El término militar hace referencia a los individuos (miembros), instituciones, instalaciones, equipamientos, vehículos y todo aquello que forme parte de forma directa e inseparable de las Fuerzas Armadas o Ejército; creado y organizado con la misión fundamental, pero no exclusiva, de defender la integridad territorial y la soberanía del país al que pertenezca por medio del uso de la fuerza y las armas en caso de ser necesario.[1]
La palabra militar es un
verbo y un sustantivo a la vez, es una condición profesional y una vocación.
El verbo militar es comprometerse, de militancia, en el que esa
militancia es un compromiso con los destinos, el desarrollo y el bienestar del
país, de las mayorías.[2]
La fuerza militar es profesional, porque sus miembros siguen
una carrera, con promociones y grados que se alcanzan conforme a las leyes y
reglamentos internos que las rigen. Es profesional porque consiste en una
especialización en la administración y el uso organizado, racional, legal y
legítimo de la fuerza del Estado. Lo es, en fin, porque exige de quien se
consagra a ella un compromiso vital total, como ocurre en pocas profesiones.[3]
La fuerza militar es disciplinada y jerarquizada. Todos los elementos de la fuerza militar se
complementan entre si y son uno solo, si cualquiera de ellos es debilitado por
razones exógenas o endógenas, todos los demás se resienten. Quien no quiera
entender esta forma de ser de la profesión militar, está dejando de entender un
elemento constitutivo fundamental del Estado.
La aparición de un ejército profesional posiblemente se da en el
siglo XVIII, en su forma más primaria de organización, antes de ello, en el
siglo XVI era común encontrar oficiales mercenarios. En el siglo XIX aparece
una profesión militar integral en la cual se desarrolla un sentido de identidad
colectiva y de organización interna que da paso a tres elementos esenciales: especialización
técnica, responsabilidad y sentido corporativo[4]
A fines del siglo XIX, la organización militar norteamericana, lo mismo que la
de otros países industrializados, se convirtió en una estructura integrada, con
una complicada formación jerárquica, a medida que el concepto organizativo del
Estado Mayor General se convirtió en necesidad administrativa.[5]
La profesión militar en los
primeros años de la República y hasta muy avanzado el siglo XX era mirada por
la sociedad civil como una profesión de jerarquía inferior a la de un médico,
un ingeniero, un sacerdote o un profesor. Las familias buscaban que sus hijos
ingresen a la milicia por ser una carrera corta, de poco esfuerzo intelectual,
con mucha disciplina, y en ocasiones, miraban como una oportunidad de ascenso
en la sociedad, especialmente las clases sociales menos privilegiadas. En la
tropa, la profesión militar era vista como la salvación a sus necesidades
económicas, y su educación dejaba mucho que desear.
La profesión militar ha
sufrido cambios sustantivos como producto de la tecnología y de la forma en que
se han desarrollado las grandes
confrontaciones mundiales. Del mando autoritario a la persuasión y al consenso
colectivo que deje poco espacio para la conducción informal de las operaciones militares;
de los ascensos emotivos o políticos al cumplimiento de rígidos procedimientos
de selección dentro de una carrera autónoma y completa; de los actos heroicos
producto muchas veces de la propia psicología de la guerra, a soldados
altamente especializados y con profundas motivaciones.
La profesión militar ya no
es solamente el ejemplo del superior al subordinado, es el conocimiento puesto al servicio de las armas con la participación
eficiente y permanente de especialistas técnicos en la organización militar,
encargados del mantenimiento de las armas, expertos en sanidad, técnicos en la
conducción logística en apoyo de las operaciones militares, ingenieros en las
diferentes especializaciones de esta carrera, relacionadores públicos que
manejen la imagen de la institución en tiempos de paz y de guerra.
La profesión militar ya no
se hace en las batallas intestinas de la nación, como sucedió en nuestro país
durante el siglo XIX y en una parte del siglo XX, se lo hace al interior de las
Escuelas de Perfeccionamiento y Especialización de las Fuerzas Armadas. Los
ascensos ya no son por el resultado de las acciones heroicas de una batalla, ni
existen los favores políticos nacidos en el Congreso o en la Presidencia de la
República, hoy son el resultado de largos y complejos estudios del arte de la
guerra y de la realidad nacional e internacional que dan como resultado una
calificación profesional que le permite acceder a los grados superiores y
cumplir con sus funciones en los diferentes estamentos administrativos y
operativos de la institución. El resultado, la presencia de Fuerzas Armadas
profesionales e institucionales. La participación política de las Fuerzas
Armadas ya no se da por la presencia de caudillos militares ante la ausencia de
políticos que orienten, administren y
guíen a sus países. Su presencia Institucional se ha dado para evitar
enfrentamientos entre bandos de la sociedad civil a favor o en contra del
mandatario de turno, o cuando las decisiones políticas pueden afectar
severamente a la sociedad en su conjunto.
En la profesión militar, el honor es un medio y un fin. El código
de conducta del militar especifica cómo tiene que conducirse. Un aspecto
fundamental del honor militar constituye el sentido de fraternidad y un intenso
sentimiento de lealtad al grupo. El saludo militar es una forma de solidaridad.
Todos los rangos jerárquicos reconocen la presencia de los que poseen los
grados superiores. “Los soldados profesionales son individuos sentimentales, a
pesar de las duras realidades de su vocación. En sus mochilas y en sus
recuerdos llevan fragmentos de filosofía, trozos de poesía, citas religiosas,
todo lo cual en momentos de tensión y de peligro tiene para ellos un profundo
significado.”[6]
El honor militar permite que el soldado profesional esté por encima de la
política en los asuntos internos; en otras palabras, no se adhieren a los
partidos políticos ni manifiestan una actitud partidaria. Lo anterior no
significa que la clase militar sea apolítica.
La profesión militar,
desarrolla una doctrina militar, la
misma que debería reflejarse en la sociedad. Por lo general mantiene una
continuidad histórica y sufre cambios
derivados de sus experiencias de combate y de la autocrítica de sus miembros.
El desarrollo de la carrera
es una permanente vocación de servicio a la sociedad y de aprendizaje y
especialización en su profesión. Entre un grado y otro existe como requisito la
aprobación de un curso que le certifique como apto para el siguiente cargo.
El
ámbito de la profesión militar
La vida cotidiana del
militar va mucho más allá de sus obligaciones oficiales. La misión de defender
la soberanía nacional exige al profesional militar abandonar su rutina y sus
compromisos familiares o personales, en cualquier momento y sin previo aviso.
En los grados inferiores, su presencia en lugares de vigilancia fronteriza le aleja de su familia y le mantiene aislado
socialmente. En los grados intermedios y superiores, sus amistades giran
alrededor de las autoridades locales y de las personas o empresas vinculadas a
su unidad por razones de carácter logístico y administrativo. Le duran en la
mayoría de las veces, el tiempo que permanece en esa unidad. Su trabajo está
muy cercano a su residencia familiar, en donde los dos acaban por combinarse
totalmente. Este estilo de vida crea un vigoroso espíritu de cuerpo. En el
grado de coronel pueden desempeñar funciones diplomáticas, siempre que su libro
de vida demuestre la excelencia en su carrera. Su destinación a más de ser
motivante para su estatus social, mejora sustancialmente su posición económica.
En el grado de general conforma lo que muchos califican como la élite militar,
debido a sus funciones de mando y responsabilidad institucional y nacional.
En lo económico, es una
profesión cuyo nivel de vida es sumamente austero. La sociedad civil, en
términos de bienestar material, progresa más rápidamente que la del militar. El
ingreso mensual por lo general es más bajo que el resto de las profesiones
burocráticas del Estado, y no puede tener ingresos extraordinarios, puesto que
su profesión, a más de ser a tiempo completo, no tiene las características de
especialidad que pueda ser requerida en las ocupaciones civiles. Al finalizar
el siglo XX, en nuestro país, se inicio un proceso de homologación salarial con
el resto del sector público, lo cual mejoró sustancialmente el ingreso
familiar. Si bien la atención médica después del retiro sigue siendo gratuita,
la atención en los hospitales se ha vuelto vulnerable debido a la situación
pública que han adquirido dichos establecimientos. La educación militar actual
ha permitido considerar al retiro como un paso más dentro del desarrollo de la
carrera, pues la mayor parte de sus miembros ha adquirido una carrera de
carácter civil; sin embargo, las aspiraciones dentro de una segunda carrera
todavía son muy modestas y de hecho limitadas, incluso en los oficiales del
arma de ingenieros. Tradicionalmente, la ocupación en tareas civiles era
incompatible con la imagen que el
militar tenía de sí mismo. Por lo general, los militares eran muy afectos a las
tareas de carácter agrícola una vez que se concretaba su retiro.
La familia del militar constituye un soporte fundamental para la
profesión militar, porque su visión con respecto a la función que cumplen no es
de un simple trabajo, es para la familia una misión especial. Las esposas en la
mayoría de los casos se constituyen en el soporte principal, especialmente,
cuando se vive en los campamentos militares. Son apoyo también en el
mantenimiento de la tradición militar y son muy críticas respecto del
ceremonial militar. La responsabilidad en la educación de los hijos recae
fundamentalmente en la esposa del militar. El casino de oficiales es el lugar
en donde se desarrolla una vida social organizada y permanente, en la cual las
esposas tiene un papel preponderante.
Las
virtudes y valores de la profesión militar:
Al hablar de virtud me
refiero al deber como una obligación moral que ordena nuestros actos, debiendo
distinguir entre virtudes morales e intelectuales, las primeras que
perfeccionan la razón y las segundas que perfeccionan la inteligencia.
Entre las virtudes morales
que tienen especial significado en la profesión militar están: la Prudencia (obrar con rectitud), Justicia (dar a cada uno su derecho), Fortaleza (mantenerse firme en el peligro)
y Templanza (moderación en lo que
nos gusta).
Los valores morales constituyen el cimiento de la profesión y permiten
sustentar el sentido de pertenencia a la institución militar. Esta “ideología
orgánica”[7]
se estructura sobre la base de valores que, en esencia, han permanecido sin
cambios desde la Edad Media: honor,
dignidad, lealtad, honestidad, ética militar, abnegación, mística del deber. Al
analizar el libro de vida de un militar, las cualidades morales fundamentales
tienen que ver con estos valores. Son absolutos: si o no. En lo que corresponde
a los atributos técnico
profesionales, son evaluados en términos de liderazgo, iniciativa,
organización, trabajo en equipo, perseverancia. Finalmente, sus relaciones con la sociedad son
analizadas en términos de disciplina, porte militar, conducta ciudadana,
espíritu de cuerpo, tacto, sobriedad.
