
disciplinada y jerarquizada, sujeta a leyes y reglamentos que por su naturaleza
le dan a la profesión militar su carácter de especial. Se atentó a la
disciplina militar.
A
manera de conclusiones
·
La defensa nacional requiere de un análisis geopolítico
serio y permanente que le permita prevenir y enfrentar los conflictos internos
y externos. Los objetivos políticos deben ser replanteados a fin de elaborar
una estrategia militar de largo alcance para apoyar al Estado en la
recuperación de la seguridad y la paz. La ideología política no va con la
defensa nacional.
·
La Estrategia de
Defensa se deriva de una adecuada política y estrategia de seguridad
nacional, y se desarrolla bajo lineamientos consustanciales con la profesión
militar, entre ellos: el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para lograr
eficacia en el empleo de los medios; actualización de la normativa legal que le
faculte actuar en los diferentes escenarios de la seguridad interna y externa
de la nación; apoyando a la Policía Nacional en su lucha contra el
narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, en todas sus formas y en
todos los escenarios; fortaleciendo una cultura de defensa mediante la
participación activa de la sociedad; respetando al poder político legalmente
constituido y exigiendo a ese poder el respeto que se merece la Institución
militar; apoyando al desarrollo nacional, especialmente en las áreas
fronterizas, para generar presencia del Estado; participando en las actividades
de prevención, mitigación y reconstrucción en zonas afectadas por inundaciones,
terremotos y otros que atenten a la vida de las personas.
·
El poder se refleja en la libertad de acción que tengan sus
actores; es decir, la capacidad para rehusar o aceptar lo que el otro lo pida.
La sumisión
y la omisión pueden devenir en actos de traición a la patria.
·
El Ejército no debe ser el actor principal del conflicto en
la frontera Norte. Su presencia puede mostrar una mejora de la situación en el
corto plazo, en términos de seguridad, hasta que las organizaciones terroristas
y narco traficantes se adaptan a su estrategia.
A
manera de recomendaciones
-
Elaboración de una nueva ley de seguridad nacional, con la
participación profesional de la Institución militar, basada en estudios
geopolíticos serios, alejada de
ideologías políticas y orientada a facilitar la preparación
administrativa, logística y del conocimiento de los profesionales de la
defensa, con miras a enfrentar los retos de la Nación en los campos interno y
externo. Es indispensable retomar y consolidar la relación entre seguridad y
desarrollo. Toda ley que tenga direccionamiento tiene que ser reformada.
-
Elaborar una doctrina militar conjunta que oriente
adecuadamente el empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo a una seguridad
integral. Ello implica definir nuevos retos en las relaciones internacionales,
en la justicia, en los sistemas de información e inteligencia, en las acciones
de prevención, respuesta y mitigación de riesgos y desastres de origen natural
y los provocados por el ser humano, en el servicio militar, en la movilización
nacional.
-
Fomentar el desarrollo de políticas públicas que estén
acordes con las necesidades de la defensa nacional. Entre ellas, por su
importancia, la inteligencia estratégica, orientada a un manejo por procesos y
procedimientos que le permitan al Estado tomar decisiones, acorde a la realidad
nacional en los escenarios internos y externos. Para ello será necesario
disponer de especialistas civiles y militares con formación de grado y de
postgrado.
-
Modelar una Institución militar cimentada en el conocimiento
adecuado de los nuevos roles y amenazas, a fin de establecer con claridad su
estructura y sus misiones.
-
Emprender en un programa de largo aliento, orientado a
recuperar los valores de la profesión militar, especialmente en el aspecto
disciplinario y de pertenencia institucional, desde las escuelas de formación y
perfeccionamiento de oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas, hasta los
escalones administrativos, logísticos y de operaciones de la Institución
militar.
Ensayo publicado en la Revista “Presencia” de la Asociación
de Generales y Almirantes. Edición No 34. septiembre de 2018.
[2] López
Trigal. Geografía Política. Madrid, 1999
[3]
Ibídem
[4]
Ibídem
[5]
Democracia, Seguridad y Defensa. PUCE. Boletín 33
[6]
Diario Expreso. 17 de abril 2018
[7]
Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá.
Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Ed 2015.
[8]
Panorama Estratégico 2018. Instituto Español de Estudios Estratégicos
[9]
Criminalidad y Terrorismo. Juan López Muñoz. Ieee.es
[10]
Ibídem
[11]
Ibídem
[12]
Criminalidad y terrorismo. Juan López Muñoz. IEEE
[13] Juan
Mario Solis/Marcelo Moricone . Universidad Autónoma de San Luis de
Potosí-Lisboa. 2017
[14]
Política de la Defensa Nacional del Ecuador. MDN. 2002
[15]
Carlota García: Instituto de estudios geoestratégicos y asuntos públicos.
[16]
Omisión: Derecho.- Infracción penal cometida por haber dejado voluntariamente
de hacer una cosa que la ley manda realizar. Sumisión: Acción de someterse, sin
cuestionarlos a la autoridad o a lo que las circunstancias imponen.
[17] 4
Pelagatos. 20 de abril de 2018