El profesional militar con
estas virtudes y valores es parte de un cuerpo fuertemente estructurado y
disciplinado, de un todo con historia y tradiciones, al que se pertenece con
orgullo y por propia voluntad. En la profesión militar, quien ejerce el mando,
no es alguien, sino es un espejo en el cual el subordinado ve la potencial
recompensa a futuro de su lealtad y sacrificio presentes.
La imagen profesional, basada
en el espíritu de cuerpo depende sustancialmente de la disciplina y la
jerarquía. La disciplina es el alma
de la organización, lo que sustenta la jerarquía
y, con ella, la subordinación. Cuando se resquebraja la disciplina se pone en
riesgo la existencia de la profesión. La disciplina existe como norma y se impone
en ejecución a través del cumplimiento del deber, que a su vez está sujeto a la
subordinación y la obediencia del inferior y al ejercicio del mando para el
superior. Los derechos humanos de extrema importancia en las
instituciones que manejan la fuerza en defensa del Estado, en conflictos de
carácter externo o interno, aplicados indiscriminadamente a las actividades
administrativas de las Fuerzas Armadas, han devaluado la disciplina. Todo lo
que deprime la moral amenaza a la disciplina.
La profesión es conservadora
en sus tradiciones, y la nostalgia
por el pasado se expresa en el ceremonial militar, en sus diferentes y variadas
formas de presentación, dependiendo del arma o servicio que lo represente. Pasa
por muchas formas; cortes de pelo, insignias especiales, tipo de boinas, el
color del uniforme, los desfiles militares, la despedida, el ingreso, el portón
de Marte. Lo ceremonial contribuye a elevar el sentido de pertenencia
institucional.
La profesión militar se
parece mucho al sacerdocio. Uno dedica su vida a un objetivo. Se viste el
atuendo propio de una profesión organizada. Rigen la vida del individuo las
normas establecidas por la organización. Además, el individuo renuncia a la
búsqueda de la riqueza. En considerable medida puede decirse que uno renuncia a
la ciudadanía; pues renuncia a la política y trabaja por el bien supremo de la
organización. En último análisis, los objetivos y los fines del mundo de las
Fuerzas Armadas son tan morales como las de cualquier sacerdote, puesto que uno
no busca su propio beneficio, sino el supremo del país. Uno adiestra a los
subordinados para que sean ciudadanos buenos y útiles, y a semejanza del
pastor, lo que uno dice tiene que adaptarse a las normas de la organización.[8]
La
profesión militar y su apoyo al desarrollo nacional
El artículo 162 de la
Constitución de la República limita la
participación de las Fuerzas Armadas a actividades económicas relacionadas con
la Defensa Nacional, y a un aporte
de su contingente al desarrollo nacional, de acuerdo con la
ley. El apoyo al desarrollo del país nace con el Ejército cuando cumple con las
actividades dirigidas a reforzar las acciones gubernamentales, tendientes a
elevar el nivel de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad, dando
prioridad a las zonas fronterizas. Se incrementa su participación de manera
significativa a inicios del siglo XX, cuando la Misión Militar chilena crea la
ingeniería como la cuarta arma del Ejército en 1902.
En 1920, el Congreso
Nacional crea secciones de ingenieros en el orgánico del Ejército y dispone la
contratación de una misión militar europea, lo cual se materializa con la
llegada al país de la Misión Militar italiana.[9]
Esta misión pone especial énfasis en la tecnificación del Ejército en todos sus
aspectos, destacándose dentro de ellos, la creación de la Escuela de Oficiales
Ingenieros[10]
con la cual nace el apoyo del Ejército a la educación del país. Esta escuela se
transformará en la Escuela Técnica de Ingenieros[11],
en Escuela Politécnica del Ejército[12]
y en la Universidad de las Fuerzas Armadas[13].
La presencia de estos institutos de educación superior en sus diferentes
épocas, permitió y permitirá la participación del Ejército, con los
profesionales graduados en sus aulas y a
través de sus unidades de ingenieros, en los grandes proyectos de
vialidad, de petróleos, de infraestructura sanitaria, de ferrocarriles, de
obras civiles a lo largo y ancho del país. La participación del Ejército en la
construcción del ferrocarril Sibambe- Cuenca, a través de su unidad insignia,
el batallón de ingenieros “Montúfar” en el año de 1930, es un claro ejemplo de
técnica y trabajo en beneficio del país. Qué decir de la participación del Cuerpo
de Ingenieros en el desarrollo de la vialidad nacional, desde su fundación el 4
de octubre de 1968. A partir de 1972,
las aulas universitarias se abren a la sociedad civil para su formación
universitaria.[14]
“Si el Ejército es propulsor del progreso, desde que garantiza su florecimiento
por medio de la paz, bien está que
cuando ésta reina se ocupe en trabajos prácticos que deje recuerdo indeleble”.[15]
El 11 de abril de 1928, con
la creación del Servicio Geográfico Militar, se consigna en la vida del Ejército,
un segundo y fundamental aporte para el progreso del país. Basta esta sola
fundación y puesta en marcha, para justificar la presencia de la Misión Militar
italiana en el Ecuador.[16]
Nace en el país la cartografía, y con ella, el levantamiento de la Carta
Nacional. El 15 de agosto de 1947, al cabo de 19 años y cuatro meses de una
incansable y fructífera labor del Servicio Geográfico, y ante la necesidad de
modernizar la estructura administrativa de este importante centro cartográfico,
el Dr. José María Velasco Ibarra lo transforma en Instituto Geográfico Militar.
En diciembre de 1973 se crea el Centro Panamericano de Estudios e
Investigaciones Geográficas mediante un Convenio con el Instituto Panamericano
de Geografía e Historia creado en 1928 por mandato de la Sexta Conferencia
Internacional Americana. El Ejército se preocupa de levantar el inventario de
los recursos naturales del país, mediante la utilización de la Cartografía y de
los sensores remotos instalados en los satélites. Crea el Centro de Levantamientos
Integrados Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN).[17]
El triunfo de la revolución
cubana al mando de Fidel Castro en 1959, se constituye en el hecho más
trascendente en el ámbito americano, por la influencia que ejercía el
movimiento en muchos países de Centro y
Sur América, entre ellos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia,
Venezuela, Bolivia, Argentina. Estados Unidos resultaba el país más damnificado
con la presencia de la Unión Soviética apoyando a Cuba. La política militar de
los Estados Unidos tuvo que dar un giro de 180 grados respecto de las
relaciones civiles-militares en los países de América, a fin de
contrarrestar el nacimiento de grupos guerrilleros y su consiguiente apoyo por
parte de la población. Buscaron satisfacer
las necesidades de las clases marginales a través de obras de infraestructura y
de apoyo a la comunidad, con la participación de las Fuerzas Armadas. Para
ello, los Estados Unidos implementan el programa de ayuda internacional
denominado “Ayuda MAP”, el mismo que llega
al Ecuador desde mediados del año 1959, mediante cursos de formación y especialización técnica
para personal de oficiales y
voluntarios, efectuados en el Fuerte Gulick, con asiento en la Zona del Canal
de Panamá; con la donación de equipo de ingeniería reconstruido de los
sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, en unos casos, y nuevos en otros, y
mediante la presencia de personal para asesorar en la organización y
funcionamiento de unidades de ingenieros. Desde luego, el programa también
capacitaba al personal en todas aquellas materias destinadas a la instrucción
de la ingeniería de combate: lanzamiento
de campos minados, lanzamiento de puentes Bailey, construcción de puentes de
circunstancia, puentes flotantes, explosivos y demoliciones, purificación de
agua, táctica de ingenieros, fortificación de campaña, etc.
Con la participación activa
del coronel ingeniero Jorge García Negrete, el mando militar presentó a
consideración del Presidente de la República, el proyecto de decreto mediante
el cual se crea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sus considerandos
destacan la necesidad de promover el desarrollo socio económico del país,
especialmente, mediante la realización de obras de infraestructura que permitan
la ocupación, defensa y valorización de las zonas fronterizas, a fin de
satisfacer lo dispuesto en el último inciso del artículo 248 de la
Constitución. El proyecto fue aprobado y promulgado por el doctor José María
Velasco Ibarra, con el número 134 del 4 de octubre de 1968.
A fin de que la ingeniería
militar en su conjunto interactúe en beneficio de la misión asignada, el Ministerio de Defensa, a través de un acuerdo
ministerial dispone que el Instituto Geográfico Militar sea el organismo de
coordinación y asesoramiento del Cuerpo de Ingenieros en todo aquello que se
relacione a la Cartografía y asuntos afines; que la Escuela Técnica de
Ingenieros, con todo su personal docente, sea el organismo de asesoramiento en
la planificación de proyectos y estudios especiales, y faculta al jefe del
Cuerpo de Ingenieros para que coordine con los organismos del Estado.
La creación del Cuerpo de
Ingenieros en la forma descrita y con organismos de asesoramiento de tan
elevada categoría, ponía en manos del Ejército, y por ende del país, una
poderosa herramienta para el desarrollo y la seguridad nacional. En el campo
del desarrollo, reforzando las actividades gubernamentales orientadas a elevar
el nivel de vida de los sectores o comunidades más desprotegidas, con prioridad
a las zonas fronterizas, y en el campo de la seguridad nacional, facilitando y
apoyando el ingreso y salida de las tropas de las zonas de combate. Con la
creación del Cuerpo de Ingenieros se había cumplido con las expectativas de
quienes participaron en la creación del arma en 1902, de la Escuela de
Oficiales Ingenieros en 1922 y del
Servicio Geográfico Militar en 1928.
En el año de 1973, varios
factores económicos alteran las políticas estatales que obligan a reducir los
instrumentos monetarios de corto plazo. El crecimiento del circulante y la baja
oferta productiva hace que el Estado dirija sus recursos al sector privado para
el financiamiento de actividades productivas, especialmente en el campo de la industria
y agro industria.
Dentro de la política del
gasto público implementada por el Gobierno, existió una creciente participación
del sector público en inversiones productivas para proyectos que siendo
necesarios para el desarrollo del país, no encontraron interés en realizarlos
por parte de la iniciativa privada, por asuntos de baja rentabilidad en unos
casos o de elevado riesgo en otros.
La Dirección de Industrias
del Ejército (DINE) emerge en este momento histórico de la economía nacional,
con claros objetivos trazados desde el Gobierno nacional empeñado en responder
a trascendentales imperativos que
exigían de actitudes idóneas y oportunas en beneficio del país.
El Decreto Supremo No 1207 del 19 de octubre de 1973 crea la
Dirección de Industrias del Ejército con la finalidad de aunar esfuerzos del
sector público, conjuntamente con el sector privado, para enfrentar con trabajo
y capitales, el surgimiento de empresas dirigidas a asumir actividades
productivas en un momento de incipiente espectro industrial. Su objetivo
principal fue el de promover, ejecutar y fomentar industrias básicas,
necesarias para el autoabastecimiento de las Fuerzas Armadas, así como el de
implementar oportunamente nuevos proyectos estratégicos que generen sustitución
de importaciones, que propicie la creación de fuentes de trabajo y priorice la
utilización de los recursos nacionales, instalando empresas propias e
interviniendo en aquellas de participación accionaria con el sector privado. Si
bien la sustitución de importaciones fue su norte inicial, progresivamente, su
participación se fue encaminando hacia el proceso de integración subregional
que había anunciado su presencia como una alternativa de imperiosa aplicación
para superar los pequeños mercados nacionales, frente a los países
desarrollados que amenazaban con absorber su precaria infraestructura industrial.
A partir del año 2000, la
estatal DINE se transforma en una sociedad anónima de derecho privado bajo la
figura de un holding[18]
industrial con 16 empresas con participación mayoritaria de capital y 16
empresas en las cuales sus acciones eran minoritarias. Este holding empresarial fue disuelto por el
gobierno de la Revolución Ciudadana, a finales del 2013. Durante su vida
jurídica tuvo que enfrentar el acoso permanente de sus gratuitos detractores,
ubicados unas veces en el ámbito político, otros en el ámbito diplomático y
hasta en el mismo ámbito militar. Su administración técnica y financiera fue
permanentemente supervisada por las entidades de control. Sus autoridades
fueron distinguidos oficiales en activo y pasivo que pusieron su conocimiento
al servicio de la institución y del país, para hacer del Holding una empresa
exitosa y competitiva, con réditos económicos que permitieron ampliar y
tecnificar sus empresas, a más de apoyar al presupuesto del Ejército para
mejorar la calidad de vida de sus miembros.
No puede pasar desapercibida
la actuación de otras empresas militares, como TAME en su misión integradora de
la geografía nacional, operando en rutas en las que la empresa privada jamás
quiso intervenir, o el caso de FLOPEC y TRANSNAVE, en la constitución y
fortalecimiento de una infraestructura marítima nacional, anteriormente
inexistente en el país y que estuvo en manos de las grandes compañías navieras
internacionales dominantes del mercado. Lamentablemente, las Fuerzas a las
cuales pertenecían estas empresas jamás quisieron integrarse a la política
empresarial del Ejército. Fueron convertidas en empresas públicas por el
gobierno nacional.
La creación de un banco
(General Rumiñahui) y del Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
(ISSFA) fue la respuesta a las necesidades de su personal; en el primer caso,
la banca nacional veía como no sujetos de crédito a los miembros de las Fuerzas
Armadas cuando estos requerían de un préstamo bancario; y en lo segundo, fue la
necesidad de dejar de lado la
ineficiencia absoluta del IESS en el manejo de la Caja Militar; de tal manera
que, las afirmaciones en el sentido de querer crear una casta privilegiada o
querer formar un estado dentro de otro estado, refleja la ignorancia de la
realidad de la institución militar. El mismo servicio social que el actual
gobierno lo ha desaparecido, fue creado en su momento en el afán de mejorar el
poder adquisitivo y crediticio de los
miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos salarios eran paupérrimos en comparación
con las otras profesiones liberales; y posteriormente, por la necesidad de
atender a la familia militar ubicada en los sitios más alejados del país, a
donde no llegaban los supermercados y los comisariatos civiles. Toda la
actividad empresarial fue permanentemente fiscalizada por el Estado, que lo
diga la Contraloría General del Estado, para quitar las dudas a aquellos que
todavía las tienen.
Las
Fuerzas Armadas y su relación con el Estado
El Art. 158 de la
Constitución define a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional como instituciones
de protección de los derechos, libertades y garantías sobre los ciudadanos. La
misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad
territorial. La primera parte del artículo se presta a muchas interpretaciones,
una de ellas podría ser la de preservar la paz considerada como el mayor bien
de la humanidad, empleando a las Fuerzas Armadas para evitar cualquier atentado
procedente del exterior; y, a la Policía Nacional, empleándola en contra de las
actividades adversas al interior del país. La segunda parte es absolutamente
clara y concisa. Se dejó de lado la misión de garantizar el ordenamiento
jurídico que constaba en la anterior Constitución; sin embargo, esta puede
estar incluida en la protección de las garantías de los ciudadanos.
En su artículo 159 la
Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán
obedientes y no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al
poder civil y a la Constitución. El subordinado ha de cumplir la orden del
superior jerárquico, sin que quepa examen ni análisis de ella[19],
es decir, obediencia conforme los requisitos de validez contemplados en sus
reglamentos.
No deliberantes; es decir,
no puede debatir acerca de los problemas colectivos con miras a uniformar
apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o critica
a los órganos del poder político, o a hacer prevalecer soluciones propias en
cualquier aspecto[20].
Lo anterior no implica, a pesar que no lo dice la Constitución, que la
institución militar como tal, a través de sus mandos, y en estricta sujeción a
sus reglamentos, puede y debe emitir su opinión en aspectos de vital
importancia para el país; caso contrario, cómo asumir el papel que le da la
Constitución, de proteger los derechos, libertades y garantías de los
ciudadanos. Los Estados Mayores que son los órganos de asesoramiento del mando,
siempre han deliberado sobre todos aquellos actos y materias que de algún modo
afectan el destino superior de la República, pues ello es inherente a la misión
que le asigna la Constitución.
El Art. 160 en uno de sus
párrafos manifiesta que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y
obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con
criterio de equidad de género. Lo anterior significa que no podrán ser
trasladados a otras instituciones de seguridad pública, peor aún, ascender o
mantener su jerarquía en instituciones diferentes a las de su origen.
Para cumplir con su misión
fundamental, el concepto clave de la profesión militar no puede ser otro que el
de tener un Ejército permanente. La política militar debería orientar su
esfuerzo a la conformación de un Ejército pequeño, altamente tecnificado y con
reservas bien instruidas, para encargarse de su misión fundamental. Es
mentirosa la tesis de que un mayor desarrollo o la actual situación de paz con
los vecinos harían innecesaria la fuerza militar. Mientras más altos niveles de
desarrollo alcance un país, mayor debe ser la capacidad de respuesta para
defenderlo, lo cual significa que es necesaria una política de defensa y una
fuerza militar adecuadamente preparada. La amenaza o la posibilidad de serlo
existen siempre en la vida de una persona o de un país.
La élite política debe
aprender a confiar en la capacidad y neutralidad ideológica de la Institución
Militar y debería institucionalizar el consejo militar y aceptar el
profesionalismo castrense como compatible con el control civil. Un tema que
debe ser analizado en este nivel es la permanencia de los comandantes generales
de Fuerza por un periodo mayor, que bien podría ser de cuatro años, durante los
cuales no podrán ser removidos por la voluntad de quien los nombra, excepto si
lo recomienda un organismo de alto nivel como el Consejo de Seguridad Pública y
del Estado, conforme a sus reglamentos internos. Sería posiblemente la única
opción para que el comandante designado pueda expresar la opinión
institucional, en todas aquellas oportunidades que la ley lo señale, ante el
mencionado organismo o en la Asamblea Nacional o en la Corte Constitucional,
frente a hechos que atenten a la institución o a la seguridad nacional.
Mientras más fuerte y plena es la dependencia de las instituciones armadas
respecto del poder político, más alto es el riesgo de que una crisis desemboque
en pérdida de estabilidad del sistema institucional.[21]
Seguridad
y defensa.
Un tema que ha sido
largamente discutido en las esferas políticas y militares es la diferencia
entre seguridad y defensa. La primera, amplia,
relacionada con el bienestar de la sociedad; la segunda, específica,
relacionada con lo militar y el uso de sus medios para preservar la soberanía
nacional. Aceptando esta diferencia, la defensa nacional viene a ser un medio
para conseguir la seguridad nacional y siendo así, las Fuerzas Armadas son
responsables de la defensa. La seguridad debe ser asumida por diversos actores
de la sociedad política y civil. Lo anterior no significa que las Fuerzas
Armadas no participen en apoyo de la seguridad.
Posterior a la segunda
guerra mundial y su extensión hacia la Guerra Fría, los Estados Unidos
consolidaron su influencia en los países latinoamericanos, especialmente, en el
ámbito militar, en donde la amenaza soviética paso a convertirse en el
principal objeto de estudio dentro de la Agenda de Seguridad Nacional, que a
poco pasó a ser la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina fue impuesta
por los Estados Unidos en la mayoría de los países latinoamericanos a través de
organismos como la Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de
Defensa e instrumentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Su finalidad era la de combatir la amenaza comunista. Las herramientas más
importantes fueron entre otros, los programas de ayuda militar y entrenamiento
en las operaciones de contra insurgencia. En el Ecuador, la doctrina comienza a
ser elaborada en el gobierno militar de 1963, ante la presencia de los
movimientos de izquierda y la internacionalización por parte de los Estados
Unidos de lo que se dio en llamar “el enemigo interno”. Se promulga la Ley de
Seguridad Nacional y se crea el Consejo de Seguridad Nacional.
El desmantelamiento del bloque socialista y de la URSS, crean un vacío en la doctrina y
una búsqueda hacia la redefinición de la misión de las Fuerzas Armadas, y aparecen,
porque afectaban los intereses de la potencia hegemónica, riesgos que antes
eran catalogados como de menor jerarquía, entre otros: el terrorismo, la narco
guerrilla, la migración, el medio
ambiente, para finalmente aterrizar en el concepto de “seguridad democrática”
definida como una necesidad vital del ser humano, la sociedad y el Estado.
El gobierno de la Revolución
Ciudadana entrega el Plan Nacional de Seguridad Integral en el cual establece
las políticas sectoriales de seguridad, conforme lo establece la Constitución y
la Ley de Seguridad Pública y del Estado publicada en el Registro Oficial
Suplemento 35 de 28-sep-2009. La ley tiene como objeto regular la seguridad
integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes
del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen
vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y
jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la
defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través
del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.[22]
La integralidad de la
seguridad es la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los
derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la
gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la
solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, la protección,
respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. A diferencia de los conceptos
tradicionales de seguridad, cuya razón de ser era el Estado, este nuevo enfoque
sitúa al ser humano como eje principal y transversal, incorporando a la
ciudadanía como actor protagónico de los procesos de seguridad individual y
colectiva.[23]
La ley crea el Consejo de
Seguridad Pública y del Estado, presidido por el Presidente de la República y
del cual forman parte, entre otros, el ministro de Defensa Nacional y el jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Secretario del Consejo es el
ministro de Coordinación de Seguridad. Dentro de los órganos ejecutores del sistema en el campo de la defensa están
los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas. El
ministro de Defensa es el órgano rector de la defensa de la soberanía del
Estado y la integridad territorial, y corresponde a las Fuerzas Armadas su
ejecución para el cumplimiento de su misión. En lo que corresponde al orden
público, con toda claridad, la ley dispone que el ministerio de Gobierno y la
Policía Nacional sean los encargados de la protección interna, el mantenimiento
y control del orden público.
Bajo este concepto de seguridad
integral, un aspecto que define los nuevos escenarios y el entorno de las
organizaciones militares es la incertidumbre y la complejidad. Antiguamente las
hipótesis de conflicto más comunes eran entre Estados y la amenaza de invasión
con sus fuerzas armadas; hoy en día, los desastres naturales, la tecnología, el
medioambiente, la sociedad en general son las nuevas variables que configuran
nuevos escenarios y definen de otra manera el ámbito de la seguridad, de la
defensa y de las Fuerzas Armadas.
En el ámbito de la defensa
respecto de las relaciones internacionales, 1999 fue un año de quiebre de la
seguridad nacional entendida en términos de conflictos fronterizos. La amenaza
permanente del conflicto con el Perú había llegado a su término luego de la victoria
del Cenepa; sin embargo, las tesis esgrimidas por el país durante este largo
conflicto, no pudieron ir más allá de la propuesta realizada por el presidente
Fujimori en su visita al país entre el 9 y 11 de enero de 1992, basada en el
“Pacto de Caballeros” y que se convirtió a la final en el principal instrumento
de trabajo de los países garantes en la elaboración y presentación de la
“Formula de los Garantes y los Acuerdos” a los gobiernos de Ecuador y Perú, la
misma que dio paso a la firma definitiva
de la paz, el 28 de octubre de 1998.[24]
Su finalización no significa de manera alguna, que este tipo de conflicto no
pueda repetirse en el futuro. La política no tiene memoria y las guerras siguen
y seguirán dándose sin importar la firma de acuerdos, convenios, tratados entre
vecinos lejanos o cercanos. La historia nos enseña que la gran mayoría de los
conflictos o por lo menos una parte importante de ellos tiene orígenes
emocionales, no racionales. Y en ese sentido, cuando miramos a América y el mundo, debemos concluir que todavía
siguen siendo inestables.
Desde luego, la paz
significó inicialmente, que la política exterior y la de defensa miren hacia la
integración regional y acciones humanitarias, con un grave detrimento de la
capacidad defensiva del país. Se olvidaron de los soldados, pensando que ya la
Patria estaba asegurada. Angostura tuvo la virtud de demostrar que las amenazas
a la Seguridad Nacional no fenecen nunca. Posteriormente, ha servido para
mejorar las relaciones cívico-militares y disminuir el gasto de la defensa a
límites que la razón y la prudencia lo permiten.
Adicionalmente, las Fuerzas
Armadas tuvieron que redimensionar tareas que ya venían siendo ejecutadas desde
mucho tiempo atrás, tales como el control sobre el porte y tenencia de armas,
represión del contrabando en las zonas fronterizas y un apoyo a la lucha contra
el narcotráfico; sin embargo, en la actualidad, están siendo empleadas en todas
las misiones que son de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional, como
bien lo define la Constitución de la República, a pretexto de una seguridad
Integral, sin que para ello se haya rebasado la capacidad operativa de la
Policía Nacional, que sería la única forma legal de que la Fuerzas Armadas
apoyen en dichas misiones. Resulta peligroso el hecho de que al tenerse que
emplear diariamente en estas actividades, se deje de lado la instrucción
militar destinada al cumplimiento de su misión fundamental de defender la
soberanía y la integridad territorial. Los beneficios que una sociedad obtiene
de una nueva carretera pueden representarse con relativa facilidad en términos
de dinero. No así un nuevo soldado entrenado, una nueva división preparada para
un rol específico en caso de conflicto o una nueva estrategia de movilización
en caso de guerra. Solo los más entendidos o involucrados podrán decir cuánto
cuesta preparar a un hombre para la guerra, y aún ellos no podrían traducir a
moneda corriente el valor de este hombre para la sociedad.[25]
La prudencia política civil
requiere que se aleje y no se aproxime a las Fuerzas Armadas al manejo de
situaciones de enfrentamiento interno, las cuales deben ser manejadas por medios políticos y policiales más que
castrenses.[26]
UNASUR está llenando un
vacío en el Sistema de Defensa Latinoamericano que en el siglo pasado parecía
imposible que pueda ser implementado. Es de esperar que más allá de los
intereses de carácter político, pueda ser un peldaño en el fortalecimiento de
las medidas de confianza entre los países de la región, un organismo de
transparencia de los presupuestos militares y un apoyo en la presencia de
contingentes para misiones de paz. Sería importante abandonar la idea de
resolver problemas de terrorismo o narcotráfico a través de vías militares. La
experiencia de su participación ha demostrado que al final del camino los
soldados pueden ser corrompidos. México es un buen ejemplo.
Por todo lo anterior,
debemos concluir que el tema de la defensa es un problema de carácter social
que va más allá del esfuerzo que pongan las Fuerzas Armadas y que debe
convertirse en un tema que interese a toda la nación. La política de defensa es
una política de Estado (al igual que la política de seguridad), con objetivos
de carácter nacional, aprobada y respetada por las instituciones básicas de la
República y formulada a través de las instancias que establece la Constitución.
El tema debe traspasar las aulas de las Escuelas de Perfeccionamiento y de
Especialización que tienen las Fuerzas y el Comando Conjunto, y pasar a ser
tratadas también por profesionales expertos en el tema. La política de defensa
por lo general se ve afectada por los avatares de la política interna, a tal
punto que se convierte “en un proceso
tan intricadamente complejo, influido no solo por la necesidad, sino también
por la contingencia, la fortuidad, la ignorancia, la estupidez y la casualidad”[27].
La historia juega un papel importante al momento de elaborarla.
La relación Fuerzas Armadas-
Estado debe enfocarse de tal manera que tiendan al mejoramiento de las
relaciones civiles-militares, y deberían orientar su esfuerzo para encontrar un
punto de equilibrio entre la élite política y las Fuerzas Armadas a través de
una visión diferente de la seguridad, de
la defensa nacional y de su apoyo al desarrollo.
Las relaciones
cívico-militares es un tema que se viene tratando académicamente desde mediados
del siglo pasado, liderado por los Estados Unidos y dirigido con especial interés hacia América Latina,
con el objeto de imponer las políticas militares que a su gusto deben manejarse
en el tratamiento de temas críticos que incluyen, entre otros, las limitaciones
de orden financiero en el mantenimiento de fuerzas militares, el control civil
de las Fuerzas Armadas, su participación política, la obediencia y la
deliberancia, su autonomía respecto al
Estado, su condición de garantes de la democracia, su transformación en policía
militarizada o en institución militar policializada. Estos temas han sido tratados in extenso en
espacios académicos dirigidos desde Universidades, como la American University,
en Washington, y la colaboración de sociedades de análisis político como la
Pheito desde Montevideo, entre otras.
El establecimiento de estas
relaciones debe encuadrarse en la
obligación que tienen todas las instituciones y sus componentes de velar por el
bien común o por el buen vivir, aceptando y respetando a los actores sociales
en los roles que a cada cual le competen, tanto en lo particular como en lo
nacional. Los intentos por imponer esquemas, afectando el grado de autonomía
que las personas e instituciones deben conservar, dentro del marco jurídico y
ético que corresponda, conducen inevitablemente al enfriamiento de las
relaciones y a la perdida de la confianza.
Dentro de lo que significa
un adecuado marco de relaciones cívico-militares, las Fuerzas Armadas siempre
han tenido el convencimiento de que su papel en la sociedad no es mandar en
ella, tampoco dirigir la política nacional, menos aún observar o criticar la labor
de un gobierno. El poder político emanado de las urnas es la autoridad legítima
del país. La historia así lo confirma.
En la propuesta de reorganización del Ejército que hiciera la Misión
Militar chilena, en su proyecto de ley presentada al gobierno de la Revolución
liberal en 1902, está claramente establecida esta facultad; del mismo modo,
prevé la organización de un elemento técnico y administrativo que mande al
Ejército. “El mando supremo del Ejército corresponde de hecho al Presidente de
la República, y ninguna ley puede quitar esta facultad constitucional, de
manera que todas las resoluciones de carácter militar que revistan importancia
emanan de esa autoridad. A fin de evitar las graves consecuencias de que el
Ejército sea administrado y mandado directamente, personalmente por los hombres
del gobierno, imprimiendo un sello político que lo lleve a abanderizarse con
tal o cual partido, se crea el Estado Mayor General, como autoridad técnica,
administrativa y profesional, subordinado al Ministerio de Guerra, órgano por
el cual el Presidente transmite su voluntad ejecutiva”[28]
La presencia política de las
Fuerzas Armadas en el Ecuador, como institución, ha sido la de menor impacto
social en América del Sur; de allí que, todos aquellos autores críticos de las
Fuerzas Armadas respecto a su posición frente a lo democrático, referencian muy
poco en sus obras al Ecuador; más bien, siempre lo han caracterizado por su
especial manera de apoyar al desarrollo de su país. La vida política del
Ecuador ha sido permanentemente un escenario de intervención de las Fuerzas
Armadas, en las que el papel moderador de esta institución ha funcionado como
fiel de la balanza entre facciones de las clases y élites dominantes que han
disputado el control de Estado. Hasta mediados del siglo XX su intervención fue producto de las luchas
intestinas generadas entre partidos políticos, unas veces como actores directos
desde el poder y en otras, como mediadores o árbitros de la política que
determinaban de una u otra forma quien o quienes deben ocupar la presidencia de
la República. A partir de 1973 los militares participaron en la política
nacional bajo un modelo institucional para el cual se prepararon adecuadamente
y definieron un proyecto nacional con un considerable grado de cohesión, que
culminó con la elección de un presidente civil. A diferencia de otros países
que sufrieron el grave problema de la guerrilla y el terrorismo, las Fuerzas
Armadas ecuatorianas afianzaron su posición y el respeto de la comunidad a
través de la implementación de cambios radicales en la conducción política del
país y en el apoyo permanente de la institución al desarrollo nacional.
Cuando los hombres han
aprendido a hacer un uso pacífico y provechoso de la libertad y han recibido
sus bendiciones, cuando han concebido un amor sobre el orden y se han sometido
libremente a la disciplina, esos mismos hombres, si siguen la profesión de las
armas, llevaran consigo, inconscientemente, esos mismos hábitos y
costumbres….Enséñese a los ciudadanos a ser educados, ordenados, firmes y
libres, y los soldados serán disciplinados y obedientes.[29]
Nuestra Constitución define
a las Fuerzas Armadas, no como garantes democráticos, casi ajenos a la
democracia, sino como actores fundamentales de esta democracia, involucrados en
el desarrollo integral de los territorios y la población, brindando apoyo
productivo y en casos de emergencia, articulando su praxis bajo la visión civil
de la conducción del Estado, respetando los tiempos institucionales de relevo y
cambio, como verdaderos defensores de los derechos y guardianes de nuestra
soberanía.[30]
Siendo esta la visión desde el Estado, ¿la consolidación de la democracia debe
significar redefinir la función militar? De ninguna manera, la consolidación de
la democracia debe significar la entrega absoluta, responsable, honrada,
respetuosa de la élite política a la conquista de los objetivos trazados en la
Constitución de la República. Siendo así, no es necesario redefinir nada,
porque las Fuerzas Armadas constituyen uno de los pilares más importantes de la
nación en su afán de alcanzar el buen vivir de sus ciudadanos. Es por
consiguiente, responsabilidad de la élite política, tratar el tema de la
seguridad nacional como una política de Estado, por tanto, consensuada con la
sociedad civil mediante la participación activa en la toma de decisiones e
identificada con las instituciones del Estado en aspiraciones, intereses y
objetivos de defensa; recomendada por la
institución militar en base al conocimiento de las capacidades y limitaciones
del poder nacional, adecuadamente presupuestada para alcanzar los objetivos
importantes que en este tema requiere un país que se precie de moderno y
democrático. Lo anterior servirá para curar el trauma de algunos políticos y de varios
escritores respecto al tema militar y de
la militarización, que les quita el sueño y les lleva a hablar de cambio de
doctrina y de formación, para crear mentalidades orientadas al acatamiento de
la primacía del poder civil y del Estado de derecho, como si esto no hubiese
sido, al menos en el Ecuador, una norma en la vida del profesional militar.
EL
PROFESIONAL MILITAR
El contenido intelectual de
la profesión militar requiere que sus miembros dediquen al menos un tercio de
su vida profesional, en su formación, perfeccionamiento y especialización, lo
que, probablemente, sea el índice más alto de tiempo dedicado que en cualquier
otra profesión.
El
proceso de formación.
De acuerdo al diccionario
militar, es todo cuanto contribuye a la conversión del ciudadano en soldado y
eventual combatiente, se extiende desde zonas difusas como la familia y la
escuela, en donde germinan el patriotismo y el entusiasmo por las glorias
militares de la nación, hasta el centro
de adiestramiento militar que son el cuartel, el buque y el aeródromo.
La magnitud y complejidad de
la guerra napoleónica dio nacimiento a dos elementos esenciales para la
formación: escuelas militares y una literatura sobre el arte de la guerra para
guiar a los oficiales. De las escuelas saldrían estudios acerca de la teoría y de
los principios de la guerra; quizá el
más importante fue el de Karl Von Clausewitz[31]
acerca de las guerras napoleónicas, en 1831. Los norteamericanos apenas lo
conocieron en 1873. Francia emuló las escuelas prusianas, sin embargo, tenían
grandes diferencias: mientras los unos estudiaban estrategia y su relación con
la política, los franceses daban máxima importancia a la ingeniería militar.
Los unos estudiaban a Clausewitz, en tanto que los franceses estudiaban “El
Arte de la Guerra” de Antoine Henrí de Jomini.[32]
Los americanos siguieron el ejemplo de Francia y promovieron conscientemente el
profesionalismo, argumentando que la ciencia militar era un tema especializado
de conocimiento cuya comprensión solo podría conseguirse mediante un intenso
estudio, especialmente de historia militar.[33]
La educación en las escuelas
de formación es la primera y fundamental experiencia de un ciudadano que quiere
optar por la profesión. Las escuelas forman las normas de conducta de toda la
carrera militar. Son la fuente de formación
de la actitud mental respecto del honor militar y del sentido de pertenencia
institucional. El ciudadano ingresa en una profesión en la cual una sola
autoridad va a regular todas las oportunidades de su carrera, pues la vida
militar es una vida institucional. La escuela se esfuerza en crear en el
individuo, un pensamiento nacional, debilitando en lo posible el concepto
regional. Inculca el honor profesional. Las actitudes comunes que se crean
durante la permanencia en la Escuela, producen una honda comunidad espiritual.
Nace el sentido de promoción.
En nuestro país, el 6 de
diciembre de 1837, Vicente Rocafuerte, Presidente de la República, en
consideración a la importancia de un establecimiento, en que se eduquen jóvenes
de familias decentes para servir a los cuerpos del Ejército, resuelve que en
Quito se abra a principios del año de 1838 una Escuela Militar arreglada para
la enseñanza de todo lo que pueda conducir a formar buenos oficiales.[34]
Para ser admitido como
cadete de la Escuela Militar, ha de ser el pretendiente hijo de padres honrados
y debe saber leer y escribir corrientemente y tener buena disposición personal
para las funciones del servicio militar, más, de ningún modo se recibirán a
aquellos que en su condición física manifiesten no poder soportar las fatigas
de la guerra; su buena conducta es una cualidad indispensable, por lo que no se
admitirán, de manera alguna, los que hayan sido despedidos de cualquier colegio
o corporación; la edad de los pretendientes debe ser de 12 años cumplidos,
hasta 18; los sujetos con quienes concuerden estas circunstancias y quieran
obtener plaza de cadete en la Escuela, presentaran un memorial al Supremo
Gobierno, en el cual expresarán su nombre y el de sus padres, su edad y Patria[35]
Una vez admitido debía llevar:
seis camisas blancas, seis de color, seis calzoncillos, una docena de medias,
tres pares de sábanas, una almohada, tres fundas, dos cobijas, un colchón, una
cachucha de paño azul con un galón de pulgada de ancho y su funda de hule, y en
el lado izquierdo usarán la escarapela nacional; una casaca azul de cuello
parado, solapa del mismo paño con vivo colorado, botón fino amarillo, y en la
falda de la casaca llevará una estrella de oro; un pantalón del mismo color; y
tanto este como la casaca deberán ser de paño fino; una levita corta de cuello
parado, botón amarillo, un pantalón, y tanto este como la levita deben ser de
paño azul de segunda clase; otro pantalón de dril blanco, un capote de barragán
forrado en bayeta; cuatro pares de zapatos, dos pares de botines de paño azul,
siendo uno de ellos fino, un par de botas, una espada ceñida; una mochila, dos
corbatines negros, un estuche para afeitarse, una jarra y una taza para
lavarse; unas tijeras; dos cepillos de dientes, uno de ropa y uno de limpiar botas;
un cortaplumas y un baúl; dos servilletas, tres paños de cara, dos cubiertos
compuestos de cuchara, tenedor y cuchillo y un vaso para tomar agua; y, además,
cada cadete deberá dar cuarenta pesos anuales adelantados.[36]
Estos eran los
requerimientos contemplados en el reglamento de ingreso en 1838. A propósito, el baúl
fue indispensable hasta 1962. La malla curricular, como la llaman ahora,
constaba de: Código de leyes militares, español, táctica de infantería,
caballería y artillería, matemáticas, historia, geografía, castellano y
francés. En 1842 se crea la cátedra de filosofía y en 1844 la de ingeniería
civil. De esta primera Escuela Militar salen ilustres militares, cuya
influencia en la vida nacional es perdurable; entre otros: José de Veintimilla,
Bernardo Dávalos, Francisco Javier Salazar, Cornelio Vernaza, José Vicente
Maldonado, Agustín Guerrero.[37]
Fue cerrada el 10 de abril de 1845 por José Félix Valdiviezo, encargado del
Poder Ejecutivo, por razones de economía fiscal.
En abril de 1869, en el
gobierno de García Moreno y la presencia del general Francisco Salazar en el
ministerio de Guerra y Marina, se crea provisionalmente la Escuela Práctica de
Cadetes, en la cual se incorporan materias técnicas y sociales, a las que
existían en la Escuela Militar. El 16 de octubre de 1888, en la presidencia de
Antonio Flores se restablece el Colegio Militar, con alumnos internos y
externos. La crisis fiscal no permite su cabal funcionamiento. El colegio no
tiene personal de planta, ni autonomía, ni local propio. El Dr. Luis Cordero,
durante su administración en 1892, es quien, en forma efectiva lo restablece.
Además, dispone la reapertura de la Escuela Naval y la creación de una Escuela
de Clases. El Congreso autoriza la contratación de profesores europeos. La
“venta de la bandera” resucita al movimiento liberal y catapulta al poder al
general Eloy Alfaro, el 5 de junio de 1895. El proceso de formación de
oficiales dejó de funcionar; la de Escuela de Clases nunca funcionó.
La Revolución
liberal, en el proceso de formación del profesional militar fue más allá del tiempo necesario para su
implementación, e improvisó repetidamente planes y programas de estudio para
atender las emergencias que la política propiciaba en su afán de cimentar la
ideología revolucionaria. La altísima
rotación de los mandos militares en los niveles de decisión y ejecución
contribuyó a la lentitud del proceso.
La
contratación de oficiales chilenos por parte del gobierno de Eloy Alfaro da
origen a la Misión Militar chilena en el Ecuador[38] y la elaboración y presentación del Proyecto de Ley
Orgánica Militar en 1902, “el mismo que abarca todos los ramos en que se fundan
la administración y el mando del Ejército; y, llevado a la práctica,
revolucionará de un modo absoluto, la institución militar ecuatoriana”.[39]
A pesar de que la Ley Orgánica no había sido aprobada
por el Congreso Nacional, el 11 de diciembre de 1899 se reabre el Colegio
Militar y un mes después se crea la Escuela de Clases para la instrucción de
sargentos y cabos. Los pilares fundamentales para el proceso de formación de
oficiales y tropa estaban creados.
Con la expedición de la Ley Orgánica Militar, el 18 de
octubre de 1905, y de acuerdo al Art. 53 de dicha ley, para la formación e
instrucción del personal de oficiales y clases del Ejército, se crean de forma
permanente los institutos militares: Academia de Guerra, Escuela Militar y
Escuela de Clases.
La Escuela Militar dice la ley, está destinada a formar los subtenientes y alféreces del
Ejército; y, en tal concepto, los cadetes que, al terminar sus estudios
obtengan despachos de oficial, deben estar en aptitud de incorporarse a una de
las cuatro armas del Ejército, para lo cual, anexos a la Escuela Militar,
funcionaran cursos especiales de las distintas armas, con excepción de la
infantería, en donde recibirán su preparación los oficiales recién investidos
de ese carácter. En su Reglamento Interno se destaca el enunciado de su misión:
“Instruir y educar, a fin de que los alumnos obtengan las bases suficientes para cursar con provecho los estudios
técnicos superiores en la Academia de Guerra”. Entre los requisitos de admisión
constan el de tener no menos de trece años de edad y no más de dieciocho. La
diferencia entre 13 y 18 años de edad debe haber sido muy compleja de manejar
en un internado, como era el Colegio Militar; sin embargo, era una edad muy
fértil para cimentar la profesión militar.
En 1935 se le otorga a la
Escuela Militar la calidad de Colegio de enseñanza secundaria; es decir, se le
permite validar los certificados de estudios y el título de bachiller. Habían
pasado nada menos que 33 años para que se acoja la recomendación del proyecto
de Ley Orgánica Militar de 1902, de la necesidad de que la Escuela entregue
títulos de bachilleres a fin de convalidar los estudios en caso de abandono de
la carrera por parte de los alumnos.
En 1944, el presidente José
María Velasco Ibarra, mediante decreto ejecutivo dispone que el Colegio se
organice para el bachillerato de
ciencias y letras con los cursos cuarto, quinto y sexto, y un curso militar
posterior al bachillerato, con un año de duración, terminado el cual se le
conferirá el grado de subteniente. El
Presidente de la República, Galo Plaza,
al año siguiente,[40]
organiza al colegio en dos instancias: la de preparación con los cursos cuarto,
quinto y sexto de enseñanza secundaria para la obtención del título de
bachiller en Humanidades Modernas y un Curso Especial, de un año de duración,
para el ingreso de bachilleres graduados en otros colegios; y, una Escuela de
Reclutamiento para la formación de oficiales, con dos años de duración
divididos en dos cursos de un año cada uno. La dependencia técnica,
administrativa y disciplinaria pasa a la Comandancia General del Ejército.
El 5 de octubre de 1970, el
presidente Velasco Ibarra, mediante decreto ejecutivo,[41]
transforma al Colegio Militar en Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, con
tres cursos de nivel universitario y como una ampliación educativa del Colegio
Militar. Los cursos militares (tres) se integran con los bachilleres egresados
del Colegio Militar. En los cursos militares se dictan, por especialidades, las
materias correspondientes a los dos primeros años de las facultades de
economía, ciencias de la educación e Ingeniería de las universidades y escuelas
politécnicas del país, las mismas que estarán obligadas a reconocer dichos
estudios. En lo que corresponde a la especialidad de ingeniería, los oficiales
graduados en esa especialidad, acudirán a la Escuela Técnica de Ingenieros del
Ejército.
En 1989 se amplía el periodo
de formación de los cadetes a cuatro años con las especialidades académicas de
Ciencias Básicas, Informática y Administración de Empresas
En 1999, luego de algunos
años de análisis y discusión sobre la conveniencia de aceptar mujeres en la
Escuela Militar, se toma la decisión por constituir “una necesidad
generacional, una aspiración de la juventud y en general, una exigencia de la
sociedad”[42]
. La primera promoción ingresó en noviembre de 1999. Se contrataron oficiales
mujeres del Ejército de Chile para que asesoren a la Escuela Militar en la
formación del elemento femenino. En la actualidad, existen oficiales mujeres en
las armas y servicios del Ejército, las cuales aportan con su conocimiento y
con su especial sensibilidad propia del sexo femenino, en iguales condiciones
que los varones.
El proceso de formación en
la Escuela Militar es de permanente transformación en búsqueda de la excelencia
educativa, dentro de un marco eminentemente técnico y profesional, con especial
énfasis en desarrollar en la mente del futuro oficial el liderazgo heroico, el
sentido de identidad nacional y un alto concepto del honor militar. La
educación universitaria cambió la forma de mirar la profesión militar, cuando
al fin se decidió que los oficiales tengan una carrera civil, a más de la
especialidad militar, y en ello fue fundamental la existencia de la Universidad
Militar. En ciertos estratos de la sociedad ecuatoriana existía la opinión
generalizada de que el ingreso a la Institución militar constituye un esfuerzo
por evitar las realidades competitivas de la sociedad civil; sin embargo, poco
a poco fue desapareciendo dicho concepto y la profesión militar pasó a ser un
modo de vida, una forma misional que perpetuara el espíritu marcial de la
profesión.
En lo que corresponde a la formación del personal de tropa, la Escuela de Clases
contemplada en la Ley Orgánica de 1905, se funda en febrero de 1900, destinada
a la instrucción de cabos y sargentos[43],
de tal manera que, al presentarse el proyecto de ley en 1902, ya se encontraba
en funcionamiento y estaba dirigida por los propios mentores del proyecto de
ley. Sin lugar a dudas, la visión era muy clara sobre la organización del otro
pilar fundamental de un Ejército, la educación del personal de tropa. “Resulta
así, que la instrucción toda del Ejército depende del alcance que haya tenido
la preparación individual; y, como de lograr ésta se encuentran encargados los
sargentos y cabos, se desprende, por si misma, la importancia de la misión de
estos actores durante las labores de la paz”.[44]
Se dispone que cada curso escolar dure seis meses y asistan ochenta y cuatro
alumnos: veinte y tres de artillería y sesenta y uno de infantería, elegidos
por los comandantes de armas. El alumno que hubiere merecido votación de buen
aprovechamiento, podrá a juicio del Ejecutivo, ingresar en el Colegio Militar,
con el objeto de obtener la instrucción y el grado de oficial del Ejército.
Al analizar la importancia
de los clases en la guerra, los autores afirman: “Todo el orden moderno de
combate, sintetizado en el vocablo orden disperso, está fundado en la
conducción del fuego de Infantería, esto es, en la conducción de las líneas de
tiradores, sin que por esto se deje de tener decisiva influencia la acción de
las otras armas y particularmente de la artillería. Pues bien, la conducción de
las líneas de tiradores será imposible, absolutamente imposible, si no impera
permanente y enérgicamente la acción de
los clases sobre la pequeña escuadra o sección que le corresponda mandar.”[45]
Otros interesantes conceptos son esgrimidos para resaltar la importancia en la
formación de la tropa.
“Puede establecerse, sin incurrir en error, que de la energía, oportunidad y
obediencia de los comandantes de escuadra depende en grandísima parte el avance
acertado, oportuno y resuelto de las líneas de Infantería, en el campo de
combate”.[46]
Lamentablemente, y cuesta decirlo, este importante
centro de formación de tropa no logró consolidarse, por los graves problemas de
mando que tenían las fuerzas de la Revolución liberal que obligaron a disponer
la conformación de cursos extraordinarios orientados a graduar subtenientes en
la Escuela de Clases; para el efecto, nombraban un director de curso en el
grado de sargento mayor o teniente coronel y reclutaban alumnos no mayores de
veinte años y que sean solteros. Las urgencias siempre fueron
los peores enemigos de los reglamentos en la institución militar.
El hecho de que el personal
de tropa pueda ascender a las jerarquías de oficiales era una clara
contradicción de lo propuesto en el proyecto de ley: “Solo por excepción señor
Ministro deberán ascender a oficiales individuos de tropa o individuos civiles.
Los primeros aprenden en los cuarteles muchas costumbres incompatibles con la
delicadeza del oficial, aún cuando disimulables en los clases, razón por la
cual, en la mayoría de los casos, el ascenso de un sargento primero a oficial
no tiene otra consecuencia que la pérdida de un buen clase y la adquisición de
un detestable oficial.”[47]
Estos mismos errores se van cometiendo en la formación de oficiales hasta
mediados del siglo XX, y más adelante se dan otros que tiene que ver con la
falta de selección adecuada de los aspirantes a cadetes a pretexto de una
democratización del Ejército.[48]
Luego de este curso
prácticamente desaparece la Escuela de Clases, al ser reemplazada por el
Instituto Inferior de Aplicación, adscrita al Estado Mayor General.[49]
Este instituto apenas sobrevive hasta septiembre de 1916, por ser una réplica
del último año de la Escuela Militar.[50]
La revolución
liberal en el campo de la educación militar fue inconclusa, algunos de sus logros se consolidaron a
mediados del siglo XX; otros fueron dejados de lado sistemáticamente, por
razones de orden político, en unos casos, por la falta de una política
institucional de largo plazo, en otros,
o por la falta de liderazgo para llevar a la educación de oficiales y tropa a
ser considerada como el objetivo más importante de la institución
militar.
El
22 de febrero de 1990, el Ejército dispone la creación de la Escuela de
Formación de Soldados, con la misión de formar
soldados de arma, servicios y especialistas, la misma que viene
funcionando hasta la presente fecha. A más de su formación militar en su
respectiva especialidad, el soldado sale como tecnólogo en ciencias militares,
avalado por la Universidad Militar. El tiempo de duración de la formación del
soldado es de dos años. Este personal, de acuerdo a ley, para su ascenso tiene
que aprobar los cursos de perfeccionamiento correspondientes. Había pasado casi
un siglo para tomar en serio la formación del personal de tropa.
El proceso de perfeccionamiento
Para la Misión Militar
chilena, el perfeccionamiento del oficial que egresa de la Escuela Militar se
puede lograr únicamente con la creación de otra institución educativa
denominada Academia de Guerra. Así lo considera el proyecto de Ley Orgánica Militar.
“El ejercicio práctico de la conducción de
tropas es el arte de la guerra: el estudio teórico de esa conducción, deducida
de la experiencia histórica, de la lógica y de los ramos auxiliares, es la
ciencia de la guerra. A la enseñanza de esta ciencia está consagrado el
instituto que llamamos Academia de Guerra.”[51]
Su creación reviste un carácter de urgente para los oficiales chilenos, “si se
quiere iniciar de una vez la grande obra de preparar el cuerpo de oficiales
para las tareas superiores de la conducción de tropas”.[52]
Pone especial énfasis en la enseñanza de la táctica aplicada: “El estudio de la
táctica es para el oficial lo que el estudio del dogma para el sacerdote, de
los códigos para el abogado, de la anatomía para el médico, de la ciencia del
número para el ingeniero”[53]. Destaca con especial importancia la
presencia de una cátedra denominada historia militar, a la cual le califica
como “fuente única de que se deriva el concepto estratégico, o en otros
términos, la sola base sobre la cual se puede edificar el aprendizaje de la
conducción estratégica de las tropas”.[54]
En cuanto a los “juegos de guerra” que los considera indispensables dice: “se
aprende a dirigir sobre la carta militar, grandemente ampliada, no solo las
unidades inferiores de tropas, sino también las superiores dentro y fuera del
campo de combate. Acostumbra al oficial a las difíciles tareas de la concepción
y ordenación militares”.[55]
Para complementar la formación de los oficiales en la
Academia de Guerra, se añaden otras materias; entre ellas: el estudio de la
geografía militar como una herramienta que permita conocer suficientemente el terreno propio y el de los
posibles enemigos; la fortificación pasajera, provisoria y permanente para
aprender a usar los medios que puedan trasformar el terreno en beneficio de las
operaciones; y, la balística para conocer las armas en cuanto tiene relación
con sus propiedades y el modo de aprovecharlas y comprobarlas.
En lo relacionado a cultura general, se propone el
estudio de derecho público e internacional, la historia universal, las
matemáticas en cuanto se relacione con la topografía aplicada a levantamientos
de aplicación militar. Finalmente se propone el estudio del francés y el alemán
para que los oficiales tengan la posibilidad de leer las obras clásicas
militares, a más de que la influencia doctrinaria en la formación militar
provenía de estas dos naciones. Se dispone
que a los cursos de este instituto
asistan desde capitanes a tenientes coroneles, con una duración de dos años,
divididos en dos cursos.
La Ley Orgánica aprobada en 1905, al hablar de la
Academia de Guerra, en su Art. 54 le asigna la misión de formar oficiales de Estado Mayor y
comandantes superiores de tropas; y a ella, pertenecerán los oficiales que el
Presidente de la República designare. Pocos meses después, se cierra el
instituto y se crea un curso preparatorio de la Academia de Guerra[56]
con una duración de 18 meses, que a la postre será el último en realizarse
hasta 1912, año en el que se publica un decreto ejecutivo mediante el
cual, por segunda vez, se establece la Academia de Guerra del Ejército con su
respectivo reglamento orgánico.[57]
La duración será de tres años. La Revolución de Concha (1913-1916) motivó el
cierre del instituto. En realidad, la Academia de Guerra sufre la indecisión de
los mandos militares o la presión política de los gobernantes en cuanto a su
funcionamiento, pues apenas
reinició sus actividades en 1923, con la llegada de la Misión Militar italiana.
La
Academia de Guerra prevista por los chilenos como el instituto de mayor
jerarquía en la educación militar, y que apenas tuvo unos pocos meses de vida,
abre nuevamente sus puertas; para ello, se aprueba el reglamento y plan de
estudios propuesto por el jefe de la misión, con el objeto de “cultivar en los
oficiales los conocimientos militares y
científicos y aquellas cualidades que desarrollan las disposiciones de
inteligencia y carácter necesarios para ejercer el mando de unidades
superiores, desempeñar los servicios de Estado Mayor y resolver complejos
problemas militares”.[58]
Es una visión de formación diferente a
la planteada por los alemanes a través de la misión chilena.
Como corolario de la
revolución juliana volvió a cerrarse hasta 1937, año en el cual la misma Misión
Militar italiana, entre sus últimas intervenciones en el país, la abre
nuevamente. El conflicto con el
Perú en 1941 provocó su cierre temporal hasta 1947 en que abrió sus puertas por
contados meses con la colaboración de la Misión Militar de los Estados Unidos,
hasta que finalmente, en 1956, se reabre en forma definitiva este importante
instituto de educación militar, con el asesoramiento de oficiales del Ejército
de Chile, entre ellos, el teniente coronel Augusto Pinochet Ugarte. La
presencia de los chilenos se mantuvo hasta 1961.
La Misión Militar italiana[59]
llega al país en la presidencia de José Luis Tamayo y el extraordinario
asesoramiento militar de dos oficiales que tomarán el liderazgo del Ejército
durante las dos siguientes décadas: el coronel Angel Isaac Chiriboga desde la
Subsecretaría de Guerra y el capitán Telmo Paz y Miño desde la parte técnica,
en la ingeniería militar. Súmese a ellos la presencia de Alberto Enríquez
Gallo, Luis Larrea Alba, Ildelfonso Mendoza, Moisés Oliva, entre otros. En
forma inmediata, la misión militar inicia cursos de perfeccionamiento en las
diferentes armas del Ejército: primer curso especial de topografía para el levantamiento
de la Carta Nacional, creación de la Escuela de Oficiales Ingenieros, cursos
intensivos para las armas de artillería e infantería, Curso de hipología,
podología y mariscalía para la caballería, reapertura de la Academia de Guerra,
creación de la Escuela de Aviación, cursos regulares de radiotelegrafistas.
cursos de educación física, creación de las Escuelas de Infantería, de
Aplicación de Artillería, de Sanidad Militar, de Administración. Anualmente se
implementan los cursos antes mencionados en cada una de las cuatro armas del
Ejército, lo que vendría a constituirse a futuro en Escuelas de
Perfeccionamiento de cada una de ellas. Para complementar el perfeccionamiento
de los oficiales, se elaboran y publican todo un conjunto de reglamentos de empleo de cada una de las armas y
servicios.
A partir del año 2004 se inicia un proceso a través
del cual se fusionan la Academia de Guerra y la Escuela de Perfeccionamiento
del Ejército con la finalidad de integrar los niveles de perfeccionamiento y
posteriormente, los de administración.
El proceso de especialización
El 10 de mayo de 1971 se crea el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, como órgano de planificación, preparación y conducción
estratégica de las operaciones militares. Es el encargado de organizar y
mantener el Poder Militar en los procesos que garanticen la seguridad de la
nación. En 1974, se dio inicio a lo que se denominó primer curso de Comando y Estado Mayor
Conjunto, como una necesidad de especializar a los oficiales de las Fuerzas Armadas
en el conocimiento de la doctrina de planeamiento para la conducción
estratégica conjunta de las fuerzas. Un segundo curso se inició en 1976, fecha
desde la cual, por un lapso de nueve años, no se volvió a realizar curso
alguno, hasta reabrirlo en 1986 con una duración de apenas 12 semanas. Ante la
necesidad de consolidar los estudios que se realizaban en estos cursos, el 18
de diciembre de 1986, mediante acuerdo ministerial No 1590, se creó el
Instituto de Comando y Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la
misión de capacitar y especializar a los oficiales superiores de arma de las
Fuerzas Armadas en el empleo conjunto del Poder Militar, a fin de contribuir a
su organización, preparación, desarrollo y planificación de empleo, que garanticen
la defensa militar de la nación. El 2 de diciembre de 1993 cambia su
denominación por el de Instituto Nacional de Guerra, bajo la dependencia
directa del Comando Conjunto, con el propósito de transformarlo en un centro
educativo de alto nivel para el perfeccionamiento de oficiales generales y
superiores de las Fuerzas Armadas en la conducción del nivel político
estratégico y estratégico militar, en el marco de las operaciones conjuntas y
combinadas.
A partir de la creación de la Dirección de Educación del
Comando Conjunto, se dispone que las Escuelas Conjuntas de Telecomunicaciones
pasen a depender de la Dirección de Telecomunicaciones de este organismo; la
Escuela Conjunta de Inteligencia Militar y Escuela de Policía Militar a la
Fuerza Terrestre, la Artillería Conjunta a la Fuerza Aérea, quedando bajo la
Dirección de Educación, el Instituto Nacional de Defensa y la Unidad Escuela
Misiones de Paz “Ecuador”.[60]
El 16 de febrero del 2012 se inaugura en la
Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, el Centro de Estudios Estratégicos,
integrado por profesionales civiles y militares con capacitación de cuarto
nivel, a fin de elaborar una metodología de análisis institucional en la
temática de seguridad y defensa. Desde esta misma dirección se difundió a las
Fuerzas el “Modelo Educativo”, con importantes cambios en los niveles macro (educativo), meso
(pedagógico) y micro (didáctico) para los documentos de planificación y
evaluación.
La creación del sistema de docencia militar en el
Ejército, como parte de la planificación estratégica institucional, llena un vacío fundamental en la formación
del profesorado militar. El personal se capacita en pedagogía básica y media
con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza en todos los niveles. La
creación del Centro de Tecnología Ejecutiva ha facilitado la formación de oficiales y voluntarios en docencia.
El Instituto de Altos Estudios Nacionales es creado en
el gobierno militar del general Rodríguez Lara, en el año de 1972, con el fin
de preparar los cuadros dirigentes superiores, en base a un conocimiento
completo de la realidad nacional, en todos sus campos. Fue concebido como una
entidad académica de post grado, que no sustituía ni interfería a ninguna
universidad o instituto educativo superior militar o civil; al contrario, los
valoriza, porque en ambos casos, son profesionales civiles y militares que
luego de una carrera destacada de especialidad y de servicio a la comunidad,
son seleccionados para mejorar su nivel de conocimientos sobre el país y el
mundo. Nació bajo la dependencia del Consejo de Seguridad Nacional. A esa
época, era el único establecimiento educativo de alto nivel, que proporcionaba
una orientación básica sobre métodos de planificación, análisis sistemáticos de
problemas nacionales, evaluación del Poder Nacional. La falta de visión
política en los organismos del Estado, en cuanto a la formación de sus
funcionarios de alto nivel, determino que paulatinamente los candidatos a
alumnos, que eran presentados por las instancias civiles, no sean precisamente
aquellos que luego de culminar sus estudios vayan a dirigir y a tomar
decisiones trascendentes para el país. Lo anterior, de alguna manera, restó
prestigio al instituto. En la actualidad es manejado por el gobierno nacional,
con lineamientos similares a los de su fundación. Su rectoría está en manos de
profesionales extranjeros.
A
manera de conclusión
La política de desmantelar
las instituciones militares está en marcha desde hace años. En los ochenta la
impulsó el Proyecto Democracia, de Henry Kissinger y Oliver North, que se vale
de un falso interés por la democracia y los derechos humanos, como arma para
atacar a las instituciones nacionalistas de Iberoamérica, especialmente las
Fuerzas Armadas.[61]
En los noventa nace el proyecto titulado “Manual Bush”, obra editada en español
bajo el título de “El futuro de las relaciones cívico-militares en América
Latina”. La sede para su discusión y publicación fue la American University en
Washington y Pheito en Montevideo.
Los conflictos de orden
territorial, ideológicos o religiosos existirán siempre, pues estos como la paz
son constitutivos de la condición humana. Las Fuerzas Armadas son una realidad,
no por la existencia de los conflictos en el mundo, sino por la existencia de
los Estados. La disolución o reducción de las Fuerzas Armadas no es una
solución a los problemas de orden político respecto del mantenimiento de la
democracia; al contrario, la participación activa de la institución armada en
la solución de los problemas nacionales será el vínculo que consolide el orden
constituido.
Los temas de la defensa
nacional no son de responsabilidad exclusiva
de la institución militar, son de la sociedad en su conjunto, por ser un
bien público. Deben sustentarse en una relación civil-militar transparente y
solidaria, capaz de generar valores éticos y cívicos compartidos. Deben
integrar a la sociedad ecuatoriana de tal manera que, juntos puedan preservar
el ordenamiento jurídico, la soberanía, la paz, el bienestar ciudadano, el buen
vivir.
Si consideramos que los verdaderos
problemas de la región, en términos de seguridad y de democracia son la pobreza
y la desigualdad, debemos estar convencidos de que el uso de los medios
militares no es precisamente una buena solución.
Hay que redefinir el papel
de las FF.AA., pero no en la manera de plantearlo como un objetivo para someter
al poder militar bajo el control civil y nada más, el tema debe ser que rol
debe asignar la sociedad civil a las Fuerzas Armadas en cuanto a la búsqueda de
gobernabilidad. La decisión debe emanar de un consenso entre la sociedad civil
y la política, con participación plena de los uniformados.
Que es necesario redefinir
la misión de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí, considerando que los
países son cada vez menos autónomos, que el concepto de soberanía debe ser
revisado, puesto que su definición tradicional ya no es pertinente en una
sociedad absolutamente inter relacionada a través de la información inmediata
de los acontecimientos a través del internet y de los teléfonos celulares. En un
Estado en donde los límites aparecen como secundarios, el concepto de
estrategia debe ser revisado dentro del campo de la informática. Será necesario
estudiar y analizar lo concerniente a los términos de la ciber guerra, la ciber
información, olvidarnos de las ideologías frente a lo pragmático del mundo
actual. En estos cambios están involucradas de hecho las Fuerzas Armadas, y
quizá de una manera mucho más importante de lo que actualmente se supone que
pueda cambiar. Las Fuerzas Armadas deben ser una organización que ayude a las
autoridades a reflexionar con profundidad sobre cuál es el Estado que queremos
bajo estas nuevas circunstancias; para ello, se requiere de una organización
diferente que le permita a las Fuerzas Armadas opinar en los más altos círculos
del poder, sin tener que exponer la permanencia de sus mandos. La figura de
convidados de piedra o de garantes represivos no le queda bien a la institución
militar y tampoco le beneficia al país.
Las Fuerzas Armadas no
pueden estar al margen en la solución de los grandes problemas nacionales,
tanto en la defensa como en la seguridad, por ello llama la atención el deseo
de marginarlas de estos proyectos e incluso de aquellos que tiene que ver con
su propia organización. Es lamentable que se busque apartarle de una
construcción democrática en el proyecto nacional de una “revolución ciudadana”
que busca hacer realidad los conceptos del buen vivir, de la sustentabilidad
ambiental, de la justicia social.
Las Fuerzas Armadas
ecuatorianas a lo largo de su historia, que es la historia de la Patria, han
sido una institución que se ha dedicado por entero a la formación y
perfeccionamiento de su miembros, con las particularidades que cada época han
determinado, en su afán de salvaguardad la integridad y la soberanía de la
nación; y, cuando han tenido que intervenir en los avatares de la política
nacional, lo ha hecho en términos institucionales, buscando siempre mejorar las
funciones del Estado, en beneficio de los ciudadanos y de la comunidad,
respetando los derechos humanos de todos y cada uno de ellos. Al ser consultada
la opinión de los ecuatorianos sobre sus Fuerzas Armadas, la respuesta ha sido
absolutamente contundente al haberla calificado como la institución más
confiable del país. Llama la atención que situaciones absolutamente coyunturales sirvan de pretexto
para acusarlas de haber cometido crímenes de “lesa humanidad”.
Artículo
publicado en el Boletín No 7 de la Academia de Historia Militar del Ecuador.
Noviembre 2014
[1]
Wikipedia
[2]
Espinosa, María Fernanda. Entrevista con la prensa. 21 marzo 2013
[3]
Marinovic, M. El soldado profesional versus el soldado ocupacional.
[4]
Huntington, Samuel.
[5]
Janowitz, Morriz. El soldado profesional
[6] Ridgway, Matthew. My Batttles in
war and Peace.
[7] Janowitz, Morriz. 1971
[8] Niblack, capitán. The letters of a
retired Rear Admiral to his son in the Navy. El Soldado profesional. En
el original dice profesión naval; me he permitido cambiar a militar por el tema
del artículo
[9]
La Misión Militar llega al país entre enero y mayo de 1922, conformada por 18
oficiales al mando del general Alejandro Pirzio Biroli. Para mayor información,
referirse a “La Misión Militar Italiana”, Boletín No 4 de la Academia de
Historia Militar. 2012. General Patricio Lloret Orellana
[10]
Decreto Ejecutivo de 16 de junio de 1922
[11]
Acuerdo ministerial de 28 de febrero de 1950
[12]
Decreto Ejecutivo de 8 de diciembre 1977
[13]
26 de noviembre de 2013
[14]
Para mayor información referirse a “100 años de la Ingeniería Militar en el
Ecuador”. General Patricio Lloret Orellana. 2005
[15]
Diario El Comercio de 22 de julio de 1926. Los caminos y el Ejército.
[16]
Gándara Enríquez, Marcos. El Ecuador del año 1941 y el Protocolo de Río
[17]
Decreto Supremo de 7 de diciembre de 1977
[18]
Su transformación se da el 21 de julio de 2000, con Resolución 3701 de la
Superintendencia de Compañías de fecha 22 de diciembre de 2000.
[19]
Molina Johnson. La Constitución Política, la obediencia y la no deliberancia
militar. Memorial del Ejército de Chile. 1990
[20]
Silva Bascuñan, Alejandro. Reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas.
[21]
Benavente, Andrés. FF.AA. Poder político, una relación en función de la
estabilidad institucional. 1992
[22]
Ley de Seguridad Pública y del Estado
[23]
Plan Nacional de Seguridad Integral.
[24]
El tema es tratado por el Gral. Patricio Lloret en su artículo “El Pacto de
Caballeros” publicado en el libro “La Victoria del Cenepa”. IGM. 2011
[25]
Magendzo, Igal. La Constitución y las Fuerzas Armadas.- Corporación Tiempo
2000. Santiago de Chile.1995
[26]
El desarrollo institucional de las FF.AA. ecuatorianas. Fernando Bustamante.
1988
[27]
Schlessinger, Arthur, ex Subsecretario de Defensa de los EE.UU.
[28]
Proyecto de Ley Orgánica Militar. Cap. VII. Administración y mano del Ejército.
[29]
Tocqueville. 1840
[30]
Rafael Correa Delgado. Presidente de la República. Discurso de orden en el
cambio de Jefe del Comando Conjunto. Revista de las Fuerzas Armadas 148, junio
de 2012.
[31]
Karl Philipp
Gottlieb von Clausewitz (Burg, ducado
de Magdeburgo, 1 de julio de 1780 - Breslau, Silesia, 16 de noviembre de1831) fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Es conocido principalmente por su tratado De la guerra, en el que aborda a
lo largo de ocho volúmenes un análisis sobre los conflictos armados, desde su
planteamiento y motivaciones hasta su ejecución, abarcando comentarios sobre táctica, estrategia e incluso filosofía. Sus obras
influyeron de forma decisiva en el desarrollo de la ciencia militar occidental,
y se enseñan hoy día tanto en la mayoría de las academias militares del mundo como en cursos avanzados de gestión
empresarial y marketing.
[32]
Antoine-Henri
Jomini (6 de marzo de 1779 - 22 de marzo de 1869) fue un general nacido en Payerne, en el cantón de Vaud (Suiza), donde su padre era síndico. Sirvió en el
ejército francés, así como en el ejército imperial ruso. Alcanzó la fama como escritor y tratadista de estrategia
militar, analizando el arte de la guerra de la etapa napoleónica y elaborando numerosos postulados teóricos.
[33]
Sobre este proceso consultar Allan Millet y Peter Maslowski. Historia Militar
de los Estados Unidos. Editorial San Martín. Madrid. 1984
[34]
Primer Registro Auténtico Nacional. 1837.
[35]
Cordero Romero, Remigio. El ejército en cien años de vida republicana. Centro
de Estudios Históricos del Ejército. Volumen 1. 1991
[36]
Ibídem
[37]
Andrade, Hernán. Tapia, Amílcar
Documentos para la historia de la Escuela Militar. Biblioteca del
Ejército ecuatoriano. Volumen 2. Año 1991
[38]
Sobre este proceso consultar “La
Educación del Ejército en la Revolución liberal”. Gral. Patricio Lloret O.
Boletín No 3 de la Academia de Historia Militar. Quito.
[39]
Proyecto de Ley Orgánica Militar. 1902
[40]
Decreto 23 de 9 de enero de 1952
[41]
R.O. 78 de 13 de octubre de 1970
[42] Andrade, David y otros. Historia de
la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.- 2012
[43] R.O. 1047 de 5
febrero 1900
[45] Ibídem. Pág. 48
[46] Ibídem. Pág.49
[47]Proyecto de Ley Orgánica Militar. Pag 81.
[48]
Gral. Patricio Lloret O. La Educación del Ejército en la Revolución liberal.
Boletín No 3 de la Academia de Historia Militar.
[49] R.O.636 de 20 de
octubre de 1914
[50] R.O. 6 de 7 de septiembre de 1916
[51] Proyecto de ley
orgánica. 1902
[52] Ibídem
[54] Ibídem.
[55] Ibídem. Pag. 42
[56] 10 de enero de 1906
[57] R.O. 20 de abril de
1912
[58] R.O. 668 de 22 diciembre 1922
[59] Sobre este tema consúltese “La Misión
Militar italiana” Gral. Patricio Lloret O. Boletín No 4 de la Academia de
Historia Militar. Año 2012
[60]
Grab. Edison Narváez. El Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas. Revista
Fuerzas Armadas del Ecuador. Junio 2012
[61] Small, Gretchen y Dennis. Cita tomada
del libro Redefinición de la Misión de las Fuerzas Armadas, del general Oswaldo
Jarrín.
